Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCION
El mayor enemigo del Gobierno es el Gobierno mismo:
sus acciones están provocando un aislamiento internacional que, junto a sus
efectos internos, entorpece la actividad económica y la vida cotidiana. La creadora
de esta situación no es la oposición: son las acciones del Gobierno que pretenden
la anulación de la oposición política y, buscan un giro geopolítico, para
lograr el apoyo, de países no democráticos y totalitarios.
El estado de sitio - suspensión de las garantías constitucionales-,
ha sido decretado en exceso de lo permitido por la Constitución y, modificando
los conceptos penales modernos. Las pandillas deben ser combatidas, porque son una
excepcionalidad y dañinas para la sociedad, pero la tolerancia del presente
Gobierno y, el trato que les ha dado (pactando con “ellos”, según se evidencia
en diferentes publicaciones) les ha permitido poseer un control territorial,
con grave daño a la institucionalidad nacional, que se ve agravado por el
rompimiento Constitucional, y por el régimen de excepción ahora vigente.
Hacer responsable de acciones delincuenciales
individuales, a una colectividad, implica un retroceso en el Derecho Penal y,
marca un quiebre en nuestras relaciones internacionales, pues en cuanto el
presente Gobierno, da medidas contrarias al sistema democrático, se aleja más
de la comunidad internacional, que se guía por criterios políticos modernos que
anteponen al ser humano, ante los intereses del Estado. Este alejamiento,
erosiona poco a poco las relaciones internacionales, que se reflejan en el ámbito
nacional al perder la confianza en la estabilidad del país y, en su sistema
regido por un Estado de Derecho. Es en este punto, que las acciones del
Gobierno, se convierten en su peor enemigo.
La implementación del Bitcoin, ha tenido como
consecuencia, la mala calificación crediticia y el aumento de las tasas de interés
para el usuario. El sobreendeudamiento del Gobierno, ha recaído sobre los
fondos de los cuenta- ahorrantes, poniendo en peligro la liquidez del sistema financiero
y, por el ocultamiento de los gastos públicos, es imposible analizar
convenientemente, las finanzas del Estado, creando dudas sobre su capacidad de
pago e impidiendo la reestructuración de la deuda externa.
La imposibilidad de colocar los “Bonos Volcán”, se
debe a todas estas acciones del Gobierno y a tratar de que una empresa estatal,
los garantice, en una figura jurídica-económica, imposible de garantizar la
inversión.
En la misma medida de que al Gobierno se le cierran las
puertas, debe responsabilizar a otros como culpables, para crear una apariencia
de continua “lucha por los intereses populares”, sin percatarse, de que la
inestabilidad y debilidad que él resiente, se debe a sus mismas acciones.
Las reformas penales, recientemente aprobadas, permitirán
señalar de terrorismo, a quienes salgan a la calle a protestar o se manifiesten,
ante una sede diplomática. También permitirán en su momento, perseguir a
miembros de partidos opositores o, cancelar dichos partidos u organizaciones
gremiales, si atendemos a lo dicho por diputados oficialistas y ministros del
presente Gobierno.
La persecución, primero genera miedo, luego cohesión, entre
los perseguidos y, por último, descontento generalizado. Esta situación, al
impedir la estabilidad nacional, frena el desarrollo económico, del cual se nutren
las finanzas del Estado. Los gastos, cada vez mayores en seguridad, restarán fondos
a hospitales y maestros. También obligaran a tomar dinero, propiedad de los
usuarios del sistema de pensiones, lo que generara mayor descontento.
Como alternativa, el Gobierno procura estrechar
relaciones con China y Rusia, esperando que sean su tabla de salvación, sin
considerar la realidad del juego geopolítico mundial y, sin importarle nuestra
población migrante. Por todas estas razones, el peor enemigo del Gobierno, es
él mismo.
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