Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCION
Evidente es el cambio político en El Salvador: lo confirman los señalamientos en el
extranjero: conviene aclarar, cómo ha sido el mecanismo de cambio y, cómo será el
devenir geopolítico del país.
Ha sido la pandemia, sólo un factor distractor,
fundado en el miedo colectivo a la muerte y, con el cual, ha sido posible, el
control poblacional; y ha permitido, que se sumen a él, todos los partidos
políticos, con sus funcionarios Municipales y que, la Asamblea Legislativa,
funcione bajo la autoridad del Presidente, pero con cierta apariencia de legalidad:
los diputados ven la pandemia como una posibilidad electoral, sin considerar el
orden o principios constitucionales violados, como el incumplimiento a las Sentencias del Órgano
Judicial, las detenciones arbitrarias, sin ser sometidas a proceso judicial, o
a criterios científicos y, la impotencia del Fiscal General, para hacer valer
la Ley, son claves para determinar el Estado de autoritarismo, en el cual
vivimos.
Para lograr lo antedicho, se ha utilizado la fuerza
soberana, atribuida a las manifestaciones en redes sociales y, la cual, en sí
misma, constituye un fraude a la soberanía nacional: considerando que existen
cerca de 700,000 cuentas falsas, en Twitter, Facebook y, otras redes sociales,
que inducen y combaten al pensamiento disidente. Si consideramos que la población total del
país, en relación a esas cuentas, es de 12%, y si lo aplicamos a los
políticamente activos, que son cerca de 2,000,000, esta relación, es de 28.86%
y, si la sumamos a sus apoyos naturales (personas con algún resentimiento político
o, compradas por el asistencialismo estatal presente) Esta relación llega a un
70%, y así, el Presidente se siente muy sólido en su autoritarismo: es falsa apreciación de la soberanía, la cual no
es posible verificar hoy, salvo por medios electrónicos, los cuales son
manipulados por el Gobierno y que cierra hoy, algunas cuentas de opositores,
incrementando favorablemente su proporción.
Establecida la presunción del goce de la voluntad
soberana, basta con la supresión de los sistemas móviles (cuentas), para anular
la oposición, lo cual se percibe, por medio de las redes sociales, aparentando que
con el Presidente, está el 99% de la voluntad soberana, legitimando sus
acciones. La extensión de las restricciones de movilidad y, la restricción al
libre pensamiento, van destinadas a fortalecer al Gobierno, en sus planes de transformación
social, antes de que la presión internacional sea catalizada por la oposición
nacional.
Otro aspecto a considerar, es la reactivación económica:
ha sido aplazada por el Ejecutivo, no
permitiendo un análisis real; solo basado en las especulaciones de lo dicho por
sus troles, salvo la petición de 1,000 millones más, en deuda pública. Parece
indicar que estará basada en una economía dirigida y manipulada, desde el Gobierno
y la gran empresa, con un control férreo de la población, pues la movilidad que
hoy se restringe, va adquiriendo formas más complejas: mayores controles
(horarios de mercados, registro computacional de las personas que compran,
abastos limitados para cada sector, fijación de precios y, exclusión del
sistema a mayores de 60 años). Todo muy similar a Venezuela.
Por la necesidad de la pandemia, se hace prevalecer el
principio de “utilidad pública” y, si se ha utilizado para el cierre de
empresas, puede utilizarse también, para confiscaciones, en una nueva forma: la
supresión del Uso y Usufructo, dejando al particular, sólo la Nuda Propiedad.
Este sistema no es compatible con el sistema
capitalista del mundo Occidental y, pudiera acercarnos geopolíticamente a
China, Singapur, Rusia y a los países árabes o Irán, que todos han apoyado a
Venezuela, en su momento y con ellos, el Presidente Bukele, ha estrechado
relaciones.
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