REELECCION PRESIDENCIAL

 

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

 

Sustentase la reelección presidencial, en tres ficciones: su legalidad, la aceptación popular y el sistema electoral imparcial: para que esto funcione, es necesario la participación en las elecciones, de actores diferentes al oficialismo, logrando así, su legitimidad, producto de la quieta y pacífica continuidad del Gobierno en la función pública.

 

Es ficción, simulación de la realidad, presentando al receptor, un mundo imaginario. Por lo cual la ficción de legalidad, se deriva de la interpretación errónea o falsa, de la resolución sobre pérdida de derechos de ciudadanía: bajo referencia, PDC  01-2021 iniciado contra la Sra. Nancy Marichel Días de Martínez, en base al Artículo 75, ordinal 4. Cn. En dicha resolución, la presente Sala de lo Constitucional, reconoce un quiebre Constitucional, con respecto a la Sala anterior (depuesta por la Asamblea Legislativa) y que la Constitución, puede ser modificada, de acuerdo a la Jurisprudencia de la Sala, porque ésta, posee capacidad de interpretación, en sentido positivo, o sea, de reformar la Constitución por interpretación (jurisprudencia, según la Sala) y, ordenar nuevas disposiciones: lo que sería un exceso en su función: interpretar la Constitución, en sentido negativo o sea, señalar el límite al que pueden llegar el Estado o, un particular.

 

Sin embargo, la Sala se refirió al tema de la reelección, en un sentido tangencial y “Ultra petitia” pues solo sugirió (en su razonamiento), que la situación del Presidente, podría ser similar a la de otro funcionario, por lo que si renuncia a su cargo, con anterioridad, no ve problema para su inscripción como candidato: no se razona, que el Presidente, posee una parte del “imperium” del Estado y, es cabeza de un Órgano, mientras que cualquier otro funcionario de elección popular, posee únicamente, la “potestas”, lo cual implica una diferencia muy clara, que ha sido principio del constitucionalismo salvadoreño, desde nuestra separación de la República Mayor de Centroamérica.

 

El Régimen de Excepción, no permite las manifestaciones públicas, contra los funcionarios de hecho o, las arbitrariedades del Ejecutivo, pues serían tomadas como alteración del orden público: así son mínimas las expresiones de protesta, pero la insatisfacción social, crea un malestar oculto, que se manifiesta, con la emigración constante, por falta de condiciones de vida favorables. La política y economía, reflejanse, en una sola entidad: la vida cotidiana, por lo que, a menos condiciones económicas favorables, mayor represión política y a mejores condiciones económicas, más amplia libertad económica, que ha sido el secreto de la fortaleza de las mayores economías en Occidente.

 

La Sentencia de la Sala de lo Constitucional, antes relacionada, tiene efectos concretos y limitados, pero se le ha querido dar a su parte argumentativa, fuerza de ley o, de sentencia, lo cual es un engaño. La aceptación general, es también un engaño, pues si verdad fuese, sería innecesario, que más de tres mil quinientos troles en el extranjero, se dedicasen a una propaganda constante, e innecesario el espionaje, en una suspensión de garantías.

 

El oficialismo cuenta con que el desgaste de sus autoridades municipales, estimule a candidatos distintos, en áreas locales, para que hagan funcionar el aparato eleccionario, y así, legitimar la reelección.

 

Se plantea el problema siguiente: se derrota electoralmente al oficialismo, mediante la unidad de la oposición o, se equiparará la oportunidad electoral, antes de la elección, para que la población elija realmente, su destino: ambos caminos son excluyentes entre sí.

 

El oficialismo, estimula la fragmentación de la oposición, pues así obtiene mayoría y su poder factico, se multiplica. La denuncia de la dictadura y, el rechazo a un sistema electoral manipulado, son las únicas vías, contra el autoritarismo.

 

 

 

 

 

CONSIDERACIONES OPORTUNAS

 

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

 

Los diferentes acontecimientos nacionales, generados por las acciones del Gobierno, merecen ciertas consideraciones no críticas, sino para presentar alternativas que favorezcan la vida nacional y que, desde la totalidad, deriven hacia el individuo, en sus intereses particulares.

 

La “recompra” de deuda externa, representa un intento de estafa a los acreedores internacionales, pues de $ 800 millones de deuda, se ofrecen sólo $ 350 millones, sin comisiones ni intereses: si fuese aceptado, provocaría una pérdida en su inversión. Si no se aceptase ésta negociación, quedaría a criterio del Gobierno, pagar o no, lo cual, nos llevaría a una controversia judicial internacional,  que pondría en riesgo el sistema bancario y, cuyo mínimo efecto, sería el alza en las tasas de interés y, el endurecimiento de los requisitos para la obtención de créditos. Por esta razón, la deuda debe de renegociarse en base a la realidad nacional, aceptando las recomendaciones de ajuste fiscal, recorte presupuestario, transparencia y contraloría eficaz.

 

El Gobierno trata de crear las condiciones políticas y de aceptación social, para la nacionalización de las AFP, para así, por medio de una confusión (forma de extinguir una obligación), no pagar lo adeudado a las previsionales, dinero de los trabajadores, para así, poder manejar los fondos que sí rinden y, que están colocados en el exterior. No se observa que la baja rentabilidad, se debe a lo no pagado por el Estado y que, los intereses devengados, apenas cubren la tasa de devaluación, a diferencia de lo colocado en el mercado internacional. Por lo que, si el gobierno pagase el interés comercial, o devolviese dichos fondos a las AFP, sería suficiente para elevar el pago de las pensiones y dar el justo crecimiento a las cuentas individuales. Todo está en manos de la Asamblea Legislativa, pero esta, no persigue  solución para los cotizantes, sino solventar un problema del Gobierno.

 

El régimen de excepción y la participación de la Fuerza Armada en tareas de Seguridad Pública, serían innecesarios, si se adecuaran el Órgano Judicial, el Ministerio Público y la PNC en sus unidades de investigación, pero el interés del Gobernó, es mantener un sensacionalismo a base del ejercicio de la fuerza y no tocar, a las estructuras que les son afines. La colaboración internacional, para el mejoramiento de estas instituciones, está disponible, pero si se hace, el Gobierno no podría favorecerse del crimen organizado que contamina a varios de sus funcionarios y allegados políticos.

 

La tendencia a crear negocios estatales paralelos, atenta contra la empresa privada: la normal entre competidores, y la de doble calidad:  particular y soberano. Hoy por hoy, sólo se ha hecho público entre el transporte público de pasajeros, los importadores de fertilizantes agrícolas, y los importadores de granos, que al final, crearán monopolios, controladores del mercado. La solución sería que el Gobierno impusiese las reglas, pero sin participar en el mercado, pues lo distorsionaría, convirtiendo a cada empresa estatal, en medios de control social.

 

La obligación de las telefónicas de almacenar lo hablado y enviado por los usuarios, tendrá que elevar el precio de la telefonía, por los costos de almacenamiento y hará que los privados, sean los que paguen directamente el espionaje del Gobierno, contra los mismos usuarios, lo que atentará contra los principios que protege el habeas data, la libertad de expresión y la inviolabilidad de la correspondencia, consagrados en los artículos 2, 6, 19 y 24 de la Constitución.

 

Cada uno de los problemas nacionales, tiene una solución acorde a los intereses de todos, el Gobierno no debe primero pensar  en su conveniencia. En el siguiente articulo se abordara la inconstitucionalidad de la reelección Presidencial.