Por
Lic. Fernán Camilo
Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN
ACCIÓN
http://publicacionaccion.blogspot.com
San Salvador, 16 de
abril 2016.
La Asociación Nacional
de la Empresa Privada (ANEP), al defender la libertad económica, defiende también la libertad
política. Es necesario comprender que en ésta defensa, está su función
social, oponiéndose a todas las medidas gubernamentales, ajenas a los principios
de nuestra Constitución. Si así, no lo hiciese, veríamos el desaparecimiento del espíritu de la empresa privada y el
sometimiento individual de las fuerzas económicas, al criterio estatal.
Peligrosísimo es a la
vida nacional, toda medida que tenga por propósito disminuir la libre actividad
de la empresa privada. Y decimos a la vida nacional, porque recorriendo nuestra
historia, encontramos que la vida de la
nación, su progreso, su civilización, ha sido sostenida, apoyada y realizada
por la empresa privada. El Gobierno sostiene la inversión del Estado con el
producto que genera el trabajo particular, es decir, de la empresa privada.
Suponiendo que el Estado con sus medidas, lograse intervenirla, sería secar la
principal fuente de ingreso al tesoro nacional. ¿Quiénes son los que pagan más
y mayores impuestos? Los que trabajan en la empresa privada. ¿A quién se acude
para las obras altruistas? A la empresa privada. ¿A quién golpea más la delincuencia?
A la empresa privada. ¿A quién culpa El
Estado, luego de sus desatinos? A la empresa privada. ¿Cuáles instituciones dan
mejor servicio? Las de la empresa privada. El Gobierno invoca la solidaridad
para el progreso de la nación, pero ésta, sólo la logra la empresa privada, en
plena libertad económica y política.
Pedir sumisión a la
empresa privada, es desconectar el motor productivo: es la iniciativa
privada la que mantiene la
economía; el Gobierno se nutre de ella,
no la genera. Citemos algunos ejemplos: FEDECAMARAS en Venezuela o La Cámara de
Comercio de Guayaquil, Ecuador - países
que proclaman el Socialismo del Siglo XXI -, se han convertido en serios
opositores al Gobierno. En El Salvador, ha sido la ANEP, que además de la oposición y consciente del
peligro, tienen otro denominador común: la no promoción de las líneas
electorales de los partidos de oposición, defendiendo con su actitud, los intereses
gremiales.
Las empresas ALBA,
entidad geopolítica, ofrecen negocios a quienes se pliegan a sus condiciones
políticas y así, funden sus intereses, favorables a Venezuela, con los
empresariales personales, pero con desmedro de los gremiales nacionales.
Sostener esta posición va en perjuicio
de los mismos intereses gremiales,
pues buscan el dominio gremial empresarial, para evitar la misma libre competencia. La
labor social que las empresas ALBA publicitan es sólo, una proyección política
partidaria y no una verdadera función social empresarial.
Creen muchos, que el
Socialismo del Siglo XXI es mentira porque ven que los dirigentes políticos de izquierda,
aunque lo defienden, todos son
empresarios y como tales, pueden y tienen que convivir dentro del libre
quehacer gremial empresarial. Más, sin
embargo, su habilidad, es sólo apariencia: lo exitoso de sus empresas, no es
producto de arduo trabajo ni de su inteligencia, sino de la inversión
extranjera, producto del petróleo que ha consumido El Salvador y que, para
mantenerse como empresas, necesitan del
concurso y favorecimiento directo del Estado salvadoreño: son meros gerentes de un consorcio político transnacional
y que, envolvente cual hiedra, hace imposible su convivencia, con la
empresa nacional.
Concluimos que en la
defensa de la empresa privada, nos va la liberta, el progreso y la vigencia de
nuestros principios constitucionales democráticos; todos los salvadoreños
debemos de estar conscientes de que el Gobierno ataca a la empresa privada porque
ésta se opone a sus designios socializadores y todo cambio dentro de la ANEP,
favorable a la posición gubernamental, sería muy desfavorable para la nación.
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