CIUDADANO O TLAMEME

 

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

 

Tlameme es palabra que proviene del náhuatl: “tlamama”: significa cargar; nomina a la persona cuyo trabajo es llevar las cargas de otros. Puede aplicarse a las intenciones del presente Gobierno y, a la lucha política, que se desarrolla ya, en las calles.

 

La anulación de la separación de poderes y el dominio del partido oficial, en la Asamblea Legislativa, destruyen el sistema republicano; la contraloría pública ya no existe y peor aún, si se plantea la disolución de la Corte de Cuentas y del Ministerio Público.

 

La supresión del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM) y del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios de El Salvador (FODES), destruyen la función social del municipio y del Estado:  razón de la existencia de estos, es el bienestar inmediato del individuo; tal está expresado en el “ARTICULO 1.- El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común”.

 

En El Salvador, el municipalismo tiene dos vertientes; la española, que se origina en el siglo IX, de las necesidades locales, y la francesa (nacida del socialismo del siglo IXX), que tiene como objetivo, proporcionar una mayor autonomía a los municipios, centrándose en la organización y las prerrogativas de las ciudades, a través de una descentralización de la administración pública, con el fin de lograr, con la participación ciudadana, la mayor estabilidad social.

 

Destruyendo el municipalismo en El Salvador, el individuo pierde la calidad de ciudadano, pues carece de la posibilidad de decisión, en los asuntos locales y nacionales; se forma un grupo gobernante, que acapara las funciones públicas, quedando el individuo, limitado a su servicio al Estado: pago de impuestos, justificación para el populismo del Estado, u otra forma de utilización, en el ejercicio de sus intereses o poder.

 

Es ejemplo, la justificación en los intereses difusos de la masa, el autoritarismo del Ejecutivo o, la creación de la empresa “Chivo”, para la imposición del Bitcoin. Los desfalcos a la economía pública, se hacen justificando obras a sobreprecio y, para intereses del grupo gobernante.

 

 

Si el Gobierno esconde sus gastos, declarándolos “reservados”, para sus dueños (los ciudadanos), es porque considera que estos, ya no son los verdaderos dueños: considera que el dueño, es el Gobernante, estableciendo separación entre la masa de habitantes y el Gobierno. Esta separación establece que quien no tiene poder de decisión, pero si, obligaciones, es un Tlameme, útil sólo, en la medida que lo sea, al Gobernante.

 

El anuncio de la rehabilitación de las líneas férreas en desuso, que hoy han sido titularizadas por las Alcaldías, para viviendas, a personas de escasos recursos, significa que tendrán que ser desalojadas y reubicadas donde el Gobierno decida; posiblemente, en tierras que hoy son de propietarios privados, pero que, bajo la nueva Constitución, serán designadas de “utilidad pública”.

 

Toda persona asistente a cada una de las marchas contra del Gobierno, es porque le afectan las acciones del Gobierno y son ciudadanos que luchan por sus derechos. El Gobierno, pretende fundar su legitimidad en la masa, pero ésta no votó, por la destrucción del sistema democrático, ni para renunciar a su libertad y convertirse en un Tlameme (esclavo de la era precolombina), ni para que el gobierno le use a su criterio, como de su propiedad; las marchas son expresión de libertad y soberanía. Cada marcha prueba de naturaleza ciudadana, que se resiste a ser Tlameme, bajo el yugo del Gobierno, ratificando que la soberanía reside en el pueblo y no, en el Gobierno.