Publicación Acción

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martes, 8 de septiembre de 2015

LA INDIGNACIÓN PÚBLICA A CAUSA DE LA CORRUPCIÓN


Por     
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com
San Salvador, 8 de septiembre  de 2015.

Siguiendo el ejemplo de Guatemala, la ciudadanía salvadoreña se encuentra expresando su indignación a causa de la corrupción política; ya en este momento, están aglutinándose, en razón del interés, diferentes fuerzas, no por ideología, aunque ésta, no desaparece completamente y por sobre todo, crea una alineación entre dirigentes y dirigidos: gobernantes y gobernados que, aunque en apariencia podría resolver los problemas sociales,  sólo garantiza el desaparecimiento de los partidos políticos que vienen gobernando desde la época de nuestro conflicto armado, poniendo el marcador en “0”, para una nueva contienda ideológica, que defina el rumbo del país.

Y es que la política se ha convertido en una verdadera industria, que garantiza una prosperidad económica, a cambio de la “transacción política”, creando feudos dentro de los partidos, en los cuales la militancia da su apoyo, en razón de los beneficios que ésta obtenga, en la forma de empleo o dadivas del dirigente. Este proceso, ha encarecido económicamente el activismo político, pues es norma que la propuesta política, debe  sustentarse por dinero, alimentos, laminas o cualesquiera otra forma de beneficio económico directo y el votante, está consciente de que dichos beneficios, provienen de las utilidades de la corrupción que el candidato usufructuará con posterioridad, razón por la cual el votante “exige esa compensación” a su candidato; más no advierte el ciudadano,  que está vendiendo su poder soberano a cambio de una dádiva.

Esta realidad ha cansado la conciencia de la mayoría de los ciudadanos, que ven que toda gestión pública va siempre encaminada, a solicitar más dinero, mientras que la economía nacional, decae. En efecto, pues con la mayor impudicia, se reparte a conveniencia el dinero de los créditos o el destinado a la asistencia social. Sobran los pretextos para pagar con sobreprecio obras públicas no cumplidas, o para manipular el presupuesto de la Asamblea, sin otro objeto que el de que los diputados tengan una “cuota para sus compromisos de partido”. Este sistema corrupto, no permite que se puedan afrontar los verdaderos problemas nacionales, ni mucho menos establecer con claridad, la visión política con la cual se deberán de resolverse.

Ante esta indignación generalizada, se están aglutinando personas  tanto de pensamiento de derecha como de izquierda, que no están dentro del Gobierno o que usufructúan los beneficios partidarios; también se está consolidando en un frente común, los partidos de derecha y de izquierda: el partido gobernante con la oposición, pues lo que la ciudadanía está cuestionando es la forma de subsistencia de dichas entidades políticas.

Sin embargo, aún no se ve con claridad un pensamiento unificado por esta ciudadanía indignada, a no ser  la indignación misma, que rechaza la corrupción: unos opinan que deben venir los extranjeros a verificar los hechos de corrupción y que hay que cambiar la estructura de las instituciones, para que no haya posibilidad de nueva corrupción, otros opinan que la corrupción debe ser investigada desde las instituciones salvadoreñas y otros, que debe tipificarse la corrupción, como un crimen de lesa humanidad, logrando así la imprescriptibilidad del delito y su sanción internacional. Todas estas diferencias provienen inconscientemente, de las diferentes posiciones ideológicas.

Por la presión internacional, los partidos políticos tendrán que  llegar a acuerdos sobre la delincuencia y la viabilidad económica del país, lo cual,  al igual que la indignación contra la corrupción practicada por ellos, ha facilitado el Acuerdo de Ataco, y es que existe un interés común de los partidos políticos, de contener esta ola de indignación que ya ha demostrado  sus primeras acciones de fuerza; y presentar, ante la comunidad internacional. un rostro interesado más en los temas nacionales, que en el propio interés de alcanzar el  poder, a costa de su oposición política.

