Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCION
Es, la Fuerza Armada, institución fundamental del
Estado moderno: sobre ella recae la coercibilidad última del Estado
(coercibilidad: característica esencial del Derecho). Aunque el ejercicio del
Derecho, esté reservado a las instituciones civiles (jueces, fiscalía o entidades
administrativas), la coercibilidad, corresponde cotidianamente a la policía, teniendo
el respaldo último de la Fuerza Armada; en consecuencia, es esencial de ésta
última, su apoliticidad: su doctrina y acciones, deberán ser reflejo de las necesidades
nacionales y de su estructura jurídica: sin embargo, parece que hoy, todo está
cambiando.
El ejercicio de la función militar, no depende de una
persona, es colegiado y, en el marco de la Ley: primero de la Constitución,
luego de la ley secundaria, en aplicación de las demás instituciones del
Estado. Operacionalmente, su dirección recae en el Presidente de la República y,
en el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, conformado por las distintas
jefaturas militares: no hay criterio único, aunque sí, unidad en el mando,
dentro de lo que la Ley establece.
La Fuerza Armada, cumplió un papel estrictamente
constitucional, durante el conflicto armado, sujetando su desmovilización, a
los Acuerdos de Paz y al poder civil, lo que le dio aceptación universal (de la
Nación, al margen de cualquier ideología política) pero, cuando el actual
Presidente, tomó posesión, le exigió juramento hacia su persona, el cual se
materializó el 9F y, con posterioridad, al no permitir el ingreso del Fiscal
General de la República, a La Libertad, para un acto de investigación sobre el
cerco militar, que restringía a sus habitantes, las garantías constitucionales.
Luego, ha sido reiterado en diferentes casos, el incumplimiento de sentencias
judiciales.
Por esta situación, la precepción de los civiles,
hacia la Fuerza Armada ha cambiado: ahora, además de reclamar una participación
política ha servido, durante la campaña electoral, a un partido político, facilitando
sus recursos logísticos, para videos de campaña o, acompañando a simpatizantes
de Nuevas Ideas, en el reparto de alimentos, pagados por el Gobierno.
En el presente, la Fuerza Armada acompaña a elementos
de la Policía Nacional Civil, en sus patrullajes: aunque, el control
territorial de las maras ha aumentado, siendo dicho control, la principal
obligación material de la Fuerza Armada: significa la plena vigencia de la
soberanía sobre el territorio, y que se expresa, en la aplicación de toda ley,
o mandato judicial y administrativo. Si la baja de homicidios, se debe a
acuerdos con las maras, es resultado de acuerdos políticos ilegítimos: no han
sido por el imperio de la Ley.
El nuevo material de la Fuerza Armada (barcos o
drones) tiene que ser en función de la necesidad: el control marino, para
proteger el recurso pesquero y detener el narcotráfico, que parece ha
aumentado, haciendo de El Salvador y Honduras, los principales puentes, en su
camino desde Venezuela y Ecuador.
Los drones, como sistemas de armas, implican
modernización, pero tiene que vérselos como sistema de armas y éste, en razón
de la amenaza: ¿Es para Honduras?, o ¿es para vigilancia interna?, si, para
esto último, ¿cuál es la razón de estar armados? ¿planea el Gobierno, en
nuestro suelo, operaciones militares y, contra quién? Son preguntas políticas,
que no comprometen la operatividad o Seguridad Nacional.
Si la Fuerza Armada, será política, es necesario que
se contesten todas esas preguntas, pues en vísperas estamos, de un aumento de
sus fuerzas operativas. La siguiente pregunta es ¿Cómo reaccionará la Fuerza
Armada, al señalamiento de funcionarios involucrados en corrupción y, por ende,
en el crimen organizado, considerando que dichos señalamientos, no provienen de
la política nacional, sino de la internacional, que tiene connotación superior,
al ámbito militar?
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