Por
Lic. Fernán Camilo
Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN
ACCIÓN
http://publicacionaccion.blogspot.com
San Salvador, 11 de
agosto de 2016.
Como derivación del “QUINTO
INFORME ESTADO DE LA REGION Pobreza en Centroamérica: Evolución 2000-2014 y
situación actual”; se ha pretendido la relación
de gasto público, con la insatisfacción social y eliminación de la pobreza, las
cuales son limitadas por los gastos de las Fuerzas Armadas y policiales del
área, disminuyendo así, el desarrollo de
la región. Se basan esas erróneas apreciaciones, en los conceptos antimilitaristas
de la Guerra Fría y, en la relación conceptual: a mayor gasto militar, menor desarrollo
democrático y social.
La región tiene
amenazas medioambientales, geopolíticas y delincuenciales que son, en
definitiva, contenidas por las distintas Fuerzas Armadas y policiales, dentro
de la estructura de la protección civil, las acciones de Seguridad Púbica y Seguridad
Nacional, es más, dada la complejidad de las amenazas, ya se planean acciones
conjuntas, entre los países que conforman el Triángulo Norte. Pero no se puede hablar, de ninguna manera,
de militarización, pues sus acciones no
afectan la estructura política del área y, más bien, son el contrapeso
necesario, para evitar que las acciones del crimen organizado transnacional,
controlen las estructuras políticas.
En un artículo titulado
LA MILITARIZACIÓN EN CENTROAMERICA, publicado el 6/8/2016 en la Nación, Costa
Rica, bajo la responsabilidad de Víctor Hugo Murillo S. se asegura que el gasto
en las Fuerzas Armadas Salvadoreñas, es de un 4.6% del PIB. Esta cifra contrasta
con las publicadas en otros estudios publicados por la BBC y la Red de Seguridad y Defensa de América
Latina (REDSAL), que afirman, es de
0.9%. Dicha discrepancia, revela un
problema subyacente: la manipulación política de los fondos públicos que se
exigen para una cosa y se gastan en otra. Por ejemplo: se aprobó un préstamo de
$ 152 millones, para combatir la
delincuencia, pero se toman $ 33
millones, para pago de pensiones a
militares en situación de retiro y, no se pagan; durante los últimos años, no han sido pagadas
las cotizaciones patronales y al dinero
se les ha dado un destino diferente, pretendiendo reponerlo posteriormente de
otras partidas, por lo que resulta un presupuesto inflado y falso.
Costa Rica y Panamá, no
poseen ejércitos formales, pero sí, una
fuerza suficiente para sus necesidades de Seguridad y que se equipara, en
especialización y estructuración, a una Fuerza Armada regular, destinando un
presupuesto real del 2% del PIB,
cantidad que duplica para tal fin, los demás presupuestos del área
centroamericana. El crimen organizado, ya ha sobrepasado los conceptos normales
de Seguridad Pública y, se ha convertido en una amenaza a la vida económica y
política de la región. Según el estudio sobre el estado de la región, Costa Rica y Panamá, son los países que han
combatido mejor los índices de pobreza, pero ha invertido una cantidad
superior, para el control de las amenazas que pueden desestabilizarlos.
En nuestro país, la
manipulación del presupuesto público, es síntoma de la corrupción política, la
cual es estimulada por el crimen organizado que, comprando la voluntad de los
servidores públicos, degrada los valores morales y cívicos, haciendo aceptable
cualquier maniobra populista y de corrupción.
Una variable, en la
condición interna antes expuesta, es la influencia geopolítica de Rusia y de
China, que puede estimular conflictos en el área, vía Nicaragua, para crear un escenario
secundario dentro de la nueva geopolítica multipolar. Nicaragua, con armamento
Ruso, crea un desbalance militar regional, desechándose los acuerdos de
Contadora y Esquipulas II.
El desbalance militar y
la amenaza regional de las pandillas, como desestabilizadores políticos del
sistema, son justificantes para gasto
mayor en la Seguridad Pública y, en la Seguridad Nacional, en el Triángulo Norte.
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