LA JUSTICIA EN EL CASO JESUITAS

LA JUSTICIA EN EL CASO JESUITAS

Por    

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra       

Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com

San Salvador, 11 de septiembre de  2016.

En el Editorial de la UCA, del día 1/9/2016, el Director del IDHUCA, José María Tojeira,  expone, bajo el título “Crímenes graves y perdón”, una serie de consideraciones desde el punto de vista religioso y jurídico, concluyendo que, los abogados defensores de los perseguidos, en el caso jesuitas y, quienes objetan la justicia Transicional, son “abogados-sanguijuela”, o “abogansters del dólar”, sin considerar que los defensores, son los hijos de los imputados y que, las causas justas, se defienden por convicción y patriotismo.

Esta argumentación visceral, desdice la agudeza intelectual de sus anteriores escritos,  y  que débese a la frustración que le ha causado ver que sus ideales son sólo sueños  impracticables y qué, su lucha interna, entre los conceptos teológicos católicos y la Teología de la Liberación, le sumergen en una vorágine espiritual de  desesperanza y resentimiento; precisamente, estado anímico que la espiritualidad del  catolicismo, pretende evitar. Creo  oportuno, pues dada la categoría intelectual del autor,  y que sin mayor reflexión, pudiesen darle la razón, aunque vaya contra la lógica y la misma doctrina católica, por lo que es prudente ahondar en los tópicos ya mencionados.

La muerte de los sacerdotes jesuitas, no fue por su investidura religiosa, o por sus creencias en la Teología de la Liberación o, por su participación estratégica dentro del FMLN; fue por su participación operacional dentro de la ofensiva que estábase  realizando en noviembre de1989, que ellos participaron, considerando necesario el derrocamiento del Gobierno legítimamente electo para la concreción de sus ideas políticas. Su participación política era bajo la nacionalidad salvadoreña, pues previamente habían renunciado a la propia: española.  Hoy, dentro de los tribunales españoles, se ha restado importancia a dicha situación.

En situaciones de combate, murieron también Pakito Arriaran, Marta González Gómez,  Begoña García Arandigoien y Elisenda Portabella, entre otros, todos de origen español y perteneciente a ETA, en el período en que habían declarado la guerra al Reino de España para la secesión vascuence. Murieron en nuestras tierras, no por odio o, por ser españoles, sino por portar armas y abrir fuego contra el gobierno salvadoreño. Tal relación, ETA-FMLN  subsistía aun públicamente en el 2009, cuando el etarra Francisco Javier Lage Araiz, fue el asesor de campaña de Salvador Sánchez Cerén, en la esperanza, como lo han manifestado en sus proclamas, de que los socialistas latinoamericanos, les ayudasen en su proceso de penetración política en España.

Si ajustamos la acción de los sacerdotes jesuitas al Catecismo (pág. 231, de la adaptación española del Katbolisboer Katecoismus der Bistumer Deutscolands, publicado en 1958 en Alemania y con el imprimátur de Jesús,  Obispo de Mallorca, 6ª Edición, 1960) “Dios no quiere que estemos abandonados y sin protección ante los ataques injustos. Por esto se puede, en justa defensa,  propia o de otros, actuar contra el agresor, herirle e incluso, si fuese necesario, darle muerte. La autoridad, en caso de delito grave puede condenar a muerte. El soldado,  en una guerra justa, puede matar, durante la lucha, a los soldados enemigos.” La lucha del Estado de El Salvador y su FFAA, era justa y en el marco de esa lucha, dio muerte a su enemigo. La legitimidad en el uso de la fuerza, durante el conflicto armado, fue dirimida en los Acuerdos de Paz de Chapultepec de 1992, por el cual se extingue el antiguo Estado y nace uno nuevo; se extingue el FMLN armado y nace el partido FMLN, hoy en el poder. Y la FFAA ha continuado su existencia, bajo una doctrina militar diferente, adecuada al entendimiento mutuo de dos fuerzas en conflicto y sumiso a la autoridad civil. Por lo que todas las culpas, si las hubiese, quedan borradas y extintas, por la moral, el convencionalismo social, el Derecho y la religión.

