Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCION
La esterilización social y económica de un país, se
debe a la corrupción: primero, inhabilita sus instituciones democráticas,
segundo, consume su economía; es proceso que se retroalimenta continuamente,
disminuye la inversión y las oportunidades de trabajo, drena su capital,
creando inestabilidad y problema humanitario: los ciudadanos se ven obligados a
abandonar su país. Todo, causa alarma en la comunidad internacional. Debe analizarse
este proceso desde dos medidas anunciadas ya, por el Gobierno: La Ley Bitcoin y
el proyecto de Ley del Agua; también la inminente reforma tributaria.
La generalizada corrupción del gobierno, destruye la
institucionalidad nacional: sirven las instituciones, para acciones, en contra
del mismo sistema democrático y, cambian o tergiversan los principios
constitucionales, anulando la institucionalidad, sin que opere ningún control, pues
la función última de la Fuerza Armada: ser garante de la soberanía, o sea, de
la institucionalidad misma, está anulada.
Esta situación, ha permitido que se diese la Ley
Bitcoin: analizando someramente su naturaleza, comprobamos que su aplicación, es
un adefesio, pero que cumple la misión de dotar con una moneda ficticia, por
los próximos dos años y ocho meses, al Gobierno, ante la falta de dólares para
sostenerse; será alternativa de circulación de los colones, en poder del BCR o,
de imprimir otra moneda, que se devaluaría, al no tener respaldo alguno, ni de
oro ni de producción.
El Bitcoin, tiene una cantidad finita: 21 millones de
unidades, de los cuales, ya fueron minados 19,107,825, faltando por minar
1,892.175, que se extrae a un ritmo de 1800 diarios, por lo que sólo tiene una
vida útil de únicamente 1,051,21 días o 2 años con 8 meses, para que no sea
sostenible. Hay entre 3 y 4 millones de Bitcoin perdidos, por diferentes
causas.
El valor de las operaciones del Bitcoin es sostenido
por la minería electrónica y las comisiones de convertibilidad; desaparecido el
minado, el sistema colapsará y con ello, todo el que tenga dicha moneda (según la
Ley Bitcoin) pues en realidad, es un instrumento especulativo. Estos datos
pueden ser consultados en tiempo real en buybitcoinworldwide.com. Por lo que es
imposible que sea una moneda que desarrolle al país. Su implementación
permitirá la corrupción y crear una economía de engaño, cuyas fluctuaciones harán
imposible, descubrir la corrupción real, que se vislumbra existente en el
gobierno y que es señalada por Estados Unidos, por usar para ello, su moneda.
El proyecto de la Ley del Agua, ha tomado algunos
elementos menores o de estructura del proyecto archivado en la Asamblea
Legislativa, pero cambia la naturaleza jurídica del agua, que pasa, de ser un
“bien de todos” (Res Comunes Ómnium), según el Código Civil, a un bien
propiedad del Estado y administrado por el Gobierno, como un “activo” a vender
a la población.
En la concepción jurídica actual, establecida en el Código
civil, lo que se cobra es el servicio o los procesos a los que es sometida,
pero ésta, el agua no se cobra. Permitiendo ahora al Gobierno regular el
proceso privado y “vender” el agua, a que se someterá ese proceso, pudendo
limitar su uso para la agricultura, ganadería y procesos industriales o
agroindustriales, dejando fuera de este “comercio”, las aguas lluvias
recolectadas, pero regulando su uso y desecho.
La corrupción tendrá inevitablemente que aumentar los
impuestos, por falta de recursos al Estado: IVA, patrimonio, impuesto predial y
cualquier otra forma que disminuya la utilidad privada y la inversión,
esterilizando al país, impidiendo su normal evolución y la transición a una
economía de sustentabilidad. Todos nuestros males, se deben a la corrupción,
que genera autoritarismo y luego, extorsión social, para asegurar su
continuidad.
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