Por
Lic.
Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCION
Hace
201 años, el actual territorio del Estado de El Salvador, estaba constituido
por el extremo Sur Suroeste de la provincia de Guatemala, el partido de Santa
Ana, la provincia de San Salvador, los partidos de San Miguel, Usuluán, San
Alejo y el Sur Sureste, del partido de Tegucigalpa; no sólo hemos evolucionado territorialmente: hemos formado un Estado, que también ha
sufrido transformaciones, que no siempre han sido favorables a la democracia y
a las ideas republicanas que dieron origen, a nuestra independencia, por lo que
es necesario analizar tales circunstancias.
El
distanciamiento de la influencia geopolítica francesa, de la autoridad
administrativa española y, el rechazo al Imperio mexicano, fueron origen de nuestra
independencia, bajo los principios liberales democráticos y republicanos, consagrados
en la Constitución y simbolizados en nuestro pabellón nacional.
Pero
al iniciarse este tercer centenario, en su celebración, el pabellón nacional, sufre
humillación al no ser objeto de los honores protocolarios a su ingreso y retiro.
al Acto Cívico. Preside el Presidente junto a su familia, como la familia
Presidencial, título que no puede ostentarse dentro de la República: formalidad
que se reserva exclusivamente, para la Realeza. En dicho acto, se ratifica la
violación a los preceptos constitucionales, relativos al sistema político y se
afirma el poder originario del populismo, una teoría propia de la democracia
participativa, utilizada por las dictaduras populistas latinoamericanas.
La
posición política de Nayíb Bukele ha sido posible, sólo por el deterioro del
sistema político partidario salvadoreño, luego de años de constantes ataques:
primero entre partidos y luego de Bukele, contra todos los partidos que, sin fuerza,
no pudieron oponerse a la destrucción sistemática de las instituciones de contraloría,
dentro del Estado, hasta no poder garantizar la independencia de poderes. Al pronunciar
su saludo, Bukele, se refirió al Ministerio Público (Fiscalía y Procuradurías)
y Corte de Cuentas, como parte de su Gabinete, al igual que los Alcaldes
presentes.
El
anuncio de su reelección, sumado a las trasformaciones de las entidades
públicas, indican una clara violación al orden constitucional y el Estado de Sitio,
innecesario y permanente por sus efectos, en mas de 50,000 personas detenidas,
no permitiéndoles una defensa efectiva según la legislación nacional, es
violatorio de los Derechos Humanos.
La
alteración del sistema republicano y, la violación a los Derechos Humanos, se
ajustan al presupuesto del Artículo 87 de la Constitución: el derecho de
insurrección. para el propósito de restaurar el orden constitucional, mediante
funcionarios transitorios. Una situación de este tipo, vuelve a El Salvador, un
Estado de fuerza o de facto, pues tendrá la razón, quien tenga un mayor poder o
capacidad de dominio, sobre la vida nacional. Este artículo tiene una
aplicación inmediata por el principio de aplicación directa.
Habiendo
jurado la Fuerza Armada lealtad al Presidente y no, a la institucionalidad
garantizada por la constitución, la aplicación del Artículo 87, corresponde a
cualquier organización de naturaleza cívica, que considere que posee la fuerza
suficiente para hacer valer la Constitución.
Considerar
ir a elecciones y competir limpiamente con Bukele, será un hecho imposible,
pues domina el Tribunal Supremo Electoral y los padrones electorales; por lo
que se legitimaría su acción inconstitucional. De igual manera lo legitimaría,
acudir a elecciones de diputados y alcaldes, convocadas por un tribunal
electoral que acepta una candidatura inconstitucional y, favorece a los
candidatos oficialistas.
Un
llamamiento unificado a la insurrección, con una oposición fragmentada, no
tiene futuro, pero sí, la denuncia de un Estado de facto, hasta que haya unidad nacional contra el Gobierno. Esto
se dará cuando la empresa privada sienta que el Gobierno no se quedará, con el
monopolio del transporte de pasajeros, de la importación de fertilizantes y la
industria farmacéutica, sino que irá por cada uno de los negocios privados, ya
sea para el Gobierno o para miembros o llegados a la familia presidencial.
Sólo
la unidad nacional y la comprensión de que el Gobierno pretende controlar toda
la vida nacional, para su lucro, podrá entrar en aplicación práctica el
Artículo 87, pues tendrá que enfrentarse directamente contra la Fuerza Armada y
ésta, tendrá que sufrir las consecuencias de sus actos presentes, pues las consecuencias
institucionales vendrán de organismos internacionales, defensores de los
Derechos Humanos.
