Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCION
Merece un análisis, el hecho de que la organización
Human Rights Watch haya enviado una carta al Presidente Bukele, por el incumplimiento
de las sentencias de la Sala de lo Constitucional y las violaciones de los
Derechos Humanos, en los recientes días, dentro del régimen de excepción
vigente: los señalamientos los hace la mayor organización de Derechos Humanos
en el mundo, con fuerte influencia en la ONU, OEA, UE y sus recomendaciones e
influencia, se han hecho sentir en Centroamérica, al grado de modificar los
conceptos jurisprudenciales judiciales e influir en los criterios de la
Asamblea Legislativa.
El irrespeto del Órgano Ejecutivo, a las distintas sentencias
de la Sala de lo Constitucional – con las que trata de corregir los excesos y
abusos del Ejecutivo , en contra de la población -, ha dejado a la vista, la falsedad
jurídica, base de las acciones del Ejecutivo: “la vida humana, debe
privilegiarse sobre todos los demás derechos”, esta aseveración es falsa, pues
la vida, en su dimensión física, depende del ejercicio pleno, en conjunto, de
todos los demás derechos, sin reñir, con la libertad y los derechos económicos.
La higiene pública, posibilita el confinamiento forzoso
de una persona infectada, cuando se le han realizado las pruebas pertinentes,
pero no, por una mera presunción: por salir a la calle o no portar mascarilla.
Son la razón de dos decretos: uno por la pandemia y otro, restringiendo la
libertad, para no tener que no justificar, con pruebas médicas, el
internamiento y, negar el ingreso de salvadoreños; este fraude ha sido
entendido claramente por la Sala de lo Constitucional y, tratado de corregir,
mediante diferentes Habeas Corpus, aclaraciones y resoluciones de seguimiento.
La vida es protegida en la integralidad de sus
derechos, no en supuesta colisión, de uno contra otros. Cuando la Fuerza Armada
y PNC aseguran continuar ejerciendo fuerza, para la preservación de la vida,
siguiendo las disposiciones de Nayib Bukele, pese a las sentencias de la Sala
de lo Constitucional y, el clamor de la Asamblea Legislativa, les hace en
cadena, responsables de los abusos en los Derechos Humanos.
Gracias a las redes sociales, se ha sabido de los
diferentes abusos: desde disparar intencionalmente, muertes por negligencia en
los albergues, amenazas, castigos corporales y golpes con batones, ejercidos
mayormente, por miembros de la PNC, pero tolerados por los soldados que les
acompañan.
Los troles que callan estas denuncias,
ridiculizándolas o amenazando las voces disidentes, y los conflictos con los
Gobiernos de Guatemala, México y Ecuador, por la manipulación de información, son
ataques contra la moralidad y dignidad de las personas, haciendo las veces
modernas, de las antiguas formas de represión, por lo que, en un futuro, podrán
ser juzgados por la Justicia Universal.
Las soluciones propuestas para paliar la crisis,
creada por el mismo Ejecutivo: cargar al Seguro Social con las incapacidades,
cuando no ha habido un contagio o, de reactivar la economía con los ahorros de
los trabajadores, administrados por las AFP, destruirán el futuro del
trabajador formal: dichas instituciones, no fueron creadas para tal fin y la
liquidación de sus activos, será a descuento, no pudiendo la inversión, ser
recuperada en su totalidad, creando un perjuicio social irreparable.
Las acciones del Ejecutivo, dañan a los derechos de la
población, protegidos por el Art. 2 de la Constitución, que se desarrollan
tautológicamente, por lo que, no hay colisión de Derechos: de la vida y salud,
con los derechos económicos y la libertad.
Si el presente Gobierno, insiste en sus intenciones,
el país será considerado una dictadura, con las consecuencias que eso conlleva:
los señalamientos internaciones y crisis interna.
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