DE ESTADO DE DERECHO A ESTADO DE AUTORIDAD

 

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

 

Actualmente vive El Salvador, un proceso de revolución, realizando, la transición de un Estado de Derecho, a otro de Autoridad, aunque en el proyecto de la nueva Constitución, se habla de la transición hacia un Estado de Bienestar, sin embargo, el “bienestar”, que pretende el Estado, depende de su transformación, la cual no es consentida ni aceptada, por la población, sino impuesta y supuesta, por la ausencia de protestas o, mediante la falta de activación de los mecanismos democráticos. Esta “aprobación social de cambio”, proviene de la misma voluntad del Gobierno, obtenida mediante la intimidación y la desinformación, lo cual crea un Estado autoritario, sin vínculo con su sociedad.

 

Este proceso, tiene varios síntomas, la no participación en los procesos soberanos: elección o independencia de las autoridades, en su ejercicio público constitucional. Un ejemplo, es la elección de Magistrados en la cual, sólo los Abogados, y la Asamblea Legislativa, pueden intervenir. De 50,000 abogados autorizados, se espera la participación de entre 4,000 a 5,000, como máximo, pues los propuestos son quienes tienen alguna relación con la misma estructura del Gobierno, por lo que luego de las elecciones recién pasadas, se presupone que sólo los candidatos oficialistas ganarán y éstos, apoyarán todo este proceso de transformación social, que va de un Estado de Derecho a otro, de Autoridad absoluta.

 

Se basa el Estado de Derecho, en la supremacía de la “Ley”, garantizando plena libertad, para que cada quien alcance, según sus posibilidades y deseos, una condición de “satisfacción”, protegido, por la subsidiariedad del Estado. En el Estado de Bienestar, es el Estado, el que garantiza la “satisfacción individual”, basada ésta, en la satisfacción de las necesidades sociales, pero siempre, considerando que la autoridad originaria, reside en la voluntad del individuo, que es el soberano. En el Estado de Autoridad, el Gobierno, decide y se legitima a sí mismo, mediante la manipulación, desde el Gobierno, de los mecanismos democráticos.

 

En el sistema de Autoridad que se está creando, la voluntad proviene del mismo Gobierno, manipulada por las redes sociales, en primera instancia, luego es potenciada por otros medios de comunicación oficialistas y concretada en los procesos políticos, pero ahogando cualquier voz discordante.

 

Una forma de intimidación, es tener la mayor cárcel del mundo, con capacidad de 100,000 detenidos y para 50,000 reos más, en otras prisiones. La posibilidad de ser encarcelado sin orden judicial, la da el Régimen de Excepción, que ya está en su vigésima octava prórroga, cuando sólo sería permitida una prórroga, pero al dominar el Estado, los mecanismos de contraloría, se vuelve  juez y parte em todo proceso. Ya se han dado 300 decesos de reos, no investigados.

 

Las nuevas reformas aplicables a Notarios y Abogados, les obliga a reportar toda actividad económica de sus clientes, a la fiscalía general de la República y, al estar obligados a enviar todo documento privado autenticado, a un servidor de la Corte Suprema de Justicia, dichos documentos, que son de naturaleza privada, pasan a ser públicos, y a disposición del Estado.

 

Estas reformas invierten el concepto de presunción de inocencia, convirtiendo como “sospechosa”, hasta no probar lo contrario, toda actividad. La propuesta de cambiar la legislación bancaria, para convertir al sistema en una “banca de inversión”, es para que el Estado, pueda dirigir la inversión privada, por medio de la banca comercial y, tomar fondos de ésta, para la “inversión pública”. Imponiendo las reglas, a favor del Estado, para el control social, identificándose el interés del Gobierno, con el del Estado.

 

La fusión de las distintas entidades destinadas a garantizar las pensiones, permitiría el control de los fondos por el Estado y, la dependencia del pensionado, a lo reglamentado por el Estado, sin garantía de sus derechos adquiridos, pues todo derecho, depende de la garantía que le da el Estado, por la vigencia de la Ley, pero esto desaparece, cuando el Estado, es quien crea la Ley, a su voluntad, y es quien va a decidir dicha controversia, creándose un Estado autoritario.