Contestando a uno de
mis lectores, defensor del ALBA y de su idea de asistencia pública.
Por
Lic. Fernán Camilo
Álvarez Consuegra
San Salvador, 9 de
julio de 2013.
La asistencia pública,
en cualquiera de sus formas, es aplicación propia del principio de
subsidiariedad, el cual, debe ser sufragado por el Estado, salvo que, en cada
caso, hubiese fuente de ingreso propia del Estado y alejado de los impuestos,
como sucede con ANDA, CEL, CEPA y lo que antes fue ANTEL. De no existir el
medio de propia subsistencia, el Estado, debe cubrir tal deficiencia y, al con contar
éste con los fondos necesarios para tal fin, se ve obligado de contraer una
deuda que se califica de pública, por que atañe a toda la nación. Es por esta razón
por ser problema nacional, que creo
conveniente abordar el tema.
El filósofo español,
Antonio Millan Puelles, en su obra “La
función subsidiaria del Estado”, dice que el problema clave de la
convivencia humana dentro de la sociedad, es la armonización de la libertad humana y orden social, según
las normas universales del Derecho Natural: “el Estado tiene siempre la obligación
de ayudar, a veces, el Derecho y el deber de suplir pero, nunca suplantando las
actividades propias de los ciudadanos”.
La “armonía social”, es
el acoplamiento de las partes del todo para el logro de un mismo fin; en el
caso de la subsidiariedad, el fin común es el progreso de la sociedad: en lo económico,
en lo político y, en lo social. Este progreso es más que un mero equilibrio de
las distintas fuerzas sociales, como el que se busca en la política cotidiana
en nuestro país; no se trata de calidades o fuerzas que se anulen entre si,
como extensión hacia la economía y las fuerzas sociales de las teorías jurídico-políticas
del sistema de pesos y contrapesos. Es más bien, la complementación de las
cualidades sociales y, es porque la sociedad, no esta constituida por
individuos aislados que se agrupan y que el Estado cohesiona, como lo afirma la
teoría liberal. Es, realmente, el conjunto de pequeñas asociaciones que, en
conjunto solidario, en derredor de un interés común, conforman una sociedad más grande, más numerosa y a la que
denominamos Estado. Así lo expone Gustavo Tribon, en su obra “El equilibrio y la armonía”, en la cual
trata de las verdades inmutables y objetivas de la sociedad.
Para complementar el
pensamiento de Gustavo Tribon, leemos al jurista, sociólogo y moralista
austriaco Johannes Messner, que explicando este tema dice que el principio de
subsidiariedad, no es más que la expresión de un hecho: la personalidad humana
sólo puede llegar a su pleno desarrollo (realización) con la actuación de su
libertad y el complemento de su responsabilidad, de manera que la mejor
movilización posible de las facultades individuales, hará progresar el bien
común, en la mayor medida posible, siempre y cuando el Estado acierte a su
coordinación. Johannes Messner resume, tal pensamiento, con la formula: “tanta
libertad como sea posible como sea posible y tanta reglamentación como sea
necesaria”.
Esta libertad posible,
la ejercerán los miembros de la sociedad por sus cuerpos intermedios
(agrupaciones sociales y naturales) la reglamentación, será la que
subsidiariamente establecerá el Estado para coordinar, vigilar, impulsar y
ayudar la actividad social. En su aspecto económica, esta concepción da lugar a
“la economía social de mercado”, pero ocurre que tanto como nuestro medio, como
en toda Latinoamérica y aun en Europa, existe la tendencia a que el Estado
intervenga hasta en la vida intima del individuo, so pretexto, de protegerlo,
ahogando, por dicha protección la iniciativa
individual y la posibilidad de progresar por si mismo, esperándolo todo del
Estado por vía de la asistencia pública. Para cubrir esta asistencia pública, y
ante la falta de recursos, el Estado se ve obligado al endeudamiento, pero no
aclara a la ciudadanía que, dicho
endeudamiento lo contraen todo los ciudadanos. El problema del asistencialismo
estalla cuando el Estado carece de fondos para sostenerlo y no tiene capacidad
para solventar la deuda pública y, hay una supresión de lo que se considera “Derechos
inalienables y personalísimos”, conferidos por la sociedad, por el sólo hecho
de ser, ser humano perteneciente a uno u otro Estado.
De manera impositiva,
el Estado exigirá los impuestos, con el producto de los cuales, podrá obtener
los recursos necesarios para desempeñar sus funciones dentro del marco antes
descrito. Verse obligado al reparto proporcional de estas cargas impositivas
(el reparto proporcional lo determina la capacidad de pago de cada
contribuyente o bien, según sea el disfrute del servicio público del usuario y
dentro de la justicia distributiva).
En materia
presupuestaria el Estado ha de proveer, en lo posible al reparto proporcional
de los ingresos, a la elevación del nivel de vida y, al mantenimiento de un
orden estructural equilibrado entre los diversos sectores y grupos sociales y,
todo esto con la administración “proba y productiva” de los impuestos. Debe
haber siempre una relación ingreso-gato público y, sobre todo, muy importante
que haya, una relación armónica entre el poder público (que a su cargo tiene la
reglamentación económica) con la productividad, tal como la recomienda Max
Weber en su obra “Historia económica
general”.
En la realidad
salvadoreña y, que es la misma que es la misma en los países Latinoamericanos, el Estado ve en la actividad privada, fuente
inagotable de recursos y, bajo el principio de la “distribución proporcional de
lariqueza”, pretende expoliar (robar) el trabajo individual. Así lo expone
claramente Frederic Bastiat en su obra,
la ley. El gobernante, carente de
riqueza personal, se apropia de la ajena y distribuye, entre los desposeídos, lo que no le pertenece, evitando, para poder
hacerlo, los naturales controles propios del Estado: Corte de Cuentas de la
República y el Departamento de Probidad, de la honorable Corte Suprema de
Justicia, evitando o minimizando de este modo, si se comprueba, el repudio de
la opinión pública.
El ALBA no es más que
una estrategia disimulada del
asistencialismo público, la que va destinada a suplantar la actividad
privada, generadora del desarrollo natural de nuestra Nación. Su
desnaturalización proviene de dos fuentes: el ser propiedad privada y su fin desde todo punto de vista, no natural, que
es la asistencia pública. Se ha creando un ente económico hibrido, con función política, sin debidos controles, lo cual, tras un beneficio inicial para la
población, creará un mercado cautivo, por la anulación de su competencia; por
otra parte, si esta relación, hoy privada, se vuelve pública (como es el
objetivo del ALBA, según sus estatutos), crearía una deuda pública de monto inimaginable,
lo que con el tiempo, sólo beneficiaría a los dueños de la deuda (Venezuela) y
se lograría su objetivo GRANNACIONAL,
que es aumentar su área de influencia,
lo cual equivaldría de ser un satélite de Venezuela.
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