PANDILLAS, EL GOBIERNO Y LA IZQUIERDA REVOLUCIONARIA

Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN http://publicacionaccion.blogspot.com
San Salvador, 28 de abril de 2014

“La libertad es un mar borrascoso. Los hombres tímidos prefieren la calma del despotismo”. Tomás Jefferson

Las pandillas, el Gobierno y la Izquierda revolucionaria, tienen cada uno, sus propios objetivos, pero lo cual no significa que éstos, sean completamente excluyentes entre sí: tienen algunas coincidencias aunque al margen de las necesidades de El Salvador como Nación o como Estado democrático, dentro de la comunidad internacional.

El objetivo de las pandillas es el dominio territorial para cumplir  fines de aprovechamiento delincuencial dentro del mismo, por ello exigen, en términos generales, cuatro puntos fundamentales, que pueden conocerse, en la petición entregada al Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, por la carta que fue entregada, por intermedio del Padre Toño y la nota enviada a Mauricio Funes y que (filtrada por descontentos con esta negociación ilegal): primero, derogación de las leyes que como pandillas les son restrictivas; segundo, acuartelamiento de la Fuerza Armada; tercero, beneficios económicos colectivos y; cuarto, beneficios carcelarios para los ya presos. De hecho, esas cuatro puntos ya han sido logrados y por lo menos, planteados  de alguna manera a la población.

Los beneficios dados a los internos más peligrosos, ha permitido consolidar su mando desde las cárceles, estableciendo cadenas de mando fluidas y expeditas y, acrecentada así su capacidad operativa. Los presupuestos para la PNC y la FAES (exiguos por insuficientes), han limitado su operatividad en las acciones antipandillas. La Fiscalía General de la República, no ha aplicado la legislación ya existente para este caso en particular, sino que cada delito de las pandillas, ha sido manejado como un hecho “individual”, relativo al acto de una o varias personas, sin su relación con actos previamente orquestados por el crimen organizado, pues es imposible  que los agentes investigadores de la PNC, puedan relacionarlos como tales, ya sea por falta de personal, por presupuesto exiguo o limitaciones estrictamente legales. Por último, en la negociación con las pandillas se habla de “la responsabilidad de la sociedad y la colaboración que las empresas en la solución de este problema en la solución de este problema”.

Lo que el Gobierno pretende, es que la imagen del país, no sea la del más violento del mundo, sino que parezca cumplir los estándares internacionales, pero sin importar si esta baja de homicidios, se debe al sometimiento  de la población o al dominio de una pandilla sobre la otra; lo que cuenta menos para el Gobierno, es el cumplimiento de la Constitución Política, y por eso los funcionarios  pretenden buscar soluciones bajo argumentos oscuros, “políticamente aceptables”, que satisfaga las intenciones de las pandillas, guardando cuidadosos  las debidas apariencias.

Sin embargo, dadas las diferencias evolutivas, entre la MS 13 y la 18, frente a los beneficios que pueden recibir del Gobierno y, la posibilidad de tener una participación mayor en el control territorial, se ha desatado  entre ellos, nuevamente, la guerra, la cual, como es  natural, se extiende hacia la población y los entes de seguridad pública.

Para mayor claridad de esta situación, citaré como ejemplo, el caso del Bajo Lempa y Zacatecoluca, y también  de las áreas más populosas de San Salvador. En la primera, el control territorial para el trasiego de armas y drogas (pasajes tradicionalmente utilizados por la guerrilla del FMLN para sus fines logísticos y que formaba parte de su línea de abastecimientos desde Nicaragua), jamás ha sido desarticulado, por que el dominio del mismo estaba en la población natural del lugar, o de los asentamientos creados ad hoc. Su importancia va hoy, en el sentido de controlar las zonas que serán beneficiadas por el FOMILENIO II y percibir su beneficio económico mediante el control de sus polos de desarrollo. Aunque ahora ya no son parte de la cadena de abastecimiento antes citada, sí sirven a la droga y a las pandillas, pues  por allí se aseguran una fuente de ingresos los lugareños, pues es un área de pobreza extrema. En cuanto al centro  de San Salvador y su periferia, si controlan el mayor centro poblacional y por eso, la zona de mayor distribución y consumo de droga, sus ingresos están asegurados.

 La disputa entre la MS 13 y la 18, permite valorar el grado de desarrollo de la primera, que se extiende hasta líneas de autobuses, pequeños negocios, influencia en Iglesias protestantes etc., ha comprendido cómo puede utilizar el sistema social en su beneficio; mientras que la segunda, sobresale por su violencia, en un accionar más “primitivo”. Sin embargo, no es menos peligrosa que la primera, por su capacidad  terrorista y su afán de sobresalir en barbarie.

Por otra parte, la izquierda revolucionaria, excluida del actual Gobierno, no por diferencias ideológicas, sino por  estructura de poder, está planteando situaciones tradicionales de Izquierda, y que  complican la posición internacional y gobernabilidad del FMLN. Por hoy, la bandera que esgrime la Izquierda revolucionaria, es la de una nueva política de drogas, bajo el eslogan: “Yo apoyo. No castigo”, cuya pretensión es la despenalización del uso de drogas en El Salvador. Si bien en algunos Estados de los Estados Unidos, ha desaparecido la prohibición a la mariguana, la tendencia y razonamiento imperante en estas organizaciones de Izquierda, es la suramericana: siendo  la hoja de coca y la mariguana, de esta región, se afirma que su explotación y consumo es  un derecho su explotación, como lo ha sostenido Evo Morales, Pepe Mujica  y lo sostuvo Hugo Chávez (que hasta propuso que ALBA fuese una distribuidora de los productos de la coca). 

Esta posición en el caso nuestro, puede complicar las relaciones internacionales del actual Gobierno y, además, favorecería indirectamente al narcotráfico salvadoreño: las pandillas, las que monopolizan la comercialización y siembra de mariguana, también se verían favorecidas. Por la posición geográfica de El Salvador, se convertiría nuestro país, en el centro de trasiego “legal de la droga”, fortaleciendo el poder de las pandillas y de los Cárteles de la droga, en vez de disminuirlo o anularlo.

Lo único que puede evitar un acrecentamiento del poder de las pandillas, que son entidades criminales, es que éstas no obtengan, por parte del Gobierno, beneficios ilegales e inconstitucionales, además de evitar la despenalización en el uso y comercialización de las drogas.