Por
Lic. Fernán Camilo
Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN
ACCIÓN
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San Salvador, 14 de
agosto de 2016.
Ha puesto en evidencia,
la judicialización de la operación “jaque”, que las pandillas ya no son cuestión de Seguridad Pública, pues
su fin es político (controlar los recursos que produce el Estado) cayendo así,
en la esfera de seguridad nacional y, en detrimento de los intereses
regionales. La lucha política, sólo por obtener los recursos existentes, sin
fines ideológicos, es comparable con las luchas tribales de Ruanda (entre los
Hutus y los Tutsis) que se expandió a Angola, Zimbabwe, Uganda y Namibia. Aquí
existe la capacidad material para
contener amenaza semejante de las pandillas,
que se extiende ya desde el Triángulo Norte hasta Europa, pero no hay en
El Salvador, para contenerlos, decisión política.
El Gobierno Salvadoreño
trata de minimizar la importancia de la operación jaque y de los planes
terroristas de las pandillas. Procura encubrir las conexiones pandilla – Gobierno, desviando
responsabilidades hacia mandos medios de las pandillas. Por el seguimiento
policial a los pandilleros, se develaron sus planes de terrorismo, para
desestabilizar al Gobierno. Todo fue descubierto por medio de escuchas
telefónicas, lo cual aclara la capacidad investigadora de los cuerpos de
inteligencia; sin embargo, por la judicialización del caso, se cortan
deliberadamente, las conexiones con el Gobierno y con la Alcaldía Municipal de
San Salvador.
El ex presidente Mauricio
Funes, en sus programas radiales, se esfuerza por desvirtuar las intervenciones
telefónicas en las que las pandillas,
comentaron haber recibido $ 25 millones de dólares, durante su Gobierno. Por
otra parte, los informes policiales, no quieren ahondar sobre las relaciones sorprendidas,
entre un alto funcionario de la Alcaldía Municipal de San Salvador y, los hoy
capturados. La transparencia nula, en el manejo de las armas que se encuentran
a resguardo del Ministerio de Defensa y las gestiones del Obispo Castrense, en
beneficio de las pandillas, son motivo
para sospechar corrupción y beneficio institucional, en favor de estas bandas
organizadas.
Ya son las pandillas, una
fuerza política armada y, obtener los recursos
que produce el Estado, son sus únicos intereses; para ello, controlan el territorio y la
población. Su lucha actual, es por controlar el aparato de Gobierno, utilizando
para ello, dos medios: la fuerza bruta y la conveniencia de los políticos, hoy
en el poder. La insistencia del Gobierno en las Treguas, tiene como objeto
justificar la influencia electoral de las pandillas, lo cual legitima las
estructuras delincuenciales en el país. Sin embargo, en la medida que las
panillas controlen el territorio y
desalojen a la población, en la misma medida, debilitarán al Gobierno.
La Seguridad Pública ve
a las pandillas, desde el punto de vista de la prevención y represión del
delito, pero la Seguridad Nacional, aborda éste problema desde la perspectiva
de la amenaza a la existencia del Estado
y, de la estructura de su Gobierno. Parece que el actual Gobierno, ve en las pandillas una mera cuestión delincuencial, que puede servirle electoralmente. Sin embargo, el
colapso económico causado por el presente y anterior Gobierno, potencia a las pandillas, a una posición de
poder, superior al del Estado y, siendo su lucha por los recursos, tanto el
Gobierno como las pandillas, ven su supervivencia en la explotación final de la
actividad privada. El 79% de las empresas, son ya extorsionadas y, el 96% de la
actividad económica informal, paga algún tipo de “renta”, sea por actividad
económica, por habitación, o por tránsito, lo cual acelera el deterioro
económico nacional.
Finalmente, es
conveniente considerar que la emigración de mareros a Italia y España,
representa para Europa, aunque en menor escala, el mismo grado de amenaza que
el del yihadismo islámico.
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