Por
Lic. Fernán Camilo
Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN
ACCIÓN
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San Salvador, 6 de
septiembre de 2015.
La última batalla de la
Guerra Fría en Latinoamérica se libra actualmente, en el Tribunal de la Juez Kimberly Swank, del distrito Este de la Corte Federal de
Carolina del Norte, en la ciudad de Greendale, al ventilarse contra el Coronel Inocente
Orlando Montano el proceso de extradición y en donde se discutirá, el 18 de
septiembre, si el concepto de Terrorismo de Estado, durante el pasado conflicto
armado de El Salvador, puede atribuirse al Coronel Montano, como motivación, para dar
muerte a los sacerdotes jesuitas.
Sobre este punto, ya
anteriormente, el juez Douglas Woodlock, de la Corte de Massachusetts, admitió
el informe de una experta, comisionada por el Gobierno de los Estados Unidos,
en el cual, se documentan operativos militares y de seguridad, bajo
responsabilidad del Coronel Montano, durante los años del conflicto, y que
terminaron en más de mil violaciones a los derechos humanos, incluyendo su participación en la planificación, ejecución y
ocultamiento del asesinato de los sacerdotes jesuitas en 1989.
Fueron enjuiciados con
similares argumentos, los Generales José Guillermo García y
Eugenio Vides Casanova, basándose en los
criterios vertidos en “Ley para la Protección de Víctimas de Tortura”, luego que la administración del Presidente Barack
Obama, pusiera en marcha una política contra los violadores de derechos humanos, presentes en
Estados Unidos, aunque ellos hubiesen sido anteriormente, sus aliados y fueran
los ejecutores de la política de Washington, durante la Guerra Fría.
La trama que hoy vive el
Coronel Montano y que a su vez, sufrieron los Generales García y Vides
Casanova, dio inicio en el Salón Oval de la Casa Blanca, cuando el Presidente Ronald
Reagan, junto a su gabinete, decidió poner fin a la expansión militar soviética
en Centroamérica, la cual había iniciado,
desde el final de la administración del Presidente Dwight David «Ike»
Eisenhower y tuvo su momento de
inflexión, en octubre de 1962, cundo fue la crisis de los misiles en Cuba. La
segunda inflexión, fue cuando se tomó la determinación de contener la expansión
soviética en Centroamérica, sin la intervención de tropas norteamericanas, pero
con sí, con sus recursos, entrenamiento y asesoría contrainsurgente, lo que fue
aceptado en el mismo Salón Oval, por el
Presidente Álvaro Alfredo Magaña Borja y
el Ministro de Defensa, General Eugenio Vides Casanova. En aquel momento,
había escepticismo en cuanto a que la
Fuerza Armada de El Salvador, tuviese la capacidad de realizar tal misión, pero los salvadoreños, aseguraron que sí
existía la capacidad militar para la misión, lo cual evitó el desbordamiento
del conflicto, manejándose como meramente local. El 16 de octubre de 1982, en medio de
una ofensiva insurgente, el Presidente Magaña hace el último intento por
detener el enfrentamiento armado, instando al FMLN a deponer las armas e
incorporarse a la vida política.
La decisión de
enfrentar localmente el conflicto, implicó tres situaciones: 1) la sujeción
total de la Fuerza Armada al poder civil; 2) un conflicto de baja intensidad
que generó la muerte de poco más de 11,000 soldados en el cumplimiento del
deber y; 3) el cumplimiento de normas de respeto a los derechos humanos,
condición impuesta por el Departamento de Estado, para el otorgamiento al país de
la ayuda militar y económica (lo cual no implicaba, no neutralizar al enemigo
armado u organizado, que ejerciera oposición armada al Gobierno, pero sí, que los efectos del conflicto, no
fueran sufridos por la población civil), lo que está debidamente registrado, en
los informes elaborados sobre el terreno, por los observadores del Comando Sur, sobre la
evolución militar y el respeto a los derechos humanos durante el conflicto. El
resultado de estas situaciones fueron: Elecciones libres; contención militar del
FMLN y, la firma de los Acuerdos de Paz
En la geopolítica
mundial, luego de Vietnam, los polos
“calientes” de la Guerra Fía, fueron Afganistán y El Salvador. Aunque similares
conflictos que se desarrollaban, pero
sus repercusiones mundiales fueron menores en Laos, Camboya, Angola y otros países. El
conflicto en Nicaragua, de hecho, fue parte de nuestro conflicto, que desbordaba
nuestro pequeño territorio, pues las líneas de abastecimiento pasaban por
Nicaragua y finalizaban en el Bajo Lempa. Fue situación previamente evaluada
por las Fuerzas Armadas Argentinas, como la amenaza potencial y directa a la
estabilidad latinoamericana, aún antes de la intervención norteamericana en el
conflicto salvadoreño y en la Contra
nicaragüense.
De aceptarse en el
Tribunal, que durante el pasado conflicto armado, el Gobierno de El Salvador
ejerció Terrorismo de Estado, vuelve “legítimo” al que lo resiste, o sea que volveríanse
legítimas las acciones insurgentes del FMLN y, por lo tanto, las acciones del
Departamento de Estado, al financiar una lucha ilegítima, le convierte en
cómplice de dicho terrorismo. Esta es la posición esperada por The Center For
Justice & Accountability (querellantes en el caso de los Generales Vides
Casanova, García, del Coronel Montano y de muchos otros más, en Latinoamérica),
pues abriría la posibilidad de deducción de responsabilidades civiles para los ciudadanos
norteamericanos que, actuando bajo las órdenes del Departamento de Estado, la
CIA o el Pentágono, asesoraron las acciones de contrainsurgencia, llevadas a
cabo en países latinoamericanos. El Gobierno Federal, jamás podría ser
procesado, pero sí quienes ejecutaban sus acciones. Basta con darle seguimiento a la reclamación
por experimentación en humanos, sobre la evolución de enfermedades infecciosas
y sus vacunas, ordenada por el Departamento de Estado y, llevada a cabo, en poblaciones indígenas de
los altos de Guatemala, durante la Segunda Guerra Mundial, y que ha derivado en reclamaciones civiles, hacia la compañía que
las ejecutó.
El Coronel Montano,
está librando la última batalla de la Guerra Fría en Latinoamérica, pues del
razonamiento del Tribunal de la Juez
Kimberly Swank, dependerá mucho más que la sola extradición del Coronel Montano
a España o, de su deportación a El Salvador y, los acontecimientos futuros,
serán inevitablemente, consecuencia de este proceso, cerrándose en Carolina del Norte, un circulo
iniciado en Washington en 1982.
En El Salvador, este
proceso migratorio no tendrá repercusión política pero sí, jurídica pues justificaría
la no asistencia de un ciudadano en el extranjero, siendo que
constitucionalmente el Estado le debe dicha asistencia, y que le ha negado al
Coronel Inocente Orlando Montano, por sus acciones políticas pasadas y legitimaría
los principios de la Justicia Transicional, sostenida por The Center For Justice & Accountability
que es promovida desde el departamento de Derechos Humanos de la UCA.
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