Como  reacción, el Gobierno ha llamado a los indignados por la corrupción, activistas de la “oligarquía criolla” y ha hecho un llamamiento a sus bases a unirse para evitar un golpe en contra del Gobierno; sin embargo calla, muy convenientemente, que son parte de este movimiento muchos de izquierda, como por ejemplo  Félix Ulloa,  a quien puédesele  tildar de cualquier cosa, menos pro oligarquía o pro liberalismo. Oponiéndose  a este movimiento de indignación, el Gobierno organiza una concentración en el monumento a El Salvador del Mundo, para evitar que lleguen hasta allí, los indignados por la corrupción y con la orden clara de buscar enfrentamiento físico con los manifestantes contrarios.

La marcha blanca, como  ha llamado el Gobierno a su concentración,  en oposición a la de los indignados por la corrupción, estuvo a cargo de Margarita Posada,  activista que ingresó formalmente en el Bloque Popular Revolucionario en 1980 y que, clandestinamente, pertenecía a las FPL. Luego de los Acuerdos de Paz de 1992, ha liderado diferentes grupos de presión política: unas veces dirigiendo la Coordinadora por la salud y otras, como Coordinadora por el agua y finalmente, este fin de semana, organizando la Alianza Social por la Gobernabilidad,  actúa en conclusión según sea la necesidad política del FMLN. Si vemos sus videos en youtube (que son 3) el más visto es uno que data del 2013,  en el que habla sobre la salud  y que tiene un total de 171 visitas y el último, que es en oposición a la marcha contra la corrupción, tiene un total de 27 visitas. Y si así seguimos la trayectoria de los otros organizadores del movimiento liderado por Posada, encontraríamos el mismo perfil. Esta explicación es para probar lo que son las acciones de grupos fantasmas en comparación a la verdadera manifestación ciudadana.

El Gobierno usó hackers lanzando  mensajes confusos sobre la marcha: unos que avisaban su suspensión, otros, que había diferencias internas, y también se  bloquearon, temporalmente, las páginas que hacían llamamientos a la marcha contra la corrupción. Ya sobre el terreno, infiltraron activistas para tratar de romper la concentración y propagaron el rumor de que la “marcha blanca” se desplazaba hacia las Fuentes de Beethoven para confrontar directamente, con los manifestantes. Son vanos estos intentos para contener la indignación pública, pues la inexperiencia y la espontaneidad mostrada hasta ahora, irán siendo substituidos por la planificación y la precisión, en todas las futuras manifestaciones contra el Gobierno.

Por otra parte, tampoco hubo interés de parte de los partidos de oposición, en colaborar con esta protesta contra la corrupción, pues hubiera significado que los líderes locales movieran sus estructuras,  lo que siempre genera un costo económico y logístico que no les beneficiaría directamente y aún  más, sería estar apoyando a quien les quiere arrebatar su modo de vida.

Inevitable es que la indignación crezca, pero la cuestión es ¿Qué viene después?, si esta triunfa, tendrán que desaparecer tanto ARENA y el FMLN, y también los partidos  PCN y el PDC, pues aunque sus nombres hayan cambiado a CN y PES, son los mismos que han vivido de la política, aún desde antes del conflicto armado. Si llega a solventarse el problema de la corrupción, será más fácil arreglar lo demás, en apariencia; sin embargo, ¿Quién liderará las distintas visiones ideológicas?, y por lo tanto, las futuras luchas políticas. Cuando he discutido esto, muchos de derecha han dicho “ya no existen las ideologías políticas” y con los de izquierda, han afirmado “ya no habrá problemas cuando cambiemos las estructuras sociales por otras más justas”.  Lo cual me indica que el pensamiento liberal, está hacia el futuro en desventaja.

