LA PERSECUCIÓN A LA ANEP

Por    

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com

San Salvador, 25 de abril  2016.

Desde el triunfo de Mauricio Funes, se ha intentado por cuatro veces, dominar o convertir a las gremiales empresariales, en pro gubernamentales, debido a que la posición de libertad empresarial y política, sostenida por la ANEP, es incompatible con la política Gubernamental. Dicho intento de transformación ha dado origen a fricciones que no proceden de las gremiales, sino del Gobierno, al pretender imponer un criterio distinto del empresarial. Criterio que convertiría al país, en patrimonio partidario y perdiéndose el sistema basado en la libertad y la capacidad individual.

El primer intento de controlar la economía y las gremiales empresariales, fue la creación de la Unión Nacional de Empresarios Salvadoreños (UNAES): entidad gremial presidida por Byron Larrazabal y por Julio Villagrán, uno de los gerentes de ALBA en su división de venta de combustible al menudeo. Nunca pasó dicha entidad,  de ser noticia periodística, durante abril y mayo del 2009 y además, de citársela en algunos medios de Izquierda como FARABUNDOTERRA, MONCADA Lectores y el CoLatino.

Una gremial empresarial surge del quehacer económico de un grupo con intereses comunes y no, de un propósito político que perseguía como fin, que los empresarios se sumaran al Gobierno, para obtener sus beneficios y ser una extensión de la política gubernamental  logrando así, tener un completo control de la economía nacional. Esta idea surgió de las exigencias geopolíticas del ALBA y sería ejecutada por “los amigos de Mauricio”.

La retórica de dichos personajes era la siguiente: En completo abandono estamos la inmensa mayoría del empresariado salvadoreños y consideramos  que seremos un referente para el sector que, en los últimos años, no ha tenido apoyo de las gremiales como la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), considerando que sólo ha estado respondiendo al gran empresariado y a  los gobiernos de turno. De haberse aceptado esta propuesta, el libre empresariado habría aceptado la dirección estatal en sus empresas y la sobrevivencia de las mismas, a largo plazo, sería dudosa sin la auténtica iniciativa privada.

Un segundo intento de minimizar a la ANEP, fue discutir los asuntos económicos nacionales, con grupos no empresariales,  organizaciones campesinas pro gobiernistas, organizaciones feministas, de derechos humanos y varias otras,  para que así, la posición de la ANEP, representando a un total de cincuenta y dos gremiales, que representan el 100% de la actividad económica del país, quedara minimizada ante la opinión de todas las demás.

El tercer intento, fue la confrontación directa y persecución económica a las empresas más representativas, acusándolas de evasoras y haciéndoles más difícil las exportaciones e importaciones, pero  favoreciendo  a las empresas ALBA, en sus gestiones económicas en competencia con las nacionales.

Cuarto intento, es propiciar la dirección “no confrontativo” de la ANEP,  que facilitaría los trámites y demás gestiones gubernamentales de muchos y de los más relevantes empresarios que hayan consentido con el esquema Gubernamental.  Esta figura,  es la que actualmente se ha dado en Nicaragua: todo empresario que permite la injerencia política y económica de la familia Ortega,  puede trabajar,  pero siempre y cuando no tenga opinión política propia. ¿Será este sistema el que nos conviene para mantener nuestra economía o será la libertad económica que garantiza nuestra Constitución?

Este esquema de presión sobre la empresa privada es repetitivo, es repetitivo en Latinoamérica, pues  el mismo,  se ha dado en Venezuela contra FEDECAMARAS y en Ecuador contra la Cámara de Comercio de Guayaquil. La presión que hoy vemos sobre la ANEP, proviene de las políticas ALBA. La defensa de los principios de libertad económica y política, concierne  a quienes fundan sus empresas en dichos principios, aglutinando así,  a todos los salvadoreños.