UCA VRS BUKELE

Por      

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

El plan de seguridad implementado por el gobierno, con el propósito de contener a las pandillas, se está enfrentando a la consideración de los Derechos Humanos de estos grupos terroristas, porque sus defensores, los consideran grupos marginados de la sociedad, a los que el Estado debe toda consideración. Visión es esta, sostenida desde la UCA, por defensores de los Derechos Humanos, que se opone a la visión del Gobierno, que ha entendido claramente, que son una amenaza terrorista a la estabilidad nacional, que impide la recuperación económica del país y además, son causa de la emigración forzada.

Desde el 2016, cuando la tregua con las pandillas fue cuestionada fuertemente, se inició una campaña para denunciar las violaciones de Derechos Humanos de los mareros, particularmente desde la UCA, por parte del Padre Rodolfo Cardenal. En ese momento, esa campaña se confundía con la trama electora que era contraria al FMLN y favorable a Bukele, confundiéndose también, con la campaña por la violación de los Derechos Humanos en el pasado conflicto. Tildan hoy, al gobierno de Bukele de “capitalismo remozado”, para identificarlo como continuidad ideológica, de los gobiernos de ARENA y FMLN.

A finales del 2018, cuando el FMLN quiso dar la imagen de contención a las pandillas, se dijo, desde la UCA, que era una “guerra” contra la población; afirmación que marco un distanciamiento definitivo con la autoridad salvadoreña, exigiendo tratar el fenómeno, en base al diálogo y asistencialismo estatal, olvidando su calidad de delincuentes, que no abandonaran su confrontación con las fuerzas del orden ni con el sistema jurídico establecido.

Primero la UCA, luego el informe de las Naciones Unidas y hoy, Amnistía Internacional han señalado al actual Gobierno cono violador de los Derechos humanos de los pandilleros y, en un futuro, habrá señalamientos contra Bukele y los altos mandos policial y militar. Considerando que complementar los planes de seguridad, llevarán un mínimo de tres a cuatro años, será inevitable la confrontación con los grupos terroristas.

Los juzgamientos por violaciones de Derechos Humanos en el pasado conflicto, están creando modificaciones en el Derecho que, suprime la potestad de establecer normas y procedimientos, a la Asamblea Legislativa y la substituyen por jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional y sentencias extranjeras que tienen su asidero “legal”, en la aplicación de tratados internacionales de Derechos Humanos, pero que no tienen relación con nuestra estructura jurídica, ni idiosincrasia, se ésta apreciando esto, en el procesos penal en que se involucran Derechos Humanos y cuestiones relativas a familia, en cuanto a identidad de género.

Si la forma de estos procesos penales queda establecida primero, en el Mozote, luego en el caso jesuitas y otros que ya se están iniciando en la fiscalía, es muy seguro que serán juzgados, con los mismos procedimientos y argumentos, quienes están hoy, combatiendo a las pandillas.

El apoyo del cual goza hoy Bukele en el exterior, por su política de contención a las maras, podría verse revertido por los grupos de Derechos Humanos, que tienen una impresionante capacidad de cabildeo y podrían a la larga hacer disminuir el apoyo al combate de las pandillas. Para nosotros los salvadoreños está muy claro que las pandillas son grupos terroristas y deben de ser sometidos por la fuerza de la ley.

Someter a las pandillas es necesario si queremos tener inversión y desarrollo a largo plazo, pero debemos evitar que la presión internacional, en favor de estos grupos terroristas, se imponga por motivos ideológicos. La lucha contra el terrorismo exige un enfoque diferente al delincuencial, pues la existencia del Estado depende de la paz interna, para que la población pueda vivir.