LA COMUNICACIÓN PÚBLICA

Por     

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com

San Salvador, 26 de abril  de 2015.

Al pleno conocimiento del entorno social obliga el derecho a la información (Art. 6 Cn.), para que el ciudadano, pueda tomar sus propias  decisiones políticas,  que a la larga,  afectarán el rumbo político del país. Por ahora, con pleno conocimiento de los procesos comunicativos, se pretende, establecer una guía sobre la comunicación, en base al “derecho de expresión de los grupos sociales y la conveniencia popular”,  redistribuyendo, en actores nuevos, el espectro de radiodifusión, para  restringir o suprimir, los temas inconvenientes: la discusión pública, sobre la delincuencia y otros temas de nuestro pasado histórico, que no son “políticamente convenientes” por ahora, pero que si son reales. Una restricción más que se suma, a ya existente  la selección de temas según sea el rating de audiencia.

La Teoría del establecimiento periodístico de temas de discusión (agenda-setting) postula que, los medios de comunicación de masas, tienen  influencia sobre el público, al determinar cuáles historias poseen interés informativo y cuánto espacio e importancia debe dárseles. El fondo de la Teoría, es la capacidad de los medios de comunicación para graduar la importancia de la información que se difundirá, dándole un orden de prioridad para obtener mayor audiencia, mayor impacto y determinada conciencia sobre la noticia. Del mismo modo, deciden cuales temas deben excluirse de la agenda, e influyendo así, en la opinión pública, que luego será generadora de presión política, y la que se concretizará en leyes y tendencias jurisprudenciales.

El  español Manuel Martín Serrano, ha dado un aporte científico a este tema, por medio de sus distintas obras. Nos permite hoy teorizar sobre los efectos de la comunicación en la formación de opinión y, los efectos políticos de las mismas. Resume su pensamiento así: “La comunicación pública es una forma social de comunicación en la cual la información se produce y distribuye por un recurso a un sistema de comunicación, especializado en el manejo de la información que concierne a la comunidad como un conjunto”. En tal sentido analizaremos los efectos de los distintos medios de comunicación, en la opinión pública en El Salvador.

La mayoría de los medios de comunicación masiva, de tendencia liberal, cumplen  doble función: a) como empresas mercantiles y b) como entidades con responsabilidad social. En virtud de tal responsabilidad, deben mantener un equilibrio muy difícil: entre las necesidades propias del medio (funcionar arriba de su punto de equilibrio) y satisfacer el interés de la audiencia; propósito que se logra gracias a la observación continua del rating de audiencia o comprobación, del nivel de ventas de la edición impresa. Este modelo de gestión, sería un reflejo fiel de la opinión pública, si no existiesen medios o entidades de Gobierno, que procuran influir en su programación o, en sus líneas editoriales.

Notorio es que en nuestro medio,  es casi nulo el periodismo de investigación, sobre todo si se tratase  de casos de corrupción estatal pues, aunque muchas veces dichos casos, son presentados por los medios escritos, los callan o disminuyen la cobertura en medios televisivos y radiales, pues son muy susceptibles de ser manipulados políticamente. Más, si afectan a la oposición, su difusión es completa, utilizando hasta los mismos medios estatales: TV 10, TV Legislativa, Radio Nacional, y algunos otros que son pro gobiernistas como Radio Maya Visión, LaPágina.Com, CoLatino, etc.

Hasta la fecha, no se ha hecho investigación periodística a profundidad, sobre el actual proceso electoral, sino más bien, se ha limitado a dar a  conocer  las diferentes denuncias sobre fraude electoral; más, luego de conocerse  (con escasa difusión) de los entretelones que se están suscitando en el nuevo conteo de votos del Departamento de San Salvador, queda claro que, si la expresión soberana fue emitida libre, igualitaria y secreta, el conteo de los mismos no corresponde a esa realidad, pero por ficción jurídica, se ha establecido una verdad incontrovertible:  sólo el periodismo investigador,  puede tener capacidad de vencer por medio de la presión política, generada por la opinión pública, la resistencia gubernamental y la certeza jurídica establecida, mediante la activación de los distintos mecanismos jurídicos que a tal efecto existen.

