Por
Lic. Fernán Camilo
Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN
ACCIÓN
http://publicacionaccion.blogspot.com
San Salvador, 24 de
septiembre de 2015.
La propuesta
gubernamental “PLAN EL SALVADOR SEGURO”, defendida con vehemencia por el
Presidente Salvador Sánchez Cerén y, base para la solicitud de nuevos impuestos
para la seguridad, choca frontalmente, con el orden constitucional salvadoreño.
La propuesta, lejos de combatir de
manera directa la delincuencia, plantea una forma de asistencialismo y
tolerancia, sin responsabilidad alguna, para el delincuente, lo que es muy
peligroso para la estabilidad nacional y sobre todo, y más aún para la seguridad del área centroamericana.
El documento FUERZA
ARMADA VRS. TERRORISMO, del Dr. Hugo Ernesto Fonseca Alvarenga, analiza
metódica y atinadamente la resolución de la Sala de lo Constitucional, sobre la
inconstitucionalidad de la Ley Especial contra Actos de Terrorismo
(22-2007/42-2007/89-2007/96-2007), en la que se concluye que, tanto la Mara
Salvatrucha, como la Mara 18 y sus similares
son terroristas, pues son sus
actos tipificados como tales, por la
legislación y doctrina internacional, lo cual obliga constitucionalmente, a
combatirla como una amenaza nacional, hasta el grado que las acciones de la
Fuerza Armada, pueden ser independientes de la Policía Nacional Civil, con el
fin de preservar a la población, libre del terror, el cual altera el normal
funcionamiento del Estado.
Por otra parte, si
estudiamos en detalle, el resumen ejecutivo del “Plan El Salvador Seguro”, concluimos que este se basa en la
transformación de la sociedad y de las estructuras gubernamentales (reducción
de la mora judicial, mejor sistema educativo, mejoras en los hospitales etc.),
en un enfoque sobre cincuenta municipios, con aumento del asistencialismo, pero
no en una contención directa y eficaz a las pandillas; que permita la
recuperación inmediata del territorio nacional. El enfoque gubernamental sería
correcto de acuerdo a un plan quinquenal o de nación, en el cual se planificase
sobre parámetros normales y universales de desarrollo.
Este enfoque político
del Gobierno, que se funda en el
presupuesto de la exclusión social y la marginación, que son causa fundamental
de la violencia, se resume en esta primer eje de solución: “Mejorar
la vida de las personas y los territorios para reducir la incidencia e impacto
de la violencia y el crimen”, aunque se hace también mención de la necesidad de mejorar la investigación y represión
del delito, y la recuperación de la confianza ciudadana; en su aplicación
práctica, implicaría la tolerancia y sostenimiento, de quienes hoy utilizan el
terrorismo como medio de dominación y subsistencia.
El impuesto especial
para la seguridad, carece de las características tipo, necesarios para
catalogarse como tal, pues en términos genéricos, se emplearían $ 500 millones
para pago de salarios a jóvenes, en empleos no definidos; $ 600 millones para
que los niños vayan a la escuela; $250 millones “para servicios de prevención de
violencia, atención a familias, atención en crisis, atención a víctimas y
rehabilitación, ampliación de espacios públicos, fortalecimiento de iniciativas
y programas de policía comunitaria, sociales” …y etc. La amplitud de
las acciones propuestas, no corresponde a un impuesto especial y que por sobre
todo, se espera que además del financiamiento del Estado (vía impuestos
especiales), sea financiado por la Empresa Privada y la Comunidad
Internacional.
El Estado debe dar un
mejor servicio y atender sus
obligaciones naturales, pero debe ser su primer objetivo, la recuperación del
territorio nacional, para el pleno imperio de la Ley, y no, ofreciendo
asistencialismo, a quienes hoy dominan ilegalmente dichos territorios. El problema
de inseguridad, ha alcanzado niveles tales que requieren medidas extraordinarias.
La solución del
problema de las pandillas, no es de recursos, sino de voluntad política y de la
correcta aplicación de la fuerza, pero hay miedo de hacerlo y el Gobierno
prefiere buscar soluciones negociadas,
que agudizarán a la larga, el
conflicto. Ya hay tres millones de salvadoreños fuera ¿Cuántos más tendrán que
morir o emigrar para ponerle paro a este problema? En la medida que pase el tiempo,
la solución tenderá a ser más violenta, con un claro deterioro de nuestro sistema
democrático.
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