Por
Lic. Fernán Camilo
Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCION
Bajo el título “Alrededores
de la Casa Quiñones recuperados”, un noticiero oficialista, explica el proceso
de “recuperación” de 200 cuadras del Centro Histórico de San Salvador, mediante
el desalojo de las ventas informales. Dicho programa explica, lo nocivo que es para
la vista, el sector informal, lo que fueran las casas de las familias Quiñones,
Samayoa, Sol y otras familias pudientes, de inicio del siglo XX.
Dicho programa, permite
reflexionar sobre los objetivos del actual Gobierno, sus efectos y los
distractores que está empleando, para lograr sus objetivos.
El reordenamiento de San
Salvador, según rumores de habitantes y desalojados de la zona, es la
continuación del proyecto de la nueva Biblioteca Nacional, donada por China
continental, para elevar el valor económico de la zona, en beneficio de
inversionistas, posiblemente extranjeros. Un cambio en la plusvalía de la zona,
implica un cambio en su actividad económica, por ello, el cierre de negocios y
el desalojo, de ventas informales.
El mismo programa, señala
que la invasión de ventas informales, se consolidó hace cinco años. Lo que no
se menciona, es que el aumento del sector informal, es resultado de la pérdida
de empleos formales y la compraventa de objetos usados o reconstruidos, es
porque se carece de la capacidad de adquirir uno nuevo.
Si la actividad formal, fuese
estimulada, la informalidad disminuiría, por un mayor poder adquisitivo de la
población. Entonces, las ventas informales serian mínimas. Un comentario en
dicho programa, explica el espíritu de la expulsión del centro capitalino; “San Salvador estaba opacada por esas
ventas informales...Y hoy estamos descubriendo las bellezas que se ocultaban
dentro de ese mar de ventas”. Esta expresión degrada la necesidad actual,
frente a la opulencia pasada. El Gobierno debe “recuperar” las calles de la
pobreza presente, siendo causante de la misma, al no permitir la libre
iniciativa.
Como la actividad informal de 200 calles se ha reubicado, en la periferia
de San Salvador, ahora se anuncia la “intervención” y “recuperación” en los
municipios de Ayutuxtepeque, Ciudad Delgado y Mexicanos, todos aledaños a San
Salvador. Esta forma de “barrer” la pobreza, expresada en el sector informal,
es un ocultamiento, que genera desesperación, entre la población vulnerable y que
busca subsistir, por sus propios medios.
Para lograr tales objetivos, es necesario crear diferentes distractores
sociales, uno de ellos, es la persecución, a quienes cobraron sobresueldos en
los años 90´s y en la primera década del siglo XXI: proceso iniciado el 2018 y,
utilizado mediáticamente, en el momento de realizar acciones impopulares.
Inicialmente, fueron señalados 59 personas y sus declaraciones, intencionalmente pasadas a los medios, según su
interés político, luego llegaron a hacer 70 los señalados y ahora, no se sabe
cuantos serán los acusados por la Fiscalía, en un proceso político-común, muy suigéneris,
pues avanzará, según la conveniencia del Gobierno.
Es de notar, que los primeros interrogatorios realizados en la Asamblea
Legislativa y transmitidos a la población, fue para poner al acusado en una posición
de autoincriminación, según técnicas inaplicables, en un interrogatorio
forense, pero sí, por el policial o el militar.
Es de esperar más de estos interrogatorios públicos o, de otros
señalamientos. de políticos opositores, como se ha hecho con Norman Quijano,
Alfredo Cristiani, Rubén Zamora o llamar a comparecencia judicial a Gloria
Salguero Gross, quien ya falleció, hace muchos años, siendo su deceso, de
conocimiento nacional.
El Gobierno pretende una sociedad sin Derechos, con los niveles más
bajos de civismo, y para lograrlo, es necesario crear distractores y, degradar
con ello la educación, para la incomprensión de las bondades de un sistema
democrático, que admita la libre iniciativa y, el desarrollo sostenible.
No hay comentarios:
Publicar un comentario