Por
Lic. Fernán Camilo
Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN
ACCIÓN
http://publicacionaccion.blogspot.com
San Salvador, 6 de
agosto de 2016.
Si una investigación
judicializada, establece que la Mara Salvatrucha ha recibido $ 25 millones de
dólares, forzoso es preguntarse: ¿De quién se los recibió? Y, ¿Quién permitió
tal ingreso? De no responderse, es porque la estructura Gubernamental ha
fallado; es un caso tan grave que, al juzgarlo, no basta la deducción de responsabilidades
de éste, o de otro funcionario público, pues afecta la legitimidad de una parte
del Gobierno, no por su nombramiento, sino por el desempeño delictuoso de sus
funciones pues éstas, han sido contrarias a sus fines, y han provocado el
desamparo al ciudadano honrado y, no es lo que espera la comunidad
internacional.
Las Sentencias de la Sala
de lo Constitucional, señalan una responsabilidad
del Estado, sobre los derechos del individuo y, la protección que a éste, le
debe. Ahora, algunas estructuras del Gobierno han permitido sistemáticamente,
el sometimiento de la persona a estructuras de fuerza, paralelas al Estado.
El indicador de
homicidios diarios, ya no es referencia útil, para medir el estado de la violencia
en el país, pues ésta se fija únicamente, por el número de muertos legalmente
registrado, creándose así, la necesidad de establecer nuevos indicadores más representativos de la realidad
salvadoreña, en basándose en los montos que recaudan las estructuras delincuenciales
y los efectos en la población.
Estudio de la UCA,
referente al 2013, establece que migran diariamente entre
500 y 700 personas. Y el 89.9% de inmigrantes salvadoreños es de 18 a 64 años. Estos
datos no son congruentes con la reunificación familiar o, con la falta de
trabajo; sigue un patrón: de sus lugares de origen, a otros dentro del país y
de allí, hacia el extranjero. La emigración es producto de la violencia interna, que busca la extorsión del
ciudadano como una fuente no legal de ingreso para las pandillas.
Los $ 25 millones de
dólares percibidos por la MS, es pequeña
cantidad, si la comparamos con lo que perciben las pandillas, como producto de
las extorsiones: el transporte público afirma que, colectivamente pagan como
extorsión $ 30 millones de dólares al año, casi la totalidad del subsidio que reciben del
Estado. Sólo $ 18 millones son producto de las extorsiones denunciadas y, según
las gremiales empresariales, se extorsiona al 79% de la actividad económica nacional.
Hecho que nos obliga a
considerar un segundo indicador de violencia: el decrecimiento económico
anormal (lo que está bajo del promedio centroamericano) con el número de
empresas cerradas. Sólo así, podremos tener una
relación humano/económica del impacto de las pandillas. Pues a este ritmo,
por más impuestos que el Estado imponga al ciudadano o que reciba estímulos internacionales para combatir la delincuencia,
siempre será superior el beneficio que reciban las pandillas, por lo que la
misma estructura del Gobierno promueve,
por complicidad o negligencia, la destrucción del país.
El proceso está siendo
investigado por la Fiscalía General de la República y judicializado y,
dependerá del resultado, establecer el grado de fortaleza institucional que posee
El Salvador, pues éste proceso es crucial, para probar la
capacidad institucional del Estado; de lo contrario, necesario sería solicitar a entidades extranjeras la solución de nuestros problemas nacionales,
lo que eliminaría en sí, la soberanía nacional. El interés que puedan presentar
otros organismos internacionales no está en un fin altruista, sino en velar por
la seguridad regional, que se ve amenazada, por un Gobierno incapaz y corrupto.
Todas las estadísticas que
da el Gobierno en relación con las pandillas y sus efectos, son disminuidas y
alteradas, contrastan con otras
investigaciones independientes, lo que
presume, complicidad.
No hay comentarios:
Publicar un comentario