Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCION
De forma integral, deben analizarse la reforma de
pensiones y la economía pública, pues la separación existente, entre ambas
entidades, desaparecerá en muy poco tiempo: la economía pública amenaza
absorber la privada, como consecuencia de la iliquidez del gobierno y sus
gastos, en creciente aumento.
Cuatro mensajes envía el anuncio de que los depósitos
públicos, ya fueron retirados de la banca privada: 1) el Gobierno no tiene
intenciones de honrar sus compromisos de corto plazo, con la banca nacional, 2)
el Gobierno, enfrenta crisis de liquidez, ante la imposibilidad de acuerdos con
las entidades internacionales y, la falta de claridad y orden en los gastos
fiscales para el 2022, 3) existe la posibilidad de una forma de estatización
del sistema financiero, a mediano plazo, para favorecer el uso del Bitcoin y 4)
la reforma de pensiones tiene por objeto, permitir al Gobierno, utilizar fondos
privados, por lo que ya no existe seguridad sobre la propiedad privada, ni la
libre contratación.
La primera cuestión a dilucidar en la nueva Ley de
pensiones, es la edad para la jubilación, que será de 70 años. ¿Cómo quedan los
derechos de los pensionados actuales, menores a esa edad? El derecho a la
pensión, es derecho personalísimo (intuito personae) que no puede ser alienado,
pero al desaparecer, en el proyecto de Constitución, las garantías individuales,
quedará a discrecionalidad del Estado, el derecho a la pensión y su
cumplimiento.
La segunda pregunta es sobre la pensión mínima, equiparada
con el salario mínimo, sin importar la cantidad ahora asignada o, la aportación
hecha, durante la vida laboral, la cual guarda relación con los gastos y forma
de vida del pensionado. Así, si la pensión de una persona resulta actualmente superior
a la mínima, ¿será disminuida al mínimo, por el principio de solidaridad del nuevo
sistema?
La tercera pregunta es: ¿El Estado puede liquidar las
inversiones de los fondos de pensiones en el extranjero, para repatriar dichos
fondos y utilizarlos en los gastos corrientes del Estado? ¿Cuánta será la
perdida en dicha venta y, cómo responderá a futuro, a las obligaciones previsionales?
¿Cuál será el impacto económico de la “confusión” (acreedor y deudor se
confunden) entre las deudas del Estado, con la banca nacional?
La cuarta pregunta es: ¿Es sostenible en el tiempo,
este nuevo sistema de pensiones, si no hay crecimiento de la economía nacional,
con una creciente población adulta por jubilarse? ¿Será de 80 años, la
jubilación en el futuro?
Todo esto nos lleva a una siguiente pregunta: ¿Cuánto
tiempo puede resistir una economía que pretende subsidiar la inflación, de
manera populista? Sólo dependiendo de los ingresos de la actividad privada, en
decrecimiento. ¿Se espera que nos financien otros?
La inversión en Bitcoin, solo favorece a una empresa
privada, la cual es subsidiada por el Estado con fondos públicos. La falta de
transparencia y corrupción, están llevando al colapso del sistema financiero y
al robo, por parte del Estado, de los fondos privados de los pensionados.
Al haber, por falta de liquidez, un colapso de la
economía, forzará a aceptar el Bitcoin (o cualquier otra criptomoneda, para
evitar el trueque) con el que pagara el Estado, luego de haber drenado los
dólares físicos, pues por ahora ya se plantea, el uso del dólar sintético
(electrónico), que obligará a la convertibilidad en moneda física, con costo
financiero.
Para evitar que el Gobierno del Estado, domine a la
población, por medio de la economía, es necesario la manifestación, no de forma
cuantitativa, sino cualitativa; solo así, podrá imponerse ante la masa en la
cual, funda el Gobierno, la legitimidad de su dictadura.
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