LA EMPRESA PRIVADA Y EL GOBIERNO

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com

San Salvador, 7 de abril de 2014.

Los diferentes conflictos ideológicos y prácticos que pueden suscitarse entre la actividad privada y  el ordenamiento del Gobierno, giran en derredor del concepto de “autoridad” y “poder”, sin importar la magnitud ni la naturaleza del conflicto. Siempre existirán los conflictos y serán normales, como expresión de las existentes  fuerzas vivas. Sin embargo, si el resultante de la acción de estas dos fuerzas, destruye más de lo que construye, las fuerzas se vuelven perjudiciales y van en detrimento del progreso social, que estas dos fuerzas, pretenden desarrollar.

La palabra “autoridad”, derivada del latín, “autoritas”, implica la importancia e influencia de que gozan en reconocimiento general varias personas o un individuo, en un sistema de opiniones. Dejaremos por hoy, de lado, la “autoridad moral” y, nos centraremos en la “autoridad social directa”, que da forma al grupo social;  o sea, al cuerpo mismo de una sociedad. Consideremos que existe la capacidad de crear un grupo social, asegurando su cohesión y su capacidad de hacerlo funcionar,  según sea el fin para el cual ha sido creado. En este sentido, todas las organizaciones dentro del Estado, como gremios, sindicatos, ONG´ s, empresas privadas, partidos políticos o personas individuales, poseen cierto grado de autoridad, dentro del conglomerado social.

En términos prácticos, la autoridad es un hecho: es la capacidad de la personalidad de irradiar influencia, de crear cohesión social y obediencia; pero,  el tejido social es también un hecho real y, de éste, surge el Derecho.  De este tejido social, nace el poder legítimo: El poder  que en un sentido más amplio,  permite realizar actos y regir conductas, de naturaleza coercitiva y, por eso,  en casos especiales, ejercer la coacción.

Mientras que la autoridad es de naturaleza “espiritual” o de aceptación voluntaria general, el “poder” evoca una realidad material, por lo que, en la sociedad, no pueden estar divorciadas y menos aún, ser antagónicas, pues  en tal caso se daría  a la ingobernabilidad de un Estado con muy nefastas consecuencias para la sociedad misma.

El socialismo en su persistente visión de lucha de clases, ve un peligro constante en todo gremio, asociación o institución, que están en pugna constante por lograr el dominio dentro de la sociedad: no considera los objetivos que toda agrupación persigue. Del toda errónea es esta manera de apreciar las relaciones de las agrupaciones sociales, pues el tejido social es, en realidad, uno, que ofrece algunas características diferentes o roles y pretensiones dentro de los grupos particulares, pero que no afectan el objetivo general. Con esta visión, el socialismo comente su primer gran error: creer que el poder del Estado, obtenido gracias al voto ciudadano es diferente del que expresa, socialmente, en sus relaciones con las agrupaciones y que, por ser poder coercitivo del Estado, las asociaciones están sometidas al imperio del Estado.

El segundo error del socialismo es calificar de política partidaria, la actividad de cada gremio, sindicato o asociación, siendo que esa actividad es política sí, pero en su sentido más amplio: conseguir fines específicos; el apoyo político partidario en el sentido de lo congruente con dichos fines particulares de cada entidad. Conforme con esta visión socialista, sería de esperar que la empresa privada se volviese enemiga del Gobierno. Esto no puede ser, pues,  para existir la empresa privada, tiene que desenvolverse dentro del Estado y no, fuera de él, como sí lo hacen los grupos delincuenciales, que por naturaleza son opuestos al Estado y no obedecen sus reglas.

El Derecho tiene por objeto subordinar el poder a la autoridad, es decir, permitir al espíritu social, gobernar los mecanismos del Estado. Hay una física social que es el conjunto de las leyes naturales que rigen la sociedad, pero hay también, una psiquis social que es la ley espiritual que se impone a esas leyes naturales en la sociedad y son aquellas derivadas de la moral y el buen vivir. Resumiendo,  tanto en la sociedad como en el individuo, hay necesidad y libertad, materia y espíritu, lo físico y lo psíquico, cuerpo y alma, lo mecánico y lo vivo, pesadez y agilidad, poder y autoridad. El socialismo invierte esas relaciones, supeditando al poder del Estado, la moralidad social (ser de la  sociedad). Lo cual, desde el punto de vista, formalmente jurídico,  es correcto, pero sin su objetivo social o moral, rompe la espina dorsal de la sociedad, pues el gobernante del Estado, no puede presumir e imponer la moralidad social, cuando ésta nace de la sociedad misma.

Por las razones así expuestas, el poder del Gobierno, no debe  agredir el ser moral (espíritu de la sociedad) expresado en las fuerzas vivas de la sociedad, las que se reconocen por su “autoridad”. En lo económico, la empresa privada representa ese ser moral de la sociedad y el Gobierno, obligado está a llegar a  un entendimiento con ella, no por sumisión del uno a la otra, sino porque su entendimiento es en beneficio del país y, en consecuencia debe de hacerse por difícil que parezca. En consecuencia es para bien del Estado el buscar toda condición que favorezca dicho entendimiento y no serán sucedáneos de la empresa privada para llenar los requisitos formales y de apariencia de gobernabilidad por parte del Estado.

Debe guardarse el Estado de toda medida o disposición gubernamental que sea proclive al perjuicio, destrucción o extinción de la empresa privada. Deberá guardarse, el Estado de declarar medidas en favor de una empresa estatal o partidaria, con la intención de suplantar la verdadera empresa privada.