Otro ejemplo del poder de los medios de comunicación, en la formación del pensamiento social, es la moderna apreciación que se hace de las acciones bélicas de nuestro pasado conflicto armado: por el enfoque que de ellos hacen  los medios (nacionales y extranjeros) ha cambiado la percepción sobre lo acaecido entre 1970-1992:  los testigos de aquella época tienen claro cómo fueron los hechos realizados por la insurgencia y como fueron y por qué, los de  la Fuerza Armada,  brazo armado de la sociedad y del Estado de El Salvador.  Ahora a cuarenta y cinco años de iniciado tal conflicto, la opinión pública es que tanto el Estado como la Fuerza Armada, fueron violadores de los derechos humanos y gestores de crímenes de lesa humanidad, en defensa de los intereses económicos de la oligarquía criolla; en cuanto a la insurgencia, ésta fue la expresión natural de un pueblo oprimido que se alza en defensa de una agresión generacional, injusta e ilícita. Esta apreciación de los hechos,  injusta y falsa, “crea una nueva realidad”,  que no concuerda  con la realidad histórica nacional,  pero que al ser aceptada por gran mayoría, se vuelve incontrovertible.

Sólo es posible revertir la opinión pública, mediante la investigación periodística; responsabilidad que recae en los medios y fuerzas liberales, pues sólo el periodismo de investigación,  es el que abre la puerta al debate público y que en definitiva, creará opinión pública verdadera.

La izquierda siempre ha desarrollado la tesis de que la realidad puede cambiarse, cambiando la opinión pública,  y que por tal posibilidad, surgieron las diferentes corrientes de pensamiento social, aglutinadas bajo el nombre colectivo de “generación comprometida”. Los liberales por su parte, han seguido la evolución natural de la sociedad, sin preocuparse del aspecto político, mas  sí, del Markeing,  porque es lo que mueve la producción y el consumo dentro del capitalismo.

¿HABRÁ UNA SEGUNDA GUERRA SUBVERSIVA?

Por     

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com

San Salvador, 25 de abril  de 2015.

Las noticias internacionales dan ya por real, una segunda  guerra subversiva en El Salvador pero, aunque sí hay, condiciones para ello, no parece ser fácil de obtener el abastecimiento que necesitarían los contendiente para sostener la lucha.  Aunque El Salvador es ya un Estado fallido,  no ha hecho aún, uso de todos sus recursos para  la defensa, por lo que es posible  que la violencia que sufrimos, sea sólo  un elemento, dentro de un contexto  político estratégico, del Gobierno.

Las autoridades pregonan la fuerza de las pandillas, que puede comprobarse por  los ataques a las fuerzas de seguridad pública, que llevan a cabo de  manera más o menos coordinada. La realidad prueba una lucha feroz entre las pandillas,  por el control territorial,  y lucha que se extiende colateralmente, a la intervención del Estado, que desde el punto de vista de las pandillas, es un tercero en discordia. La pugna  entre los pandilleros “encarcelados” y los “libres”, genera mayores tensiones, de las ya existentes entre las pandillas, pues los primeros, se convierten en los “superiores” de los segundos: además de usufructuar, un porcentaje mayor del que queda en manos de los “trabajadores”, que son los que realizan directamente las extorsiones y, corren en su vida delictiva y clandestina,  la mayor parte de riesgos.

Las acciones del Gobierno son, en contra de las pandillas, pero únicamente en apariencia, pues su fin verdadero es crear la imagen de que sí se las  combate con toda seriedad; se crea así para  sirva de argumento a la necesidad de mayor presupuesto y de  solidaridad internacional,  y poder sostenerse argumentando “la desestabilización por la violencia”. Es fácil comprobar esta situación  mediante tres hechos: la formación de Batallones élites contra el crimen organizado; el traslado de reos y los planes operativos antipandillas.