Si hemos llegado a un punto en el cual se  solidarizan izquierda y derecha, contra la corrupción, se debe a que quienes ejercen la representación política, han defraudado a sus electores: en vez de atender los intereses de sus representados, usan a estos, para su beneficio personal. Ha habido también falta de visión y capacidad política, pues en los años de ARENA,  éste debió  haber reducido al FMLN a una mínima expresión,  más no fue así, pues se creyó que el conflicto había terminado,  siendo que en realidad sólo dejó de ser armado.  También se creyó que sería una gran jugada política, comprar a los diputados del FMLN, pero cuando éstos, llegan al poder, compran a los de ARENA y así tenemos a los diputados tránsfugas. Hoy el FMLN enarbola la anticorrupción como estandarte de batalla, pero crea leyes ad hoc, para favorecer a sus funcionarios y a las empresas de ALBA. Sin embargo, el verdadero origen de la corrupción no está dentro de los partidos políticos, está  en la apatía misma del ciudadano frente a los candidatos corruptos, pues desde el 28 de marzo de 1982, las elecciones han sido libres.


Es esta la última oportunidad que tienen  los partidos políticos para realizar cambios de fondo y de forma; de n hacerlo serán derribados por esta ola de anticorrupción que se está expandiendo por Centroamérica: ya el área centroamericana, no es sostenible social ni económicamente, con los estándares  actuales de corrupción. 

domingo, 6 de septiembre de 2015

EL ÚLTIMO SOLDADO EN LA ÚLTIMA BATALLA


Por     
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com
San Salvador, 6 de septiembre  de 2015.
La última batalla de la Guerra Fría en Latinoamérica se libra actualmente, en el Tribunal de la  Juez Kimberly Swank,  del distrito Este de la Corte Federal de Carolina del Norte,  en la ciudad de  Greendale, al ventilarse contra el Coronel Inocente Orlando Montano el proceso de extradición y en donde se discutirá, el 18 de septiembre, si el concepto de Terrorismo de Estado, durante el pasado conflicto armado de El Salvador,  puede atribuirse  al Coronel Montano, como motivación, para dar muerte a los sacerdotes jesuitas.

Sobre este punto, ya anteriormente, el juez Douglas Woodlock, de la Corte de Massachusetts, admitió el informe de una experta, comisionada por el Gobierno de los Estados Unidos, en el cual, se documentan operativos militares y de seguridad, bajo responsabilidad del Coronel Montano,  durante los años del conflicto, y que terminaron en más de mil violaciones a los derechos humanos, incluyendo su  participación en la planificación, ejecución y ocultamiento del asesinato de los sacerdotes jesuitas en 1989.

Fueron enjuiciados con similares argumentos, los Generales José Guillermo García y Eugenio Vides Casanova,  basándose en los criterios vertidos en “Ley para la Protección de Víctimas de Tortura”,  luego que la administración del Presidente Barack Obama, pusiera en marcha una política contra los  violadores de derechos humanos, presentes en Estados Unidos, aunque ellos hubiesen sido anteriormente, sus aliados y fueran los ejecutores de la política de Washington, durante la Guerra Fría.

La trama que hoy vive el Coronel Montano y que a su vez, sufrieron los Generales García y Vides Casanova, dio inicio en el Salón Oval de la Casa Blanca, cuando el Presidente Ronald Reagan, junto a su gabinete, decidió poner fin a la expansión militar soviética en Centroamérica, la cual  había iniciado, desde el final de la administración del Presidente Dwight David «Ike» Eisenhower y  tuvo su momento de inflexión, en octubre de 1962, cundo fue la crisis de los misiles en Cuba. La segunda inflexión, fue cuando se tomó la determinación de contener la expansión soviética en Centroamérica, sin la intervención de tropas norteamericanas, pero con sí, con sus recursos, entrenamiento y asesoría contrainsurgente, lo que fue aceptado  en el mismo Salón Oval, por el Presidente Álvaro Alfredo Magaña Borja y  el Ministro de Defensa, General Eugenio Vides Casanova. En aquel momento, había escepticismo en cuanto a  que la Fuerza Armada de El Salvador, tuviese la capacidad de realizar tal misión,  pero los salvadoreños, aseguraron que sí existía la capacidad militar para la misión, lo cual evitó el desbordamiento del conflicto, manejándose como meramente  local. El 16 de octubre de 1982, en medio de una ofensiva insurgente, el Presidente Magaña hace el último intento por detener el enfrentamiento armado, instando al FMLN a deponer las armas e incorporarse a la vida política.

