Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCION
Tres problemas fundamentales tiene la Ley Bitcoin: 1)
Su objetivo y alcance 2) su respaldo, 3) su aplicación. Problema secundario, es
la repercusión financiera, sobre activos particulares dentro de la nación, con
efectos directos en nuestra economía, que se relacionan con otras tendencias
dentro del Gobierno y su repercusión, en quienes buscan evitar el lavado de
dinero y las actividades de terrorismo.
Según el considerando expresado en la Ley, su objetivo
es beneficiar a los sectores a los que no llega el sistema financiero: el 70%
de la población. Realmente, el sistema financiero actual, llega al 100% de la
población; dicho porcentaje, utiliza el dólar estadounidense para la totalidad
de sus transacciones. El uso del internet, base para el Bitcoin, llega sólo al
21% de la población que, en su mayoría, está en las áreas urbanas.
Al declarar moneda oficial el Bitcoin y ordenar
obligatoria su aceptación, lo ha convertido en dinero Fiat (dinero por
decreto), sin asegurar su valor, que depende de entidad privada extranjera indefinible
y es fluctuante, dependiendo de su aceptación (cada vez menor), pero sin que el
Estado garantice su valor o existencia: las pérdidas y ganancias son a riesgo del
usuario, lo cual equivale a obligar a los salvadoreños, a jugar constantemente
a la bolsa de valores, sin poder tener la facultad de salir o invertir, pues cada
transacción es de incierto resultado, y para liberarse de esta especulación
forzosa, solo se podrá, dejando de ejercer actividad mercantil o trabajo. Los
empleados públicos y pensionados están ya en incertidumbre.
Principal problema practico, es no poder fijar un
precio de mercado y sostenerlo en el tiempo, lo cual hará muy difícil calcular
el precio de bienes y servicios: la capacidad de cambio del Bitcoin por dinero
circulante, estará limitada, al dólar que actualmente se usa en El Salvador.
En la actualidad, si alguien extravía su libreta
bancaria, chequera o cualquier título valor, éste puede ser repuesto, pero si
se tiene en forma electrónica y hay un fallo en el dispositivo, en la red, es hackeado, robado o la clave se extravía, el
Bitcoin no es recuperable.
Diferentes organismos internacionales como la ONU,
OEA, Banco Mundial etc, advierten que las criptomonedas (el Bitcoin es una de
ellas), pueden facilitar el lavado de dinero y el terrorismo, pues se carece de
los controles a los que está sujeta la banca formal, con el uso del dinero real
o físico.
En este momento muchas operaciones realizadas con
Bitcoin, están siendo investigadas por Estados Unidos y Europa. China la ha
declarado ilegal y, nosotros la legalizamos, dándole un respaldo soberano, lo
cual no conviene a los intereses financieros de El Salvador, pues limitamos
nuestro mercado.
La aprobación del Bitcoin, con la posibilidad de que
el Gobierno pueda tomar parte del dinero de los depositantes, a discrecionalidad
de la Superintendencia del Sistema Financiero y el Banco Central de Reserva,
podría indicar, según algunos economistas, que el Gobierno está próximo a enfrentar
una iliquidez, al no lograr concretar los préstamos solicitados y aprobados en
la Asamblea Legislativa y, posiblemente, no poder enfrentar los pagos a la
deuda pública, que deberán ser satisfechos, los próximos meses.
Estas medidas, convergen con las restricciones a la
prensa, que ya anunció el Gobierno, pues no es la apología del delito, lo que
se pretende evitar, sino las condiciones que se están desarrollando
internamente y que son contrarias, a lo que publicita el Gobierno.
Las denuncias de las diferentes organizaciones de
prensa, sobre la amenaza a la libertad de expresión y las advertencias sobre lo
que puede suceder sobre nuestra economía, son verdaderas señales de alarma.
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