Por
Lic. Fernán Camilo
Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN
ACCIÓN
http://publicacionaccion.blogspot.com
San Salvador, 30 de
septiembre de 2015.
Con el argumento de
resolver el arduo problema de las pandillas, el Gobierno exige se paguen mayores
impuestos y se realicen modificaciones a las leyes penales. Lo primero, es para
asegurarse un flujo de fondos y, lo segundo, para declarar imprescriptible la evasión
y elusión fiscal. Es entonces, muy conveniente, el análisis del enfoque gubernamental para
decidir si es correcto y si éste, es del agrado y aceptación de las personas a
quienes se supone son el principal objeto de las medidas de protección.
Tres son los elementos
a considerar en dicho análisis: 1) la dimensión del problema; 2) la interpretación
correcta de la información proveniente del terreno; 3) la respuesta que el
ciudadano da a las medidas de dichas autoridades. Por la respuesta a estos dilemas,
puédese anticipar cual será el resultado de las medidas propuestas por el
Gobierno.
El problema de la
inseguridad social (homicidios, extorsiones, secuestros, robos etc.) ya no, en
efecto, es simple problema delincuencial: es colisión de una subcultura, con un
sistema cultural tradicional; este fenómeno social, evidente fue este fin de
semana: la Policía Nacional Civil capturó, en Apopa, a 231 pandilleros, durante
una fiesta exclusiva, amenizada con música y canciones también exclusivas de
pandillas. Entre los capturados había menores y hasta empleados públicos, de
los cuales, sólo fueron procesados apenas noventa y el resto liberados, por no
haber acusaciones directas en su contra, pese a su clara pertenencia a las
pandillas. En consecuencia, tratar el “problema pandillas”, como estrictamente
delincuencial, originado por la
exclusión social y la pobreza, craso
error es y, erróneo es también el enfoque que tiene su raíz en la
ideologización del fenómeno, y además,
en el temor a las repercusiones políticas que tendría el reconocimiento del
error de dicho enfoque.
La deficiente inteligencia policial y militar sobre las
pandillas, ha hecho que, las diferentes acciones contra ella, sean sólo a
partir de despliegues disuasorios, enfocados a una demostración de fuerza y
propaganda pero no, a una acción directa contra las pandillas, pues el número
de enfrentamientos, indica encuentros casuales o que las pandillas llevan la
iniciativa, así como la infiltración de las pandillas dentro de la estructura
del Estado. La respuesta policial o
militar, ha sido de legítima defensa y no de represión. Esta situación baja la
moral de la policía y de los elementos de la Fuerza Armada involucrados en
tales tareas.
El tercer elemento a
considerar, es que durante el Gobierno
del FMLN, se han decretado veintidós nuevos impuestos, y con la pretensión, de uno más; se pretende también equiparar la
evasión y elusión fiscal, con los delitos de genocidio, violación a las
costumbres de guerra, violación a los deberes de humanidad y el
desaparecimiento forzoso de personas por parte de particulares: todos delitos
de lesa humanidad; declarando la imprescriptibilidad penal de la evasión y elusión de impuestos, aunque la
prescripción de la acción tributaria, es hoy de diez años. Estas acciones ponen
en duda la aceptación general de tales
medidas, pues el Estado está siendo comparado con una pandilla más, que extorsiona, para conseguir recursos para
su subsistencia.
El combate a las
pandillas debe ser eficaz y contundente; la población debe sentir que las
acciones del Estado, son una protección y no, otros medios por los cuales se
pretende expoliar al ciudadano; por esta
razón, los spot publicitarios de “la seguridad es responsabilidad de
todos”, no producen efecto positivo, es
más bien negativo; pues la seguridad es función específica del Estado y no
responsabilidad de todos, aunque se
refiera exclusivamente al pago de un impuesto especial.
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