La decisión de enfrentar localmente el conflicto, implicó tres situaciones: 1) la sujeción total de la Fuerza Armada al poder civil; 2) un conflicto de baja intensidad que generó la muerte de poco más de 11,000 soldados en el cumplimiento del deber y; 3) el cumplimiento de normas de respeto a los derechos humanos, condición impuesta por el Departamento de Estado, para el otorgamiento al país de la ayuda militar y económica (lo cual no implicaba, no neutralizar al enemigo armado u organizado, que ejerciera oposición armada al Gobierno,  pero sí, que los efectos del conflicto, no fueran sufridos por la población civil), lo que está debidamente registrado, en los informes elaborados sobre el terreno,  por los observadores del Comando Sur, sobre la evolución militar y el respeto a los derechos humanos durante el conflicto. El resultado de estas situaciones fueron: Elecciones libres; contención militar del FMLN y, la firma de los Acuerdos de Paz

En la geopolítica mundial, luego de Vietnam, los polos  “calientes” de la Guerra Fía, fueron Afganistán y El Salvador. Aunque similares conflictos que se desarrollaban,  pero sus repercusiones mundiales fueron menores  en  Laos, Camboya, Angola y otros países. El conflicto en Nicaragua, de hecho, fue parte de nuestro conflicto, que desbordaba nuestro pequeño territorio, pues las líneas de abastecimiento pasaban por Nicaragua y finalizaban en el Bajo Lempa. Fue situación previamente evaluada por las Fuerzas Armadas Argentinas, como la amenaza potencial y directa a la estabilidad latinoamericana, aún antes de la intervención norteamericana en el conflicto salvadoreño y  en la Contra nicaragüense.

De aceptarse en el Tribunal, que durante el pasado conflicto armado, el Gobierno de El Salvador ejerció Terrorismo de Estado, vuelve “legítimo” al que lo resiste, o sea que volveríanse legítimas las acciones insurgentes del FMLN y, por lo tanto, las acciones del Departamento de Estado, al financiar una lucha ilegítima, le convierte en cómplice de dicho terrorismo. Esta es la posición esperada por The Center For Justice & Accountability (querellantes en el caso de los Generales Vides Casanova, García, del Coronel Montano y de muchos otros más, en Latinoamérica), pues abriría la posibilidad de deducción de responsabilidades civiles para los ciudadanos norteamericanos que, actuando bajo las órdenes del Departamento de Estado, la CIA o el Pentágono, asesoraron las acciones de contrainsurgencia, llevadas a cabo en países latinoamericanos. El Gobierno Federal, jamás podría ser procesado, pero sí quienes ejecutaban sus acciones.  Basta con darle seguimiento a la reclamación por experimentación en humanos, sobre la evolución de enfermedades infecciosas y sus vacunas, ordenada por el Departamento de Estado  y, llevada a cabo, en poblaciones indígenas de los altos de Guatemala, durante la Segunda Guerra Mundial,  y que ha derivado en  reclamaciones civiles, hacia la compañía que las ejecutó.

El Coronel Montano, está librando la última batalla de la Guerra Fría en Latinoamérica, pues del razonamiento del Tribunal de la  Juez Kimberly Swank, dependerá mucho más que la sola extradición del Coronel Montano a España o, de su deportación a El Salvador y, los acontecimientos futuros, serán inevitablemente, consecuencia de este proceso,  cerrándose en Carolina del Norte, un circulo iniciado en Washington en 1982.


En El Salvador, este proceso migratorio no tendrá repercusión política pero sí, jurídica pues justificaría la no asistencia de un ciudadano en el extranjero, siendo que constitucionalmente el Estado le debe dicha asistencia, y que le ha negado al Coronel Inocente Orlando Montano, por sus acciones políticas pasadas y legitimaría los principios de la Justicia Transicional, sostenida por  The Center For Justice & Accountability que es promovida desde el departamento de Derechos Humanos de la UCA.