Por
Lic. Fernán Camilo
Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN
ACCIÓN
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San Salvador, 26 de
diciembre de 2014.
El ocultamiento de los
gastos de viaje de Mauricio Funes, durante su gobierno, y la repentina
opulencia de algunos de sus funcionarios, son situaciones contradictorias en un
país tan pobre, de grandes deficiencias sociales y extremado despilfarro gubernamental
que sólo son posibles mediante un endeudamiento galopante, todo lo cual, y que
entra en contradicción con el despido de empleados públicos, cuyo trabajo es
única fuente de ingresos para sus necesidades vitales.
Cuando muchos empleados públicos se preparaban para
cerrar sus labores, se les notificó que su contrato ya había sido clausurado, y eran inmediatamente, substituidos por otras
personas. Esta situación que ya ha sido denunciada, en los medios rotativos, tildándola
de “reingeniería interna”, fue manifiesta, entre los notarios del ISTA, así
como en otras instituciones.
Acciones de despido que van encaminadas a la remoción de personas
que, si bien no son contrarias al Gobierno, tampoco son militantes de su
partido. A dicho proceder, puede calificársele de “limpieza selectiva laboral”, que es práctica
común y que en algunos casos, la Sala de lo Constitucional, ha tenido que
remediar; como los despidos realizados anteriormente, en la CCR, por parte del
Lic. Rosalío Toches, o se ha llegado a cierto tipo de acuerdos, por la vía de
la fuerza, como en el Seguro Social. El asunto es que, lejos de propiciar la estabilidad
laboral, se practica lo contrario, ayudando a aumentar el caos ya existente;
sobre todo que, según voces de los que recién llegarán a substituir a los despedidos, tiene el propósito de “buscar corrupción en
los gobiernos de ARENA”: de Cristiani, de Calderón Sol y de Flores.
Sin embargo, la
corrupción campea en manos de quienes hoy la buscan en sus predecesores: la
petición de Salvador Sánchez Cerén, de que la audiencia sobre los gastos de los
viajes de Mauricio Funes, fuese a puerta cerrada, es de suyo, Acto Arbitrario y de encubrimiento, para
evitar que se pueda señalar, de alguna manera, a su partido, el FMLN. Sin
embargo, lo que no pueden acallar es la opinión pública negativa sobre su Gobierno
y su partido, el FMLN.
También, la “voz
popular”, que es “opinión pública”, de los lugareños de los Naranjos - en la
confluencia de los Departamentos de Santa Ana, Ahuachapán y Sonsonate - ven
asombrados, cómo la Ministra Violeta
Menjívar, el ex - Secretario Técnico de la Presidencia, Nelson Segovia y otros
altos funcionarios del FMLN, han instalado sus residencias de veraneo en dicho
lugar. No afirmo la compra de inmuebles o el arrendamiento de los mismos, sino
de su continua llegada a dicho lugar, comportándose como si fuesen los propietarios
de los inmuebles, según la “voz popular”
de los lugareños. Esta opulencia, que no es ilegal en sí misma, sí obliga a
pensar en el origen del dinero que lo
permite, sobre todo, si desde el Presidente de la República y el Presidente de
la Asamblea Legislativa, se promueve el ocultamiento de información, sobre los
manejos privados de los funcionarios públicos y, sobre todo, que según las
nuevas normas sobre lavado de dinero, estos personajes, son considerados de “
riesgo”, por la posibilidad y facilidad que tendrían, para ocultar fondos
ilícitos, si los hubiese.
Adaptando la sentencia
de Julio Cesar, sobre la honradez de su esposa, decimos que: los Gobernantes de la República de El
Salvador, no sólo deben ser honrados, sino parecerlo.
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