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sábado, 11 de noviembre de 2017

LA POLÍTICA EXTERIOR SALVADOREÑA Y EL TPS

LA POLÍTICA EXTERIOR SALVADOREÑA Y EL TPS


Para poder entender la causa de la pérdida de los  TPS para el área centroamericana, débense apreciar las políticas exteriores  y las condiciones internas de cada país, pues  la decisión de los Estados Unidos, sólo es reflejo de nuestras políticas internas, en relación con los efectos e intereses de dicho país.

Pueden definirse los Gobiernos Centroamericanos  como “premodernos”- según la clasificación que nos presenta el diplomático británico Robert Cooper  en su obra “El imperialismo liberal”-. Estos Gobiernos son los que, incapaces de tener control sobre grupos o facciones son o están, por convertirse en escenarios de luchas internas que escapan a su control y, por lo que para sus ciudadanos, ya no es  opción de vida  el residir en sus países.

El  polo de Centroamérica es el Triángulo Norte: allí se concentra la mayor inestabilidad de la región y  es el origen de la emigración hacia los Estados Unidos. Guatemala,  Honduras y El Salvador, tienen zonas controladas por el narcotráfico y las maras,  lo cual obliga a sus habitantes a emigrar,  creando canales de posible infiltración terrorista,  creando una carga social y política al país que les acoge.

Los Gobiernos de la región,  no tienen la intención ni la capacidad de controlar y evitar sus problemas internos; indirectamente los trasladan hacia otros Estados, por conducto de la emigración, y si se le agrega una política exterior hostil hacia los Estados Unidos, es natural pensar en una “política de contención regional”,  siendo sus primeros signos,  la cancelación del TPS y restricciones a la ayuda económica.

La inestabilidad de Centroamérica induce a la cancelación del TPS. Nicaragua,  como el país más estable de la región, parece que está a punto de entrar en una espiral de tensión interna, debido a la falta de espacio político y la apatía creciente del votante. Guatemala ya dio los primeros signos de inestabilidad futura,  que denota su corrupción, apatía y la influencia de la izquierda radical.

El Gobierno salvadoreño,  no busca  la estabilidad interna: alienta la emigración al pactar secretamente con las pandillas. Profundiza la crisis económica, restringiendo la libre iniciativa privada y aumentando impuestos. Como efecto indirecto de sus políticas internas, crece la emigración hacia los Estados Unidos. Mientras que la Cancillería salvadoreña entretanto, se convierte en el eje diplomático de la estructura geopolítica del ALBA contra Estados Unidos  y ridículamente, le solicita un trato solidario para con sus emigrantes.

La infiltración del narcotráfico, en la economía salvadoreña, son tan notorios para los sistemas bancarios internacionales,  que se han endurecido los parámetros que se exigen a El Salvador, en tal sentido, como país dolarizado, hasta considerar de hecho, que todo dólar que entra al sistema financiero es  posiblemente, de lavado de dinero, sobre todo si los mismos funcionarios tienen relación directa con el narcoterrorismo. 

La apatía del votante y una amenaza de fraude electoral superior  al anterior, son una amenaza de inestabilidad en Nicaragua y El Salvador,  que se traduce en una mayor amenaza para los Estados que recogen, de manera permanente o transitoria, nuestra emigración. Los países a los que Centroamérica puede hoy afectar, han procurado combatir la corrupción interna de esta región, sin lograr avances, pues su existencia se basa en la misma corrupción nacional y los funcionarios están comprados por el narcotráfico.


El sólo señalamiento de la corrupción de los presidentes centroamericanos es un indicador de la falta de transparencia y la inaplicabilidad de los principios de Buen Gobierno,  que caracteriza a Gobiernos estables e institucionalmente sólidos. Los Gobiernos centroamericanos son proclives a mayores crisis internas, al priorizar sus intereses ideológicos históricos y corrupción, sobre los intereses nacionales.

lunes, 6 de noviembre de 2017

LA COMUNICACIÓN EN EL CASO CATALUÑA



Con el Referéndum de Cataluña, el 1° de octubre, se culminaron  treinta y nueve años de propaganda, exaltando el separatismo catalán fomentado desde la autonomía catalana; permitida y favorecida por la necesidad de gobernabilidad, según las necesidades electorales de PSOE y el PP.