Si valoramos a la luz  de la legislación vigente en ese momento,  las acciones de los sacerdotes jesuitas, eran actos de traición, en beneficio  de potencia extranjera, dado que nuestro conflicto nacional se internacionalizó. Y en razón de esa realidad, las acciones que condujeron a su muerte, prescritas como de legítima defensa del Estado, frente a la traición, favorable a potencia extranjera. 

Puede la legislación presente, no estar de acuerdo con la de la época en la que se dieron los hechos y, hasta el criterio católico, puede ser modificado para legitimar hoy, la  injusta agresión  en los años de nuestro conflicto armado,  pero dicha modificación, no altera la naturaleza de los hechos, ni sus efectos. En España, pueden hoy exhumar de sus tumbas a los Generales Mola y Sanjurjo -por haber promovido el levantamiento de 1936 -  sepultados en el Monumento a los Caídos de Pamplona,  para reparar, según el Alcalde de Pamplona, el daño a las víctimas, según la Justicia Transicional y la Justicia Restaurativa. Pero los  hechos de 1936 no podrán cambiarlos, por mucho que hagan hoy. Tampoco, derribando las estatuas de José Antonio Primo de Rivera o de José Millán Astray, pueden hacer desaparecer   el nacionalismo español o, a la Legión, como heredera de los gloriosos Tercios españoles.

Es necesario primero, delimitar el problema: una cosa fue la muerte de los jesuitas, dentro de una situación de guerra y,  la consideración jurídica de los hechos,  en una variante conceptualización jurídica. Los motivos deben  apreciarse según el momento en que éstos se ejecutan y no, bajo apreciaciones actuales. La aplicación del Derecho tiene que verse a la luz de la ley vigente, sin  apreciación de la motivación, pero teniendo siempre presente que la norma religiosa, es la que ha dado vida al sistema normativo humano, expresado en la moral, el convencionalismo social y el Derecho, haciéndose inseparables en la gnoseología (ciencia o doctrina del conocimiento),  pero separadas, por los entes sancionatorios de las mismas, establecidos por el poder que ejerce dicho control.

Tanto para la ley como para la moral, para el convencionalismo social y la religión, nuestro pasado conflicto armado, ya ha sido superado y, la prueba de ello es científica: hoy, veteranos militares e insurgentes desmovilizados, reclaman, hombro a hombro, lo ofrecido y no cumplido por el Gobierno. Derogada la Ley de Amnistía, nadie ha presentado denuncia alguna, demostrando que no hay interés en ver hacia el pasado, sino hacia el futuro. Han dicho los descendientes de las victimas del FMLN, que no quieren continuar removiendo el pasado,  prefieren llorar a sus víctimas en lo interno de su religión; sólo la gestión jesuita – siendo de religiosos, imitadores de Cristo - no permite cerrar un capítulo de la vida salvadoreña, un capitulo que ellos mismos abrieron,  conjuntamente con el apoyo de intereses geopolíticos de potencias en disputa, contra la influencia de los Estados Unidos y el capitalismo globalizado.

Nadie quiere retomar el conflicto, sin embargo, la participación de entidades internacionales promotoras de la Justicia Transicional y Justicia Restaurativa, al procurar generalizar los procesos, en contra de los antiguos miembros del Gobierno, FFAA y empresarios privados, sí pueden provocar que  también se iniciasen procesos contra la izquierda, en una legítima defensa, en una cadena de dominó que ahogaría el sistema y la capacidad judicial del país, como lo ha anticipado el Fiscal General de la República.

En el momento en que la economía salvadoreña está al borde del colapso, que las maras ejercen un control territorial superior al del Estado, que todos los fondos gubernamentales sirven a la corrupción de los Gobernantes y que, las estructuras del narcotráfico controlan la institucionalidad del país. El Salvador no necesita un conflicto más, a no ser que la estrategia sea, la de crear una crisis, para la construcción de una nueva realidad socialista, con una nueva conciencia, basada en la Teología de la Liberación y que, para la población,  la corrupción gubernamental que la agobia, sea insignificante frente a un caos nacional.