DISTRACTORES Y CAMBIOS

 

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

 

Además del reordenamiento territorial, el Gobierno planea, un cambio constitucional, modificando los artículos pétreos: aquellos que establecen la forma del Estado, extensión territorial y sucesión en el Gobierno y, su parte dogmática, que establece los derechos del individuo, inclusive los derechos de propiedad privada, libertad religiosa y garantías procesales. Una modificación constitucional que excedería por mucho, las modificaciones anteriores a los Acuerdos de Paz de 1992 y, los cambios que se introdujeron con la Constitución de 1983, con respecto a las Constituciones posteriores a 1950.

 

Las únicas organizaciones que poseen las estructuras, con capacidad de oponerse, son los dos partidos políticos opositores mayoritarios (ARENA y el FMLN), los cuales pudieron completar sus planillas electorales, en todo el territorio nacional, lo que prueba su presencia nacional. Como sociedad civil, sólo podrían oponerse, aquellas que son agrupaciones políticas, sin personería jurídica, pues todas las que están legalmente establecidas: ASI, Cámara de Comercio, ANEP, FUSADES, sindicatos etc., ya han sido silenciadas por la infiltración  y espionaje, para ejercer presión directa a sus miembros, mediante amenazas a sus empresas o a ellos mismos, en el caso que hayan sido funcionarios públicos, en Gobiernos anteriores.

 

Para desestabilizar a los dos partidos mayoritarios, se ha tratado de poner en duda el liderazgo de sus cúpulas, acusándolos de corruptos y, creando división interna, haciendo ofrecimientos de privilegios, a quienes colaboren en dichas acciones.

 

Los juicios por enriquecimiento ilícito, buscan dañar la imagen de los líderes históricos del FMLN y los procesos por sobresueldo, a exfuncionarios de ARENA, buscan la disgregación de todos ellos, sobre todo si se “recomienda un distanciamiento de todo aquel que sea señalado por el oficialismo, pues es quien tiene el 83% de aprobación, según encuestas”, así ARENA se ha distanciado de Norman Quijano, Alfredo Cristiani y otras personas que fueron relevantes, para el partido.

 

Para sembrar dudas sobre la sociedad civil, sin personería jurídica, Joel Sánchez, ha afirmado que todas estas organizaciones le habían solicitado dinero para hacer su campaña y, que su candidatura, fue el resultado de una negociación económica con ARENA. En tal sentido, al no tener el financiamiento proveniente de la deuda política y, tener que enfrentar el gasto que implica la movilización de la defensa del voto: en una reunión con todos los candidatos, Sánchez, afirmó que tenía la capacidad para gestionar dichos fondos, resultando que el financiamiento del transporte y alimentación, de la elección presidencial, fue pagada con fondos de los candidatos, por lo que hubo una muy deficiente atención a los vigilantes de ARENA.

 

La participación de la sociedad civil, en la campaña, no fue organizada, sino a título personal de cada miembro, apoyando a sus candidatos, en el ejercicio de su derecho constitucional, razón por la que ninguna organización pudo haber solicitado dinero para un apoyo organizado. La mención que hace de Resistencia, es porque dicha organización no puede demandarlo por calumnia, ya que no existe en el plano jurídico y en su seno se agrupan muchas organizaciones de la sociedad civil, que ven con preocupación, los cambios que pretende impulsar el Gobierno y, de esa manera, pretende crear un desprestigio sobre su dirigencia.

 

Tendrá que desarrollarse una oposición coordinada, pues por ahora, el Gobierno ha procurado, mediante ataques individuales, desarticular a quienes son disidentes, pero si no hay unión, a aquellos proveedores del Estado que se les debe $ 1000,000,000.00, lo perderán, a aquellos que están siendo perseguidos, irán a la cárcel y los $ 9,000,000,000.00, no serán pagados a las AFP y los bonos librados a los bancos, a corto plazo,  por la liquidez al disminuir del encaje legal, tampoco serán pagados.