EN LA EMERGENCIA NACIONAL, LA FFAA ES SUBUTILIZADA.

Por    

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com

San Salvador, 10 de abril  2016.

Todo salvadoreño supone que la participación directa de la FFAA, pondrá fin a la espiral de muerte e inseguridad que vive El Salvador,  pero esta esperanza, es vana, porque la subutilización  de dichas fuerzas, no permite obtener los resultados esperados; constituye en realidad, de dichas fuerzas, un uso populista. El único provecho será para el Gobierno,  con un nuevo endeudamiento y para las pandillas, con su potenciación.

El Ministro de Defensa, General  David Munguía Payes, declara que, de los 19,000 elementos de la FFAA, sólo son operativos 9,500 y que, de éstos, más de 8,300, están en un redespliegue en diez municipios, pero no menciona qué pasa en los otros 252 municipios. La reducción de la FFAA, después de los Acuerdos de Paz de 1992, fue para adecuar ésta, a una nueva situación de paz, sin destruir su capacidad operativa, a menos  que ésta, se subutilice deliberadamente. Y aún más: el llamar a la reserva para apoyar a la PNC, que tal es la propuesta del Gobierno, contradice lo antes dispuesto por la Asamblea Legislativa y podría crear problemas legales, en favor de los pandilleros. Cuando se suprimió el Servicio Territorial, considerado en el Titulo VII, Mando y Servicio Territorial,  de la Ordenanza del Ejército,  la Asamblea estableció: “Que el nuevo régimen de Reserva de la Fuerza Armada, será ajeno a cualquier función de Seguridad Pública o de control poblacional y territorial”.

La FFAA tiene la capacidad de control territorial que le exige la Constitución y la población necesita y, su instrumento,  es el pleno cumplimiento de la LEY DE PROCEDIMIENTO PARA DECRETAR LA EMERGENCIA NACIONA,  pues en su Art. 1 de dicha ley, establece la procedencia del Decreto de Emergencia, sí existe la interrupción o amenaza en la continuidad de los servicios esenciales a la comunidad, prestados por el Estado, los Municipios, las Instituciones Oficiales Autónomas o, por empresas privadas que prestan por contrato, esos servicios; es decir, que se está interrumpiendo la vida normal de la sociedad, en detrimento de la efectiva realización de la igualdad y del bienestar social. En el caso actual, la amenaza ya ha sido determinada por  la Sala de lo Constitucional, desde el 23/agosto/2015, dice así en una de sus partes: “Son grupos terroristas las pandillas denominadas Mara Salvatrucha o MS-13 y la Pandilla 18 o mara 18, y cualquier otra pandilla u organización criminal que busque arrogarse el ejercicio de las potestades pertenecientes al ámbito de la soberanía del Estado, atemorizando, poniendo en grave riesgo o afectando sistemática e indiscriminadamente los derechos fundamentales de la población o de parte de ella”.  Prohíbe también el fallo de la Sala, toda negociación o acciones que  favorezcan a grupos terroristas como las pandillas existentes. Esta Sentencia fue motivada por la solicitud que hicieron Abogados allegados a FESPAD para declarar inconstitucional la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo LECA y, no sería de extrañar que hoy, aprovechen cualquier irregularidad legal, para obstaculizar la represión a las pandillas.

La aplicación de la Constitución, Ley de Procedimiento para decretar la Emergencia Nacional y, un decreto de Emergencia Nacional, relacionando la inestabilidad del Estado, por causa de las pandillas, sería suficiente para que la FFAA actuara de manera autónoma, contra estos grupos terroristas y no sólo, en tareas de acompañamiento a la PNC, sino  en la directa persecución y captura o neutralización  de estos grupos. El procedimiento, luego de su captura, tendría que estar a cargo de la Fiscalía General de la República y de los diferentes Tribunales; entidades que sí deben  ser reforzadas en su presupuesto, para que tengan la capacidad de procesar, a poco más de 40,000 pandilleros.

Si no se toman las medidas adecuadas, la situación nacional se deteriorará aún más. De no lograrse  los objetivos planteados, sólo quedaría la negociación con las pandillas, lo que significaría un Estado Fallido, incongruente con un Estado de Derecho. No serán los cien millones de dólares que hoy pide el Ejecutivo,  ni los  polideportivos o campañas de subsidio, ni la pinta de  paredes, los que detendrá a las pandillas. Si la fortuna del Viejo Lin, es de treinta y un millones de dólares  y aún se duda en perseguir a sus prestanombres, no es mucho lo que podemos esperar de un redespliegue de la FFAA, en la esperanza de hacer capturas en flagrancia, sobre todo, cuando la población se calla por temor al terrorismo y porque las autoridades sólo pueden patrullar y por temor a ser reconocidos por las maras, se quitan las insignias propias de sus unidades y se cubren la cara.

La solución depende de las medidas que el Gobierno tenga la voluntad de tomar, en estricto apego a la legislación vigente y no, a consideraciones populistas. El populismo sólo beneficia a las pandillas y agrava la inseguridad de la Nación.