Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓNACCION
La actual lucha política en Venezuela, ha dejado de ser un asunto
de autodeterminación de su pueblo: las acciones políticas de su Gobierno, han
interferido con las políticas de otros Estados, actuando como un Estado
“canalla”. Lo que ha obligado a crear sanciones sobre dicho Estado, y para
evitarlas, ha celebrado compromisos internacionales, que aseguran elecciones
libres, o sea, garantizan el libre ejercicio de la determinación de ese pueblo.
Al romperse dichos acuerdos, el Gobierno venezolano, busca su sostén en la
lucha geopolítica que se libra hoy y, en la capacidad de su Ejercito y los
grupos paramilitares que posee.
El Pacto de Barbados de 2023, y los Acuerdos de Qatar, en los
que participaron la oposición venezolana, el Gobierno de Maduro y
representantes diplomáticos de Noruega, Barbados, Rusia, Países Bajos,
Colombia, México y Estados Unidos, en un proceso de diálogo, de dos años,
acordaron aliviar las sanciones contra Venezuela, y a cambio, Venezuela garantiza
el derecho a la libre participación electoral y, respetar a todo ciudadano, que
cumpliese con los requisitos internos, para ser inscrito como candidato.
Las acciones del Gobierno venezolano, al beneficiar a
grupos criminales de trascendencia internacional, ha afectado la Seguridad
Interna de otros Estados y la crisis social, ha generado la mayor crisis
humanitaria de toda Latinoamérica, la cual, al desbordarse, ha afectado a todos
los países latinoamericanos. De allí, viene el interés internacional colectivo,
de un retorno al Estado de Derecho.
Parte de los acuerdos, fue la liberación de Alex Saab,
colombiano y amigo personal de Nicolas Maduro, quien fue capturado por lavado
de activos y terrorismo, relacionado con el tráfico de drogas de los carteles
oficialistas venezolanos. Su liberación, fue a cambio de la liberación de diez
ciudadanos norteamericanos, detenidos por el régimen venezolano. Al momento de
la captura de Saab, se le relacionó con un lavado de activos, que abarcaba
Colombia, Venezuela, México, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Al negarse el
Gobierno venezolano, a reconocer el resultado electoral, rompe el pacto y
recurre a intereses geopolíticos para apoyarse.
El Gobierno chavista, ha permitido que intereses rusos, chinos
e iranies, se proyecten desde su suelo. Alba Petróleos, fue el intento
venezolano de expandir su área de influencia a pequeños países latinoamericanos
y así, mantener su respaldo internacional. El Salvador, ha sido uno de esos
países.
Por esta razón El Salvador, se ha mostrado dividido en su
apoyo a Venezuela: ARENA, como partido conservador y de oposición, ha
encontrado similitud con la oposición venezolana, pues sus principios
establecen el respeto al Estado de Derecho, a los principios republicanos y el
rechazo al autoritarismo. El FMLN, ha expresado su solidaridad con Nicolás
Maduro; su apoyo se deriva de la comunidad ideológica y lazos operativos
forjados dentro del Foro de Sao pablo, y en la visión comunista, para
Latinoamérica.
El Gobierno de Bukele, el 2019, expreso su felicitación a
Maduro, declarando la comunidad de ideas comunistas, pero al fraccionarse los
intereses del FMLN en las empresas Alba en El Salvador, hubo alejamiento, pues
de esa manera, se desconocía de facto, la deuda soberana y responsabilidad de $
1,250 millones con Alba Petróleos. Esa posición se mantiene hasta ahora, pero
sin manifestar ningún apoyo a la oposición venezolana.
El régimen de maduro no reconoce la voluntad del pueblo y
ejerce la fuerza contra el mismo. El Salvador sufre el autoritarismo, que
lentamente destruye las instituciones democráticas, ahora, la negativa a
nombrar a los Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, es para preparar una
nueva institución electoral, muy similar a la instaurada por el chavismo en
Venezuela y justificar la suspensión de elecciones o, la participación de la
oposición.
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