MANIPULACIÓN SOCIAL

Por      

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

No permitir a más de 4,000 salvadoreños, el regreso a su patria, es medida de la manipulación social que se realiza, para inducir temor y dependencia hacia el presente Gobierno. Esta manipulación, viola los principios constitucionales, destruye al país como nación y, pone en riesgo a las generaciones futuras, razones son para exponer estos peligros y las intenciones que los generan.

Los varados en el extranjero y las personas capturadas ilegalmente (retenidas durante la cuarentena), son señaladas por el Gobierno como fuente o peligro inminente de contagio, razón del ejercicio de la fuerza, para que el Gobierno legitime todas sus acciones: encubriendo otras, que le benefician de manera personal.

Todo salvadoreño en el extranjero, es ciudadano cuya vida está aquí y que, por uno u otro motivo, se encontraba en el extranjero, cuando inició la pandemia; su voluntad es retornar a su patria, donde tiene una vida productiva y, cada uno de los aquí detenidos, cuyo número se ignora con precisión, son  “información reservada” y sus filiaciones han sido negadas a las autoridades pertinentes (Sala de lo Constitucional, Fiscalía General de la República, Procuraduría General de la República y Procuraduría de los  Derechos Humanos) constituye una violación al debido proceso y a la ciudadanía de estas personas.

La razón de detención de unos y de otros, es para infundir temor en la población, generando el caos necesario para la autocracia. Los salvadoreños varados en el exterior y quienes hoy guardan prisión, han perdido su naturaleza humana, para ser solo, instrumento de propaganda.

Si una persona sale a comprar comida, agua o medicina y es detenida, por no ser su “día hábil” de compra, será evaluado y si ha estado en algún lugar de riesgo, será internado. Por ley todo el país, es un lugar de riesgo y, según los protocolos de salud, esta persona debe de ser internada, por lo que todo el protocolo en sí, se vuelve una justificación para su encarcelamiento, por tiempo indefinido pues, aunque la ley dice 15 días, el tiempo definitivo queda a criterio del Gobierno, según la misma ley, lo que hace una trampa jurídica. Ya hay pasajes que han sido desalojados, pues la ley faculta al Gobierno a entrar a las casas y poder “internar a sus habitantes”, (capturar sin proceso, sin tiempo definido de internamiento y sin régimen de excepción).

Un salvadoreño en el extranjero, cuya patria le impide retornar (expatriación) goza de la protección de las Naciones Unidas, por su calidad de refugiado, según el Derecho Internacional Humanitario, pero ninguno de los salvadoreños, varados en el exterior, quiere ser un expatriado, sino regresar a su patria, lo cual le niega el Gobierno. Existe una obligación de repatriarlos, aunque no lo diga expresamente la ley, pues se deriva del ejercicio de sus derechos de nacionalidad, que le son negados. Corre a costa del Estado primero, su repatriación y luego, un resarcimiento a costa de los bienes de quienes les han negado ejercer este Derecho.

El dominio total sobre la vida cotidiana, lo logra y justifica, el miedo infundido en la población y, para concretarlo, se utiliza a los salvadoreños en el extranjero y a las personas que hoy se encuentran en cuarentena, que muchas de ellas, tienen más de 45 días de internamiento y han sido reprimidas por la Policía Nacional Civil y las maras, con las que han sido revueltas.

Un Gobierno que infunde temor y espera a que haya caos y hambre para poder distribuir paquetes de alimentos, y subir su popularidad en descenso, debe ser depuesto en el ejercicio de su cargo.

SENTIMIENTO SOCIAL

Por      

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

La población en general, ha rechazado los Decretos 22 y 23: que generan asfixia social: amenazan nuestros sistemas de creencias y afectan nuestra conducta y voluntad, por lo cual, ya se ha pedido su derogación; estando ya también por resolverse, un recurso de inconstitucionalidad. El Gobierno de Bukele, ha aprovechado el rechazo al sistema partidario, para su manipulación, interpretando que así, el sistema de representación, delega la soberanía sobre su persona, deslegitimando a la Corte Suprema de Justicia, Asamblea Legislativa y Ministerio Público y, facultándole para decidir por el particular, en esferas que sólo atañen en su fuero interno, al individuo. Así se convierte un Presidente, en dictador.

La misma voluntad necesita, decidir entre pan o tortilla, contraer nupcias o no, celebrar o no un contrato y decidir sobre lo que se pacta, o se elige tal o cual funcionario, según su sesgo ideológico, indicador de cuál será su línea general de conducta, como funcionario. Impactará diferente cada decisión, aunque tiene un mismo origen: la voluntad y libertad de ejercerla. Este concepto es fundamental en la vida humana: justifica la Constitución, como el acomodo pacífico entre las libertades individuales, frente al poder del Estado, ejercido por el Gobierno, garantizando al individuo, en sus esferas inviolables.

Pero al decidir un extraño sobre los contratos particulares: cuando comprar, quienes son los únicos que pueden vender y, quienes pueden trabajar, queda anulado tal principio, ejerciendo la voluntad, sólo quien posea, no el Derecho, sino la fuerza. La elección de Nayib Bukele como Presidente, le dio una representación popular, pero no el dominio sobre los ciudadanos y menos aún, el ejercicio de la voluntad sobre ellos, como sucede en el presente: tal día podrán salir tales y tales números y, bancos, farmacias y supermercados sólo podrán vender a esos números, negando su Derecho al resto de la población.

Suspender la fabricación industrial de pan, pudiendo hacerse sólo artesanalmente, es una contradicción sanitaria, pues de manera industrial se emplea menos mano de obra y al cerrar los molinos de harina y la fabricación de manteca, tendrán que cerrar los artesanales. La voluntad humana está siendo anulada, pero ¿para qué?, para la imposición de la voluntad del Gobierno. Hoy una ministra dice que 745 retenes son muy pocos para controlar a la población y otro ministro dice, que caminen y que rebajen, cae bien a la salud. Entonces la voluntad y los derechos que dependen de ello, ya están anulados.

Para lograr la aprobación de los Decretos 22 y 23, se recurrió al engaño de señalar de colaborador de las pandillas a Norman Quijano y que luego, serían acusados todos los diputados de colaboración con las pandillas En rigor a la verdad, todo político, incluyendo a Nayib Bukele, han tenido trato con las pandillas: de lo contrario, no hubiesen podido realizar sus campañas electorales, debido al control territorial que éstas ejercen.

 

Todo parece indicar que luego de destruidas la libre iniciativa y las instituciones educativas, piensa darse un adoctrinamiento, de acuerdo a los principios musulmanes, los cuales riñen con nuestra fe cristiana y católica. Para evitarlo, sólo podemos volver a la normalidad y dejar pasar la pandemia como otros lo han hecho, en un equilibrio entre las libertades individuales y las medidas higiénicas respectivas.

Bukele está asumiendo poderes que la Constitución no le da. Nadie puede gobernar en el fuero interno de cada persona; para lograrlo, ha usado a la Fuerza Armada como instrumento de dominio y no, como la última garantía de legalidad del país: hoy disparan en un retén, mañana tendrán que disparar generalizadamente, contra la población, que necesita su libertad para sobrevivir.