Por
Lic. Fernán Camilo
Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN
ACCIÓN
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San Salvador, 6 de
abril de 2015.
Base de la existencia y
estabilidad del Estado Moderno, es el respeto riguroso de la Constitución
política y, es por tal condición que perturba el ánimo saber de la propuesta
que el uruguayo Marcos Rodríguez (uno de los principales asesores del
Presidente Sánchez Cerén) en su carácter de Secretario de Participación Ciudadana,
propone con plena conciencia, el rompimiento de la constitucionalidad: los
efectos políticos de tal propuesta, si se llevase a la realidad producen
natural inquietud.
Según publicación de La
Página el 3/4/2015, bajo la responsabilidad de David Ernesto Pérez, se difunde
la propuesta de someter a plebiscito municipal la supresión de las garantías
constitucionales, lo cual implica algo más que la mera aplicación del Art. 29 Cn., el cual se
refiere a la restricción del libre tránsito, la libertad de expresión, de
asociación y a la inviolabilidad de la correspondencia. Débese entonces
considerar que las garantías constitucionales, no pueden ser suprimidas por la
mera voluntad de la relación cincuenta más uno sino, en virtud de necesidad manifiesta,
contemplada por la Constitución y aplicada por el Órgano Ejecutivo o la
Asamblea Legislativa y además, por tiempo
limitado.
La instauración de la
Democracia Participativa en detrimento de la Democracia Representativa, es el
trasfondo ideológico de tal propuesta. Marcos Rodríguez propone que las municipalidades decidan sobre temas que no son de competencia municipal, pero que
sí, en la Constitución, están relacionados.
El ejemplo citado por
Marcos Rodríguez, Secretario de
Participación Ciudadana, y en favor de
su proyecto, es que el 29 de marzo, la Alcaldía de Nueva Trinidad
(Chalatenango) celebró consulta popular para declarar “libre de minería”, su localidad, en oposición al CAFTA. Basa esta visión
política en el hecho de que la estructura del Estado, no representa los
intereses de la ciudadanía, oponiendo así población contra Estado (lucha de
clases) y es entonces el plebiscito el “único momento en el que el Gobierno le
devuelve la pelota al pueblo”, según palabras de Marcos rodríguez: no
congruente esta visión del Estado, con los preceptos constitucionales vigentes.
Actualmente hay
tendencia, manipulando el uso del suelo, a dar poder a la municipalidad sobre
los bienes de los particulares, según sea el criterio del Ejecutivo; su
mecanismo ya existente, por medio de la
Ley de Ordenamiento Territorial vigente, pero aún no hecha efectiva, pues las
condiciones políticas no le son favorables. Por medio de los plebiscitos, estas
condiciones políticas todavía no favorables, podrían ser cambiadas por medio de
la exigencia popular (debidamente manipulada), y a la que hace alusión Marcos Rodríguez. Puédese citar al respecto, otro ejemplo: es
la campaña que se realiza actualmente en las zonas costeras de Ahuachapán y
Sonsonate para que, por medio de
ordenanzas municipales, se prohíba el cultivo industrial de la caña de azúcar,
con el fin de favorecer el cultivo artesanal del maíz y el frijol.
La manipulación de los
Consejos Municipales Plurales es claramente, el trasfondo práctico de tal modelo
de gestión municipal, pues las organizaciones locales, mayoritariamente controladas o allegadas
al FMLN (aunque de reducido número) se enfrentarían organizadamente a la
voluntad mayoritaria, pero desorganizada.
Débese tener presente que, más de dos tercios de las municipalidades,
están en manos de los opositores al FMLN y que, por consiguiente, la participación de éste, en los Consejos Municipales
Plurales, no es mayoritaria y no teniendo por consiguiente, poder de decisión,
pero con el sistema de “participación ciudadana en el plebiscito”, sí podrían recuperar el poder perdido en las urnas.
La única defensa con
que cuenta la nación, es sostener el principio de la supremacía constitucional,
como base de nuestra organización y, desechar la manipulación de la voluntad
popular por un sistema populista que sólo nos llevaría al autoritarismo.
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