Por
Lic. Fernán Camilo
Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN
ACCIÓN
http://publicacionaccion.blogspot.com
San Salvador, 25 de
abril de 2015.
Las noticias
internacionales dan ya por real, una segunda guerra subversiva en El Salvador pero, aunque sí
hay, condiciones para ello, no parece ser fácil de obtener el abastecimiento que
necesitarían los contendiente para sostener la lucha. Aunque El Salvador es ya un Estado
fallido, no ha hecho aún, uso de todos
sus recursos para la defensa, por lo que
es posible que la violencia que
sufrimos, sea sólo un elemento, dentro
de un contexto político estratégico, del
Gobierno.
Las autoridades pregonan
la fuerza de las pandillas, que puede comprobarse por los ataques a las fuerzas de seguridad
pública, que llevan a cabo de manera más
o menos coordinada. La realidad prueba una lucha feroz entre las pandillas, por el control territorial, y lucha que se extiende colateralmente, a la
intervención del Estado, que desde el punto de vista de las pandillas, es un
tercero en discordia. La pugna entre los
pandilleros “encarcelados” y los “libres”, genera mayores tensiones, de las ya
existentes entre las pandillas, pues los primeros, se convierten en los
“superiores” de los segundos: además de usufructuar, un porcentaje mayor del
que queda en manos de los “trabajadores”, que son los que realizan directamente
las extorsiones y, corren en su vida delictiva y clandestina, la mayor parte de riesgos.
Las acciones del
Gobierno son, en contra de las pandillas, pero únicamente en apariencia, pues
su fin verdadero es crear la imagen de que sí se las combate con toda seriedad; se crea así para sirva de argumento a la necesidad de mayor
presupuesto y de solidaridad internacional, y poder sostenerse argumentando “la
desestabilización por la violencia”. Es fácil comprobar esta situación mediante tres hechos: la formación de Batallones
élites contra el crimen organizado; el traslado de reos y los planes operativos
antipandillas.
Al crear tres
Batallones anti pandillas, conformados por un mil doscientos hombres, de hecho
se han conformado tres compañías con secciones recargadas, como era habitual en
tiempo del conflicto armado. Crear unidades nuevas, sin incrementar el número
de efectivos totales de la Fuerza Armada, causa un debilitamiento de su capacidad operativa, además el entrenamiento recibido dentro de la
Fuerza Armada, no es útil en su nueva tarea, para lo cual deben de ser nuevamente
preparados. Además, crea la imagen de un fortalecimiento de la Fuerza Armada
cuando es todo lo contrario, frente a necesidades futuras. En tal sentido, el
empleo del Batallón de Especial de Seguridad
Militar (Policía Militar), sería más efectivo que la creación de tres
batallones nuevos.
Representa sólo un movimiento del 5.21 % del total de la
población reclusa y un 7.5% de la población pandillera recluida, el traslado de
reos que se ha dado esta semana, por lo que, dicho movimiento rompe las
estructuras de logística de las pandillas, pero éstas, serán reconstruidas durante la próxima visita
de familiares a los reos, y además, creara una mayor presión sobre la población
reclusa no pandillera.
El empleo en las calles,
de una fuerza disuasoria, no debilitará el accionar de las pandillas, pues cada
una de ellas, opera en su mismo lugar de domicilio, y con cobertura dentro de
la población general de su localidad; el despliegue de dichas unidades
militares y policiales, forzaría, momentáneamente, el desplazamiento de las
pandillas; de este modo, hacia áreas “seguras”, lo cual aumentaría
peligrosamente, sus áreas de influencia.
La impresión, en consecuencia
es que las medidas del Gobierno están
encaminadas hacia una reacción futura del Estado, que justifique mayor un empleo
de la fuerza, pero que signifique una disminución de las garantías
individuales, no de los pandilleros sino de la población en general, lo que,
con el aval mismo de la población podría conducirnos a una dictadura, que aceptaríase
con tal de recobrar la paz perdida. Por otra parte, también se corre el riesgo
de una desestabilización económica debido a la inseguridad, lo que en
definitiva, minaría los intereses económicos nacionales que ,al ser desplazados, tendrían que ser
reemplazados por otras actividades, que aseguren al menos, el sustento a las
familias más pobres, como lo haría el narcotráfico o cualquier otra actividad
ilícita.
La inseguridad de la
nación amenaza desbordarse; sin embargo sólo podrá haber guerra si nuestro país
se convierta en un productor de coca y marihuana capas de financiar los costos
de un conflicto armado, de no darse esta condición es muy poco probable que
pueda degenerar esta situación en un verdadero conflicto armado. Más si tomamos
en cuenta, la inminente pacificación en Colombia, sí se hace posible que
nuestro país se convierta en un pequeño productor de droga: un fenómeno nuevo, aparecido
en el campo, es la exigencia por parte de las pandillas, del desalojo de sus
viviendas; fenómeno que es fácilmente
confundible con el efecto que causa, la presencia pandillera: la emigración por
miedo y el deseo de mantenerse lo más alejado posible de dichos delincuentes.
Algunos analistas aseguran que nuestro país no tiene condiciones para
convertirse en un productor de droga, pues carecemos de montañas y selvas:
considerase a esta objeción, el razonamiento que hizo Cayetano Carpio cuando le
objetaron que en nuestro país no había selvas para esconderse y que operara una
guerrilla, a lo que respondió “pero sí hay población que para esconderse
sustituye a la selva”.
Por ahora, la
iniciativa del Triángulo Norte, parece ser la estrategia única compartida,
viable para la estabilidad del área centroamericana: visión que tienen clara los gobiernos de Guatemala y Honduras,
pero no, el Gobierno salvadoreño, pues rechaza toda iniciativa que viene de los
Estados Unidos, y a la cual no se opone abiertamente, para poder recibir su
dinero, pero en el fondo, confía sólo en
las relaciones que establece el ALBA.
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