La autonomía catalana creó una cultura independentista, inexistente en la historia de Cataluña, la cual  al ser difundida por los medios de comunicación autonómicos y el sistema educativo catalán, inculcaron una conciencia regional – nacionalista, en la presente generación,  en substitución de la conciencia nacional española tradicional, fomentada luego de la guerra civil.  En este sentido, la nueva conciencia tiene como germen el rechazo a la unidad franquista,  moviendo  hacia el lado opuesto, el espectro de opinión política.

La secesión de Cataluña inspirada por el separatismo,  no ha resistido la realidad política española: la unidad hispánica;  basada en su diversidad histórica interna y, las necesidades de cohesión dentro de la geopolítica de Europa, con una estructura institucional fuerte y democrática.   La pretensión de internacionalización del conflicto catalán, en perjuicio de los intereses Españoles,  muestra la incomprensión de la realidad Europea presente,  como resultado de la alienación separatista.

Ahora, la comunicación separatista está siendo  enfocada en la victimización de los líderes catalanes  encarcelados luego del restablecimiento del Estado de Derecho en Cataluña, y que pretenden correr ahora, en las nuevas elecciones autonómicas. La aplicación del Derecho se está apreciando como el uso arbitrario de la fuerza, y no como el fiel cumplimiento de los preceptos legales.

Para evitar la propaganda  negativa en tal sentido, algunos piensan que la gobernabilidad exige tolerancia, y no descargar responsabilidades penales sobre los funcionarios separatistas, sin embargo, de hacerse  así y, no aplicar el marco legal, éste se volvería discrecional y la discrecionalidad fuera del marco legal, traería la ilegitimidad al restablecimiento del orden.
Sin embargo, la sola aplicación de la ley, hoy  ya no es políticamente suficiente, pues en el esquema de lucha política presente,  toda acción política legítima,   tiene que ser   justificada pública y permanentemente,   por el tiempo en que persista  la idea de legitimidad del acto ilegal, pues de lo contrario, el rompimiento del Derecho será tomado en el futuro, como un acto legítimo por el sólo efecto de la comunicación  sobre las nuevas generaciones. Algunos de estos efectos ya los estamos apreciando en el caso Cataluña.

Como ejemplo de este efecto, se puede citar el caso de Carlos Marighella, que desde 1934 hasta 1969, por medio de la subversión, busco la instauración del comunismo en Brasil, y conforme a su  “Manual del Guerrillero Urbano”, instauró el secuestro y asesinato como método de lucha. Luego de su muerte, los intelectuales franceses iniciaron un movimiento comunicacional en su favor,  hasta que se logró que en 1996,  por Sentencia, se reconociera que su muerte fue una ejecución extrajudicial al momento de su captura. Y con posterioridad,  el Estado brasileño tuvo que pagar pensión vitalicia a su viuda.

Los militares salvadoreños que cumplieron su misión constitucional y mantuvieron la integridad territorial,  hoy son juzgados en Estados Unidos, España y El Salvador,  todo debido a que  sus acciones legítimas y constitucionales,  hoy son valoradas como ilegales. Se consideró que el fiel cumplimiento de la ley era suficiente  para justificar sus acciones, y se juzgó innecesario una campaña comunicacional para contrarrestar la deformación de la realidad que ha creado una nueva verdad.



Si no se explica y se desvirtúa el separatismo inculcado en casi cuarenta años de comunicación separatista, el efecto independentista catalán, será una nueva amenaza a las políticas española y europea. Los hoy presos comunes,  podrían regresar como héroes políticos.