Por
Lic. Fernán Camilo
Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN
ACCIÓN
http://publicacionaccion.blogspot.com
San Salvador, 3 de
agosto de 2016.
Se ha pasado, en tres
semanas, de solicitar la aprobación de préstamos para solventar un problema de
caja, a un pacto fiscal y, de allí, a la proposición de un cambio estructural,
basándose en la Justicia Restaurativa. En síntesis, de un déficit
presupuestario, se pasa a un problema de política fiscal y, de allí, a una
cuestión de sistema económico, relacionado con la política del conflicto. ¿Ha
sido este rápido cambio, resultado de una situación Gubernamental, forzada por
su tambaleante situación o, ha sido producto de situaciones largamente
planificadas, que se presentan juntas, al madurar la situación política? Son
preguntas a que debemos responder.
La Justicia
Restaurativa tiene su origen en el estudio sociológico, del comportamiento de
tribus aisladas, en Canadá y Perú: en el
reducido ámbito de la tribu, el delincuente es castigado con la reparación a la
víctima, del daño ocasionado, expresando su arrepentimiento y sirviendo a la
tribu, en trabajos comunitarios; esto último, para forzar la sumisión del
individuo, al ente social. Este proceder de la tribu, aplicado al Estado, puede
entenderse como una variante sui géneris, de la ejemplarización y readaptación del individuo, a la estructura
jurídica del Estado, como forma de estabilización social.
Esta justicia, basada
en la estructura tribal, puede tener aplicación en donde dicha estructura se traslapa con la
forma del Estado moderno, como en algunos Estados africanos, o en reservaciones
indígenas, pero no puede tener aplicación, en sociedades estructuradas en base
al individualismo, como las europeas y americanas.
Debido a sus necesidades,
el Gobierno funciona sin lograr sus objetivos, aumentando la complejidad de su
situación: desde pedir aprobación de un
préstamo, hasta proponer un cambio total, en la estructura económica del país:
aúna cada vez más, situaciones prácticas con cuestiones estrictamente
ideológicas y, que nada tienen que ver, con la economía, como los efectos en la
sociedad salvadoreña, del pasado conflicto armado.
Llama la atención, lo
que dijeron, en una entrevista matutina en un canal de TV, Juan José Martel y Dagoberto Gutiérrez.: hicieron referencia, a la necesidad de un cambio
estructural de modelo económico, para satisfacer las necesidades de las
víctimas, conforme a principios de la Justicia Restaurativa, pero aplicándola
en una concepción muy genérica: la agresión que ha sufrido, la sociedad,
víctima de un sistema económico perverso, alineando así, al Gobierno, con la
izquierda en general; en lo cual ve el Gobierno la posibilidad de solventar sus problemas
económicos y, la izquierda, una cuestión ideológica favorable.
Las declaraciones que
dio la gremial de veteranos militares “Causa Justa”, a un periódico vespertino,
afirmando que se apegaban a la Justicia Restaurativa y planteaban una
restauración de los daños, bajo una ley ad hoc, exclusivamente de naturaleza
económica, a cargo del Estado, sin responsabilidad alguna, de naturaleza penal;
fue aclarada, por un correo de uno de sus directivos , aduciendo, la errónea
interpretación que el periodista dio a dichas declaraciones; no obstante, si el
periodista hizo tal interpretación, es porque la idea flota en el ambiente
político, sin que haya de dicha justicia, verdadero saber, ni conciencia de sus efectos por lo novedoso
de dichas teorías.
Cualesquiera los efectos de la aplicación de la Justicia
restaurativa, la sociedad tendrá que pagarlos con los impuestos; las miras directas del Gobierno, van hacia la
empresa privada, haciéndola responsable
de las causas del conflicto y de la violencia actual, pues se origina ésta en
las insatisfacciones dejadas luego de los Acuerdos de Paz: la vigencia del
modelo neo-liberal y no haberlo transformado según las aspiraciones de los
alzados en armas, hoy en el poder.
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