Por
Lic. Fernán Camilo
Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN
ACCIÓN
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San Salvador, 7 de
octubre del 2015.
Las declaraciones del Señor
Embajador de Alemania en El Salvador, Heinrich Haupt, expresadas en el 25°
aniversario de la unificación de Alemania, sobre la conveniencia de un debate
acerca de la instalación de una Comisión Internacional Contra la Corrupción en
El Salvador (CICIES), parece, a la
ligera, una posición política sobre las cuestiones internas de El Salvador, más
no es así: su posición es congruente con la aplicación de los principios de
Buen Gobierno y Transparencia, en la que Holanda y Alemania, son líderes dentro
de la Unión Europea, en la búsqueda de la eficiencia constante, de una buena
gestión pública, al margen de la ideología partidaria y sobre todo, buscando el correcto uso de los
fondos públicos.
Los documentos que se
pueden citar sobre los esfuerzos contra la corrupción y transparencia, son
muchos: la Carta deontológica del servicio público portugués; El informe NOLAN,
del Reino Unido; Los Principios de Conducta Ética, en los EE.UU; Los Principios
de la Organización para la Cooperación al Desarrollo Económico (OCDE); El
Proyecto Europeo de Código de Buena Conducta Administrativa y, en El Salvador,
“Principios de Buen Gobierno: Un Efectivo Control Anticorrupción” de la Dra.
Olimpia J. Hilleprandt.
Toda persona que se
dedique a estudiar la política y la gestión pública salvadoreña, encuentra
primeramente, un debate sobre si es
posible conocer los gastos públicos y, luego el esfuerzo por justificar, como
legales, actos de corrupción que saltan
a la vista. Así, si debemos de señalar una de las principales causas del
decrecimiento económico del país, es la corrupción: mal manejo de los fondos
públicos, mal que generalizado, provoca mayor corrupción, la que sólo puede
satisfacerse con más impuestos, préstamos y ayudas internacionales. La
corrupción y poca transparencia, complica el otorgamiento de los fondos de la "Alianza
para la Prosperidad", la cual es iniciativa de la Casa Blanca, para contener la
inminente crisis social a que está abocada Centroamérica.
El problema que se
presenta, es en el enfoque interno a una CICIES; unos quieren derivarlo hacia
nuestro antiguo conflicto armado, como
continuación de lucha ideológica
que aún vivimos; otros, quiérenla enfocar hacia las estructuras partidarias,
esperando que destruidas éstas, podría celebrarse sobre los restos de sus
enemigos, sin darse cuenta de que lo que sostiene el equilibrio político, es la masa organizada de correligionarios y
no, la cúpula política.
Debe juzgarse a las
personas que han realizado la corrupción y no, a la estructura organizativa del
Estado o de la sociedad en general. De lo contrario, habría un vacío temporal
de poder, que sería ocupado por un líder populista que aglutinase a
descontentos de Derecha e Izquierda - en imitación a Perón, Chávez o Fujimori -,
ofreciendo paz, prosperidad y probidad. La otra posibilidad es que surgiese un
político con la suficiente capacidad económica (muy probablemente originada en el
narcotráfico) para superar todas las
demás campañas auspiciadas con fondos limpios; y por último, pudiese suceder
que se desatase una lucha entre quienes
defendiesen el individualismo (liberalismo) contra el colectivismo
(socialismo) y tuviésemos que retroceder hasta la época de los Acuerdos de Paz.
Son tres posibilidades negativas, contra una positiva: cambio de mentalidad y
un Derecho Administrativo nuevo, bajo los principios del Buen Gobierno y
Transparencia.
Para resolver el problema
de la corrupción, El Salvador tiene una
sola opción: lucha contra las personas corruptas y aplicación
de las normas de Buen Gobierno y Transparencia, pues de lo contrario, caeremos en
pequeñas trampas que coartarán la libertad de expresión, como es el Artículo 24
del Anteproyecto de la Ley de Delitos Cibernéticos, que podría ser aplicado
como una mordaza a la libertad de expresión en los medios electrónicos, el cual
es base para la libre difusión del
pensamiento social y aún, entraría en debate jurídico, con lo permitido por la
Ley de Imprenta.
Queda así demostrado
que la declaración del Señor Embajador de Alemania en nuestro país, no es intromisión política, sino por el
genuino interés de sostener la viabilidad del sistema democrático y las libertades que éste sustenta.
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