NOS VEN ASÍ DESDE EL EXTERIOR

 

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION

 

SWI swissinfo.ch (Chile) en su edición del 1 de abril de 2022 publica: HRW (Human Rights Watch) señala que el presidente Bukele "intimida" a jueces de El Salvador; en igual sentido, se expresan El Sol (México), El País (España), la BBC (Inglaterra), la DW (Alemania) y muchas otras publicaciones internacionales de prestigio. Todas, analizando los últimos acontecimientos de El Salvador, con respecto a las pandillas y, la deformación que está sufriendo el sistema político y judicial de El Salvador. Todo obliga a serias reflexiones.

 

Suele responsabilizarse a Nayib Bukele, por el autoritarismo desarrollado en El Salvador, pero si la institucionalidad se hubiese mantenido, tal autoritarismo, no se habría consolidado. Una orden manada del Ejecutivo, excediendo a sus funciones, no habría tenido repercusión alguna, dentro de un sistema fuerte y democrático: si el sistema se quiebra, se vuelve contra aquellos que cumplen su función Constitucional; en este caso, los jueces que se han negado a excederse en sus funciones y por ello, han sido castigados, imponiendo así, un sistema, favorecedor del autoritarismo y la corrupción.

 

Los pandilleros requeridos por Estados Unidos, ya deberían a esta fecha, haber sido extraditados, pero el autoritarismo y la corrupción, les ha dado libertad. Esto no hubiese sido posible, sin la complicidad de muchos funcionarios: han preferido su comodidad y servilismo, al cumplimiento de las obligaciones constitucionales, inherentes a su cargo.

 

La lealtad jurada por la Fuerza Armada, a la autoridad personal de Bukele, ha permitido que, en un momento, esta ignorase la autoridad Judicial y que se hayan cometido desacatos a la ley, durante la pandemia y hasta en el presente. Iguales responsabilidades asumen el Fiscal General de la República y sus auxiliares, si cumplen órdenes, contrarias a Derecho.

 

Analizando esta situación, a la luz del Derecho Internacional y de los Derechos Humanos: la obediencia y ejecución de actos arbitrarios, contrarios a Derecho y, de los principios universales que le rigen, no son exculpatorios de responsabilidad. Ya lo hemos visto en los juicios de Núremberg, Tokio y Bosnia.

 

Los señalamientos internacionales, por las acciones del presente Gobierno, van más allá de la responsabilidad de una persona y recaen sobre todo el aparato, creado por él, o que lo sostiene. Cuando se analiza la tendencia existente, sobre la corrupción y violación de los Derechos Humanos, aparece la “Ley Global Magnitsky sobre Responsabilidad de Derechos Humanos” que es una norma que permite al Gobierno de Estados Unidos, imponer sanciones a los violadores de Derechos Humanos y corrupción, pero cuyo alcance se ve aumentado por la aceptación, cada vez mayor, de dichos principios, por ser una protección para la preservación del Estado de Derecho.

 

El combate a las pandillas, en la forma en que lo ha estado haciendo el Gobierno, no extingue dicho mal social, pero sí, al ser utilizado de manera populista, genera un mayor aislamiento del país y por ello, sea amenaza para el sistema económico.

 

Los aliados del presente Gobierno, deben considerar que estas acciones, pueden afectar la economía nacional y, si en un futuro cercano, las facultades confiscatorias y las diferentes interpretaciones al régimen económico, serán favorable a los intereses del Gobierno, afectarán la propiedad privada y a aquellos que utilizan el sistema judicial, para dirimir sus conflictos. También serán afectados aquellos que utilizan la calle, para exigir sus demandas sociales.

 

Por ello es necesario, volver al sistema en el cual el Gobierno es garante de la propiedad privada, de la libertad que goza el individuo, y se puedan dirimir los conflictos, en un sistema judicial imparcial, basado en las leyes, sin sufrir influencias externas o autoritarias.