Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCION
La ilegitimidad del presente Gobierno quedó clara, por
la resolución de la Cámara de Familia, prohibiendo la remoción, de la tercera
parte de los jueces del país y, el cambio de la situación jurídica, a una de
fuerza; además, el presente Gobierno, pretende aislarse por medios económicos,
de quienes le critican: el concierto internacional, para forzar su
consolidación interna, pretendiendo disimular, dicha situación, ofreciendo una
era de prosperidad, que es incompatible con sus acciones.
La medida cautelar emanada de la Cámara de Familia,
tiene como asidero legal la Constitución y Tratados internacionales. Al ser desatendida
por Corte Plena, para aplicar un Decreto Legislativo, con inclinación política
partidaria y, en agravio a la Constitución y a la independencia de Poderes,
permite la desaparición del equilibrio de poderes, cambiando la situación de jurídica,
en una de fuerza; lo cual deberá dirimirse, en un nuevo conflicto social.
Los rechazos a las medidas del Gobierno, cada vez son mayores,
al igual que los señalamientos internacionales. Para controlar este rechazo, el
Gobierno procura un distanciamiento, con la comunidad internacional que le es
adversa, e implementa el Bitcoin para distanciarse económicamente, creando un económico
cuello de botella, para controlar a la población. Este proceso, finalizará con
una criptomoneda local, controlada por el Gobierno. El pago de salarios y
pensiones en Bitcoin, es para forzar tal dominación al desequilibrar la
economía nacional.
La caída de los bonos, emitidos por el Gobierno, en
sus variados plazos, es consecuencia de la apreciación de la condición
económico-politica nacional, que va en descenso, mientras el autoritarismo
cobra fuerza, haciendo depender toda decisión política, de los deseos de Nayib
Bukele y, de sus intenciones e intereses: ya no es el país, el que responde, es
la voluntad del autócrata.
El anuncio de que los salarios y pensiones serán
pagados en Bitcoin significa, además de los problemas prácticos que ya se han
generado, la disminución del dólar físico, pues su cambio dependerá de
BANDESAL, como actualmente funciona en Venezuela, drenando de nuestra economía,
una moneda de aceptación mundial, por otra, sólo de mínima aceptación local.
La decisión de China continental, de declarar el
Bitcoin, de uso ilegal en el país, así como de su convertibilidad, limita la
posibilidad de integrarse económicamente, con dicho sistema (la segunda economía
del planeta), necesario para un desarrollo, como el planteado por Bukele y sus
troles, usando como base el Bitcoin, comparándonos con Singapur, que basó su
prosperidad, en la libertad económica global, mientras que aquí, se pretende
promoverla en base al autoritarismo y populismo.
Si el 2020, fueron detenidos en la frontera con
Estados Unidos 87,702 salvadoreños
y se espera para este año, 100,000 ¿Cuántos han pasado? El aumento se debe a la
emigración forzada, por las condiciones políticas del presente Gobierno, en un
círculo provocado por él: inseguridad física- económica-jurídica.
El problema de la
oposición, es la falta de liderazgo y guía ideológica clara, pues no basta con plantearse
la necesidad de deponer a Bukele, sino la de restaurar el orden alterado y la
prevalencia de la Constitución de 1983, bajo los principios de libertad y
respeto a un ordenamiento democrático, basado en la representación y división
de poderes.
El desarrollo
económico, vendrá de la plena libertad de acción en la economía y, el abandono
del asistencialismo que ha propiciado el populismo. El respeto a la Ley,
implica el cumplimiento a la Constitución y, la estabilidad que genera la
independencia de poderes.
Es necesario buscar la
estabilidad política, en la solución de los problemas presentes y futuros y no,
en la de los pasados, que sólo aseguran la continuidad de conflictos anteriores
ya dirimidos.
