Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
En su discurso de triunfo, Nayib Bukele afirmó que su
gobierno pone fin al conflicto y confrontación; sin embargo, se opone a una Ley
de Reconciliación, y expresa su oposición de manera tan virulenta, que nos
preguntamos ¿Por qué se opone y a quien beneficiaría?
La presunta Ley de Reconciliación, sigue los
parámetros establecidos en la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía de
1993, bajo sentencia del 2016 – pese a todos los vicios de dicha Sentencia,
expuestos por el Coronel José Luis Alvarado, en una extensa obra – ya la misma
Ley de Amnistía fue juzgada el año 2000, y nuevamente juzgada, por el mismo
tribunal, el año 2016, bajo los mismos conceptos ya resueltos, invocando los
mismos derechos y bajo el mismo patrocinio. Estas circunstancias no han sido
invocadas ante los tribunales competentes, aunque se expusieron el 2018, en discusiones
promovidas por la comisión ad hoc, de la Asamblea Legislativa.
Esta Ley de Reconciliación, establece la posibilidad
de que cualquier particular o asociación denuncie violaciones de Derechos
Humanos, con el fin de que éstos sean investigados. En el presente, los grupos
dependientes de la Universidad Centroamericana buscan procesar 129 casos,
afirmando algunos que son hasta 600, todos acusando a la Fuerza Armada. Considérese,
sin embargo, que sus miembros sólo actuaron en cumplimiento a su misión constitucional
y que, las circunstancias les obligaron. El FMLN fue una fuerza beligerante que
lucho fuera de ley, por el control territorial, dentro de un conflicto global –
la Guerra Fría – se busca hoy, enjuiciar a quienes cumplieron con su deber de
defender el territorio pátrio.
El FMLN, cometió delitos de Lesa Humanidad y Crímenes
de Guerra: crímenes selectivos, para la sensibilización de la población, uso
minas, realizó genocidio de funcionarios públicos, por su filiación partidaria
y, destruyó infraestructuras para dañar a la población civil, generó
desplazamientos forzados y reclutamientos forzoso en adultos, menores y
personas incapaces de sobrellevar los rigores de un conflicto armado. Los
avisos de estos crímenes, a diferencia de las querellas presentadas por los
dependientes de la Universidad Centroamericana, no pretenden una reparación
económica, sino justicia, mientras que, las incoadas por la Universidad
Centroamericana, generaran millones de dólares que irán, no a las víctimas, sino
a la transnacional The Center for Justicie & Accontability y a sus
afiliados.
La Ley de Reconciliación tiene dos oposiciones:1) la
transnacional, pues se pone en riesgo muchos millones en indemnizaciones más lo
ya invertido - a la larga, pagará el Estado, con los impuestos del pueblo, 2)
Nayib Bukele, pierde con la Ley de Reconciliación, una de las herramientas que
posee, para doblegar a la cúpula del FMLN y sólo le queda la posibilidad de
procesarlos por los desfalcos al Estado durante su administración, pero si
éstos se investigasen, podría salir involucrado.
Hasta la fecha, Bukele ha tildado de legítimas las
luchas del FMLN, pues éstas son su origen. Actualmente está contra su cúpula,
pretendiendo convertirse en el único líder de izquierda, disputando esa hegemonía;
aunque se muestra por hoy, muy cercano a los Estados Unidos y las políticas
neo-liberales. El nombramiento de María Chichilco como Ministro, asegúrale como
propias las antiguas bases de las FPL controlando los mandos medios descontentos
de dicha organización, y ya controla las bases del ERP, excluidas del FMLN.
Parece que el lobby del dinero y el poder, continúan
manipulando la política, dejando como criminales a quienes actuaron conforme a
la Constitución y si el resultado de los procesos no demuestra los Crímenes de
Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra del FMLN, la Historia dirá que actuaron lícitamente
y que son válidos sus reclamos, para el futuro.
No hay comentarios:
Publicar un comentario