Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCION
Entre el sistema político y la actividad económica,
hay íntima relación. El más grave síntoma del deterioro de dicha relación, es
la emigración. Cuando el sistema
imperante, no permite condiciones favorables de vida, en el país, se favorecen,
la corrupción y el crimen organizado transnacional, forzando la emigración.
Todo sistema político, republicano o monárquico, que
sostiene el sistema de libertades, prospera y, es por eso, que los Gobiernos
autocráticos, tienden en su restricción de libertades, a disminuir las
libertades políticas y económicas: las primeras, para favorecer el control
férreo del Estado y, las segundas, para sostener, a base de populismo, la estabilidad
social y las necesidades del Gobierno.
Sin entrar a cuestiones ideológicas, puede afirmarse
que, en la medida que haya mayores restricciones, dentro de un Estado, más difícil
será el sostenimiento de la vida en sociedad, dificultad que favorecerá
primero, la corrupción: crease el terreno fértil, para el crimen organizado y
su estadio último, la emigración; primero,
de los más vulnerables y luego, la clase media, que decrece, pero la cual,
tiene el talento de fructificar en el extranjero, el final, es la emigración,
del capital nacional.
Las recientes declaraciones, sobre que El Salvador es
un narco-Estado, no son nuevas: desde el 2017, se vincula a José Luís Merino,
con Tareck El Aissami, alto funcionario del Gobierno venezolano, vinculado con
el narcoterrorismo, lavado de dinero y, tráfico internacional de armas, y que hace
de El Salvador, uno de sus satélites.
La participación política y delincuencial de José Luís
Merino, ha venido creciendo desde 1995 a la fecha, favoreciendo el ingreso de
otros funcionarios vinculados con la estructura de Enrique Rais, la MS13 y la
Mara 18, al grado que, varios de los funcionarios de Nuevas Ideas, por vos
pupuli de sus municipios, se vinculan con dichas estructuras.
En cuanto sean más fuertes, la corrupción y el crimen
organizado, la viabilidad del país, disminuirá, en relación directamente
proporcional, y por ello, vemos un aumento en la emigración que, desde hace
muchos años, no es vista como el resultado de un problema social y político,
sino por sus remesas, como un alivio económico: han permitido sostener la
estructura de servicios del país, indirectamente alimentando al Gobierno, con
sus impuestos y generando empleos en el sector privado.
Las actuales ofertas del Gobierno, de despegue económico
del país, son forma de populismo pues, de hecho, dan mayor reglamentación, para
la actividad productiva y esta, sin los estímulos adecuados, dentro de un
contexto mundial y regional, no permite que sean aprovechadas las iniciativas
legales; al contrario, veremos medidas populistas, sin el resultado esperado: con
el desarrollo nacional, frenar la emigración.
La corrupción, alimentada por el exceso de
reglamentación, estimula el crimen organizado: a mayor restricción, mayor
corrupción y, si una persona considera que sólo podrá trabajar en otro país,
vera la forma de emigrar, sacrificando para ello, sus posesiones, con la esperanza
de recuperarlas al tener una vida mejor.
Si con la acción ciudadana electoral, no puede cambiarse
el sistema político, porque está legitimado por la corrupción del Gobierno, el
país, no tendrá el desarrollo necesario para conservar a sus ciudadanos, dentro
de su territorio. Si para mantener la estabilidad social, el Gobierno recurre
al asistencialismo, que no podrá ser sostenido indefinidamente: le será
necesario recurrir a los recursos, hoy en manos privadas, para sostenerse,
hasta que éstos, sean consumidos, teniendo luego que acudir a la asistencia
internacional.
Sólo un sistema sin corrupción, fundamentado en las
libertades ciudadanas y económicas, puede asegurar, el desarrollo y estabilidad
nacional, acabando con la emigración.
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