Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Se logra la justicia con el ejercicio(judicial) del
Derecho; pero para lograrla, es preciso recorrer las respectivas instancias que
corregirán la falibilidad humana, circunstancia que no puede evitarse. Se
alcanzará así la justicia, que es base del desarrollo y convivencia humana.
Así lo explicaba el Dr. Humberto Sáenz Cevallos, en su
clase de Teoría General del Proceso, cuando también se desempeñaba como
Secretario General de la Facultad de Derecho de la Universidad Dr. José Matías
Delgado. Poco después de una de sus cátedras, fue asesinado por órdenes de la
Comandancia del FMLN, en el atentado de la Zona Rosa. Sin embargo, esas mismas
enseñanzas son hoy transmitidas a nuevos estudiantes, por quienes, en ese
momento, eran sus alumnos y se desempeñan hoy como Catedráticos o ejercen como
jueces y litigantes, circunstancia que permite, una reflexión, sobre el estado
jurídico nacional.
El caso actual, civilmente más interesante, es el del
Lic. José Antonio Salaverría vs. Davivienda: éste banco, con la adquisición del
desaparecido HSBC, adquirió sus activos y riesgos, que seguramente fueron
analizados, bajo el concepto de “due diligence” o auditoria de compra, para
valorar el riesgo económico en dicho proceso y ajustar el precio a la baja. Hoy,
materializada una condena, sólo falta la ejecución de la misma: sus
implicaciones son mayores que las que pueda tener económica y directamente, Davivienda.
Podrá haber simpatías o antipatías hacia las dos partes,
pero un fallo judicial, no puede cuestionarse, pretender influir políticamente,
o evitarse, mediante maniobras dilatorias sin fundamento real, pues de lo
contrario, la justicia se inclinaría en favor del poder, aumentando la
injusticia misma.
En el sentido opuesto, vemos que, en el caso del
Mozote, han fallado las diferentes instancias por la influencia política,
aplicando doctrinas y tratados en manifiesta contravención a la Constitución,
siguiendo una retorcida lógica jurídica, que plantea la cuestión sobre la
aplicación del Derecho en El Salvador: en el caso del Mozote, la querella está
sostenida con fines políticos, por una transnacional y su resultado, repercutirá
sobre situaciones actuales.
La estructura jurídica de un país, debe ser integralmente
aplicada, por lo cual es coherente e indivisible. Si en materia civil es
coherente y justa, pero contaminada e injusta en materia penal, ésta
contaminación terminará afectando todo el sistema procesal, comenzando por el
Derecho Administrativo y Tributario.
Hoy se busca que El Salvador sea un país seguro, que
impere únicamente la fuerza del derecho pero, aunque las maras sean controladas,
no habrá desarrollo económico, si no existe un debido proceso, y garantice la
inversión nacional o extranjera.
La manipulación política del poder judicial, es indicadora
del estado de libertad y de confianza en un país. No puede hacerse justicia en
un caso e injusticia en otro, pues en cada fallo judicial, se crea derecho y
éste, repercutirá a futuro indirectamente en otras personas y, creara
estabilidad o inestabilidad, en un país.
En el caso del Lic. Salaverría, si la sentencia es
ejecutada en su favor, se verá la paridad de salvadoreños y corporaciones
extranjeras, fortaleciendo la institucionalidad del país. En el Mozote, si las
instancias judiciales fallan, veremos la justicia politizada, sin poder
predecir el alcance futuro de dicha politización. Es ésta la razón de la independencia
judicial y de la existencia del Consejo Nacional de la Judicatura.
Mediante la observación de estos dos casos, podemos
apreciar el estado actual del debido proceso en El Salvador y comprobar, que
las enseñanzas de los juristas en las aulas de clase, no son meras teorías o
quimeras, sino realidades que permiten vivir en paz y armonía a la sociedad,
sin riesgo de generar un nuevo conflicto.
