Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCION
El proyecto: nuevo Sistema Nacional de Pensiones,
filtrado ayer, refleja el pensamiento actual del Gobierno, fundado en la “Cultura
del Descarte”, cuya base es la
publicidad y la obsolescencia programada: todo vuélvese obsoleto, para buscar
lo más conveniente al Estado, que es representado, no por la ciudadanía, sino
por los intereses del Gobierno.
Las teorías de Robert
Malthus, economista británico del siglo XVIII, que en 1798 escribe su obra “Ensayo
sobre el principio de la población”, expone que la sobrepoblación, es mal económico
y social, pues la primera, crece de manera geométrica y la segunda (los
alimentos), aumentan de forma aritmética, así que se genera un desbalance en la
economía y en la satisfacción de las necesidades humanas.
Pruébase lo errado de sus
teorías: la tecnología y los adelantos científicos han creado una sobredemanda
de productos; pero sus principios, se han aplicado a otros campos, generando
políticas globales unas y otras, nacionales, siguiendo diferentes criterios
ideológicos, pero siempre en beneficio del Estado-Gobierno.
Hace un siglo, aparece el libro “Permiso para la
destrucción de la vida indigna de vida”, de Karl Binding y Alfred Hoche: abrió
el debate científico, sobre la eutanasia y, con posterioridad, extendiese hacia
el aborto. Años después, en 1941, en Alemania, se les aplica la eutanasia a
70,000 pacientes, ampliando el programa hasta tener 200,000 victimas (PSIQUATRÍA
CRIMINAL: EL PROGRAMA DE EUTANASIA DE LA ALEMANIA NAZI, de Gabriel Eduardo
Guralnik, Universidad de Buenos Aires).
La propuesta del Gobierno: incluir el aborto y la eutanasia
en la nueva Constitución, sigue los mismos principios, aunque se le llame “muerte
digna”. También la exclusión de todo Juez mayor de 60 años, o la cancelación de
la autorización de Abogado a quienes alcanzaron dicha edad y, prohibir a los médicos
de esa edad de la práctica pública, sigue esos mismos principios: la utilidad
caducada, para dar paso a los nuevos. Esta disyuntiva, plantea la cuestión: ¿Puede
una persona, ser caduca en la sociedad?
Al margen de cualquier consideración filosófica o, de bioética,
esta forma de pensar, crea preguntas prácticas: ¿Cuándo debe una persona
pensionarse? En el nuevo proyecto se establece que, a los 70 años, con pensión mínima,
sin importar su aporte, necesidades o derechos adquiridos.
Elevar el tiempo de servicio, es para dilatar la
continuidad de recaudación del sistema, lo cual favorece al Gobierno. Disolver
las AFP, ISSS e IMPEP y posiblemente el IPSFA, es para que sus recursos pasen
al Estado: serán administrados por el Gobierno. Siguiendo esta lógica económica,
dichos fondos serán para que el Estado, que ya no recibe préstamos
internacionales, pueda subsistir o cumplir sus compromisos crediticios, con la
seguridad de obtener nuevos financiamientos: todo a costa de la población
cotizante y pensionados.
Durante el inicio de la pandemia, una de las primeras
recomendaciones, fue que debían de evitarse los embarazos, por los efectos de
los contagios; forma encubierta de ejercer control natal. La autorización de
trabajo, de forma selectiva, es otra manera de control poblacional y determinar,
quién es esencial o no, en la sociedad, a criterio del Gobierno. Dicha medida,
fue causa de que la economía fuese más débil y que el Gobierno, pudiese
extender sus planes de asistencialismo, con fines electorales. Los niveles de
contagio son ahora más altos y la vida sigue con normalidad, mostrando que la
destrucción de la economía, no tuvo impacto positivo en la sociedad: acrecentó
el asistencialismo y poder del Estado.
Se conoce este proyecto de pensiones, el día en que la
sociedad se manifestó, en defensa de la vida y la dignidad humana: reto del
Gobierno a esta manifestación en las calles.
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