Por
Lic. Fernán Camilo
Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN
ACCIÓN
http://publicacionaccion.blogspot.com
San Salvador, 9 de
marzo 2016.
El Estado de Sitio restringe la libre circulación en el territorio nacional, la libertad de expresión
y de asociación pública, pero da libertad al Estado, para capturar y detener a voluntad, hasta por quince días. La
sociedad clama hoy, para detener la ola de asesinatos mediante el régimen de
excepción, pero sin considerar las limitaciones que, para ella implicaría, tal régimen:
la sociedad no podrá expresarse libremente y mucho menos, manifestarse por la
corrupción estatal, por sus planes de apoderarse de los fondos de los trabajadores,
y menos aún, exigir al Gobierno el
cumplimiento de la ley salvadoreña, frente a las extradiciones solicitadas por
España y no podrían señalarse los desatinos
del Gobierno, en el incumplimiento de sus obligaciones: pago de pensiones, agua
potable, seguridad alimentaria y reclamos públicos, por la omisión de sus
obligaciones económicas.
Se ha luchado en la Asamblea
Legislativa, para evitar una ley mordaza,
impuesta por el Gobierno a los medios de comunicación y las redes sociales, y
una de las promotoras de estas leyes restrictivas, la Diputada Presidenta Lorena Peña dijo con alegría, que se
restringiría la expresión por correos electrónicos y en las redes sociales. No
debe olvidarse que sin la libertad de expresión, no se hubiese podido descubrir
los casos de corrupción gubernamental, ni las pretensiones de apoderarse de los
fondos de pensiones. El único recurso legal que tendríamos, en tal situación,
sería la voz del Procurador de los Derechos Humanos y, ya sabemos cómo este
funcionario, está parcializado. Y si
esto no fuese suficiente, tendría que ser sujeta a autorización, toda actividad de índole partidaria, aunque
ésta fuese realizada en la sede del
partido político.
En diciembre pasado, el
General David Munguía Payes, dijo que la
Fuerza Armada estaba llegando al límite de su capacidad operativa y ahora, para
poder incrementar esa capacidad tiene que llamarse a la reserva, lo cual
implica un refuerzo presupuestario para el cual, el Gobierno no tiene de donde
sacarlo, a no ser que dejen de pagarse las pensiones del IPSFA, IMPEP e ISSS y a los proveedores -como es manifiesto que son
las intenciones futuras del Gobierno-, y también solicitar más créditos.
Si la delincuencia no
ha disminuido, es porque las medidas contra ella, son sólo esfuerzos para “disuadir a las maras de
ocupar los espacios públicos”, pero las órdenes y coordinación de los
pandilleros, provienen de las cárceles y, sus acciones territoriales, son la
implementación de dichas órdenes. Para frustrar estas acciones, bastaría aislar
a los cabecillas, rompiendo sus estructuras de mando y anulando su capacidad
operativa. No se hace así: se desvía la atención y responsabilidad hacia los
que no la tienen.
El control territorial
de las pandillas no puede recuperarse en un mes, ni aunque desplieguen a toda
la Fuerza Armada junto a la PNC, pues
los grupos de pandilleros que se desplazan en la línea fronteriza con Honduras y, que merodean las zonas volcánicas,
presentan un escenario muy similar al que hubo en nuestro pasado conflicto
armado, con la variante de que sin una línea de abastos desde el exterior, no
es sostenible la lucha y no puede haber combates generalizados, pero sí asegura la persistencia de estos
grupos.
El número de homicidios
es muy alto, y ha sido posible porque se pactó con ellos desde el inicio del
Gobierno de Mauricio Funes y se les ha dado prerrogativas tales, que les han
hecho creer que pueden considerar su propio patrimonio al Estado de El Salvador
y que por consiguiente, los salvadoreños
estamos en servidumbre, sometidos a su autoridad. Revertir tal condición, será
muy difícil y mucho más, en el corto
lapso de un mes y esto pudiera ser el pretexto para un Estado de Sitio de
tiempo indefinido.
El peligro que se nos
presenta es que, ese poder que esperamos,
se ejerza contra las pandillas, se vuelque contra quienes han sido señalados,
por Salvador Sánchez Cerén, como desestabilizadores de su Gobierno, en
referencia directa hacia la Empresa Privada y contra quienes escriben señalando
los desatinos del presente Gobierno,
porque de ser así, el Estado de Sitio, volveríase en favor de las
pandillas, generando una mayor crisis humanitaria y económica.
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