Al crear tres Batallones anti pandillas, conformados por un mil doscientos hombres, de hecho se han conformado tres compañías con secciones recargadas, como era habitual en tiempo del conflicto armado. Crear unidades nuevas, sin incrementar el número de efectivos totales de la Fuerza Armada, causa un debilitamiento de su  capacidad operativa,  además el entrenamiento recibido dentro de la Fuerza Armada, no es útil en su nueva tarea, para lo cual deben de ser nuevamente preparados. Además, crea la imagen de un fortalecimiento de la Fuerza Armada cuando es todo lo contrario, frente a necesidades futuras. En tal sentido, el empleo del Batallón de Especial de Seguridad  Militar (Policía Militar), sería más efectivo que la creación de tres batallones nuevos.

Representa sólo  un movimiento del 5.21 % del total de la población reclusa y un 7.5% de la población pandillera recluida, el traslado de reos que se ha dado esta semana, por lo que, dicho movimiento rompe las estructuras de logística de las pandillas, pero   éstas,  serán reconstruidas durante la próxima visita de familiares a los reos, y además, creara una mayor presión sobre la población reclusa no pandillera.

El empleo en las calles, de una fuerza disuasoria, no debilitará el accionar de las pandillas, pues cada una de ellas, opera en su mismo lugar de domicilio, y con cobertura dentro de la población general de su localidad; el despliegue de dichas unidades militares y policiales, forzaría, momentáneamente, el desplazamiento de las pandillas; de este modo, hacia áreas “seguras”, lo cual aumentaría peligrosamente, sus áreas de influencia.

La impresión, en consecuencia es  que las medidas del Gobierno están encaminadas hacia una reacción futura del Estado, que justifique mayor un empleo de la fuerza, pero que signifique una disminución de las garantías individuales, no de los pandilleros sino de la población en general, lo que, con el aval mismo de la población podría conducirnos a una dictadura, que aceptaríase con tal de recobrar la paz perdida. Por otra parte, también se corre el riesgo de una desestabilización económica debido a la inseguridad, lo que en definitiva, minaría los intereses económicos nacionales  que ,al ser desplazados, tendrían que ser reemplazados por otras actividades, que aseguren al menos, el sustento a las familias más pobres, como lo haría el narcotráfico o cualquier otra actividad ilícita.

La inseguridad de la nación amenaza desbordarse; sin embargo sólo podrá haber guerra si nuestro país se convierta en un productor de coca y marihuana capas de financiar los costos de un conflicto armado, de no darse esta condición es muy poco probable que pueda degenerar esta situación en un verdadero conflicto armado. Más si tomamos en cuenta, la inminente pacificación en Colombia, sí se hace posible que nuestro país se convierta en un pequeño productor de droga: un fenómeno nuevo, aparecido en el campo, es la exigencia por parte de las pandillas, del desalojo de sus viviendas;  fenómeno que es fácilmente confundible con el efecto que causa, la presencia pandillera: la emigración por miedo y el deseo de mantenerse lo más alejado posible de dichos delincuentes. Algunos analistas aseguran que nuestro país no tiene condiciones para convertirse en un productor de droga, pues carecemos de montañas y selvas: considerase a esta objeción, el razonamiento que hizo Cayetano Carpio cuando le objetaron que en nuestro país no había selvas para esconderse y que operara una guerrilla, a lo que respondió “pero sí hay población que para esconderse sustituye a la selva”.

Por ahora, la iniciativa del Triángulo Norte, parece ser la estrategia única compartida, viable para la estabilidad del área centroamericana: visión que  tienen clara los gobiernos de Guatemala y Honduras, pero no,  el Gobierno salvadoreño,  pues rechaza toda iniciativa que viene de los Estados Unidos, y a la cual no se opone abiertamente, para poder recibir su dinero,  pero en el fondo, confía sólo en las relaciones que  establece el ALBA.