Por
Lic. Fernán Camilo
Álvarez Consuegra
El Tribunal Supremo Electoral,
pretendiendo restringir las expresiones políticas y públicas de los partidos políticos, emitió
resolución considerando que, la expresión política de las precandidaturas, es
propaganda adelantada. Dicha resolución es, en realidad, Ley Mordaza que no
sólo viola el Artículo 6 de la Constitución, sino además, excede las funciones
regulatorias del TSE, el principio de igualdad de la ley y los derechos
políticos de la ley, en un efecto que sólo puede lograrse bajo el régimen de
excepción.
Una resolución dada en el
preciso momento en que se va a debatir el problema de seguridad, ha sido porque no quiere oírse propuestas distintas a las que el Gobierno
implementa. También fue el preciso momento en que, Nayib Bukele estaba comenzando
una actividad proselitista para su partido y la cual se basa en los medios electrónicos
masivos. La resolución del TSE, es para callar cualquier expresión de los
opositores al Gobierno actual, a ARENA porque es un virtual ganador de las próximas
elecciones y a Bukele, porque sumará a sus estructuras, las bases y allegados
del FMLN.
La resolución del TSE
tiene dos dimensiones: la estrictamente jurídica, derivada de las graves
violaciones constitucionales y, la derivada de los pretendidos efectos de la
misma, por lo que hacemos dos consideraciones separadas.
Constitucionalmente, la igualdad “es un derecho subjetivo que posee
todo ciudadano a obtener un trato igual, que obliga y limita a los poderes
públicos a respetarlo y, exige que los supuestos de hecho iguales, sean
tratados idénticamente, en sus consecuencias jurídicas, abarcando también la
igualdad, en la aplicación de la ley”, para el caso que nos ocupa, el TSE pretende que la expresión política
esté limitada a segmentos poblacionales, los cuales no deben mezclarse entre sí, aunque naturalmente, forman un solo todo: la
masa electoral a la que hace referencia el Articulo 83 de la Constitución. En
consecuencia, los mensajes de ARENA, no deben llegar a los simpatizantes de los otros
partidos políticos y, los de estos, no
deben llegar a quien no este afiliado a
alguno. Esta falta de igualdad, que afecta a todos los ciudadanos, los encasillaría
dentro de feudos políticos, contra el dinamismo político que se basa en la
variabilidad de la opinión ciudadana y es el motor del sistema democrático.
Si no hubiese dinamismo
político, la filiación de ARENA no habría crecido de 90,000 a 122,000 o Nayib
Bukele, no hubiese solicitado, 1195 libros para la afiliación política en su partido.
Las pretensiones de
amordazar a los partidos políticos,
iniciaronse con una multa al precandidato de ARENA, Gustavo López
Davidson: fue sancionado por haber hecho pública su pretensión a la candidatura
interna de ARENA. Al recurrir de dicha sanción, se dejó en claro que, la
cuestión no era económica, sino de principio,
pues la libertad de expresión no se podía limitar.
El Gobierno, mediante el Tribunal Supremo Electoral,
pretende mantener un status quo político, en el cual los problemas nacionales,
no se debatan, sino hasta cuando las condiciones nacionales les sean favorables
o, al menos, controlables. La restricción en la libertad de expresión, es la válvula de seguridad, en la estabilidad
social, pues estamos sometidos a muy
grandes presiones: mareros que perturban la estabilidad nacional, economía que
amenaza con la quiebra del 70 % de los salvadoreños, Gobierno que carece de
recursos y pretende mantenerse en base a subsidios, necesitase una esperanza de cambio y, esa
esperanza, es la que pretende cortar el Tribunal Supremo Electoral.
La disposición inconstitucional
e ilegal, del TSE, seguramente no será obedecida, pero genera una presión más, a la difícil
situación social de El Salvador.
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