Por
Lic. Fernán Camilo
Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN
ACCIÓN
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San Salvador, 19 de
octubre del 2015.
Desde los años noventa
hasta la fecha, El Salvador ha sufrido de un decrecimiento económico, el cual
puede explicarse desde diferentes perspectivas: repercuten las variables
económicas de diferente manera, conforme la visión política del Gobierno y de la
interpretación que éste tiene, de las funciones propias del Estado, en relación
con su población.
A raíz de los Acuerdos
de Paz, El Salvador tuvo un crecimiento económico del 6%; posterior al 2007, el crecimiento fue de un 4.7%; a raíz
de la crisis financiera del 2008, el crecimiento cayó, en el 2009 a un 3.1%; en
2011 al 2013, fue de 1.9% y así se ha mantenido más o menos constante hasta la
fecha, pese a que las proyecciones favorables, tanto del Banco Mundial, del
Fondo Monetario Internacional y aún del mismo Banco Central de Reserva, han predicho, para El Salvador, una mejoría
económica.
El decrecimiento
económico, ha sido consecuencias de las políticas asistencialistas, promovidas
como resultado de nuestro conflicto armado y, fue con la intención de contener
el avance político-militar de la Izquierda, según fórmulas del Profesor Roy Prosterman
y a instancia del Departamento de Estado, y que se realizó la repartición del
23% de la tierra del país, en sus dos etapas, con beneficio sólo del 5.8% de la
población y con un descenso del PIB de -0.4%, cayendo la agricultura cayó en –0.7%. Los efectos
negativos fueron encubiertos por la economía de guerra de la época.
Obligadamente para
sostener este asistencialismo, se nacionalizó la banca, la cual hubo luego de
privatizarse, para evitar su colapso. Después de los Acuerdos de Paz, el
asistencialismo continuó mediante subsidios a la luz, al gas, a la electricidad
y al sistema de transporte, según fuesen las diferentes “políticas sociales”,
con la finalidad de obtener votos. Los efectos negativos de tales políticas, no
se sintieron, gracias a la ayuda extranjera, para la recuperación de la postguerra,
pero como consecuencia, el Estado descuidó sus verdaderas funciones: servicios
de administración pública, justicia y seguridad ciudadana, lo cual ha
deteriorado peligrosamente las
condiciones de competitividad del país.
La justicia no es sólo juzgar
a tal o cual personaje famoso, o resolver prontamente, cuando es un caso
notorio; es sobre todo el quehacer común de los tribunales: pequeños juicios civiles, reclamaciones de deudas,
conflictos de familia etc., es también un simple trámite frente al Estado, como
solicitar un permiso o una solvencia lo cual se ha vuelto hoy, cada vez más complicado, según las nuevas
reglamentaciones, que son impuestas, por la presión política del momento; se ha
dejado de lado la aprobación de leyes que mejoran la condición del ciudadano,
como las de protección laboral, integración aduanera o también las de simples
normativas, como la Firma Electrónica, que para ser aprobadas han tenido que
esperar más de diez años.
Este asistencialismo se
ve complicado también por la errónea
concepción de que toda función pública subsidiaria, tiene que ser totalmente
privada o totalmente pública según sea el Gobierno de turno, concesionando los
servicios públicos o restringiendo su explotación a conveniencia política.
Estos equivocados
enfoques, plantean una lucha constante, por ganar el favor electoral, mediante
el asistencialismo público y la creación de estímulos o restricciones económicos,
según sean los grupos que dan su apoyo al Gobierno, o que sean oposición.
Las condiciones
geográficas de El Salvador, la facilidad de mantener sus infraestructuras,
su abundante mano de obra y los constantes flujos de dinero provenientes de las
remesas, son condiciones suficientes para que el país pudiese mantener un ritmo de crecimiento
promedio. Pero las condiciones internas,
le deterioran más cada día, en beneficio de las pandillas y el narcotráfico. Si
hoy se retirase el asistencialismo ofrecido, reinaría el caos político, razón
por la cual el asistencialismo no debe continuar incrementándose. La recuperación
económica está en factores de la política interna y no, en condiciones
económicas externas.
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