RAZONES POR LAS CUALES NO DEBE NEGOCIARSE CON LAS PANDILLAS

Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN http://publicacionaccion.blogspot.com
San Salvador, 26 de abril de 2014

Las razones por las cuales no  debe  negociarse con las pandillas y débese  romper cualquier acuerdo con ellas se haya celebrado, no son antojadizas, caprichoso apoyo a la violencia, como lo ha afirmado el Diputado Gallegos; son  razones de interés nacional, a saber: una política pública de esta naturaleza, no es exclusiva del Órgano Ejecutivo y, mucho menos lo es, cuando éste la ejecuta negando su autoría; la negociación puede efectuarse sobre bases ideológicas y de lucha política, pero no con delincuencia, para “legalizar” sus acciones delictivas y si lo hace porque el Estado no puede someter al delincuente,  legitimaríase ipso-facto, la autodefensa ciudadana preventiva.

En los últimos años, aunque lo ha negado, el Órgano Ejecutivo ha favorecido la negociación con las pandillas y, ha sido el autor de la  cohesión y fuerza de éstas. Para comprobarlo, basta con leer, en el periódico digital argentino, “el puercoespín”, de fecha 17/9/12, una versión que es diferente a la que se da aquí en El Salvador, de la negociación con las pandillas, pero basada en investigaciones “in situ”, en un artículo intitulado: “El Salvador: cómo se consiguió la tregua con las pandillas, por Carlos Martínez y José Luis Sanz” que en uno de sus párrafos dice: “ex guerrillero y ex diputado Raúl Mijango, monseñor Fabio Colindres y el propio ministro de seguridad y justicia, David Munguía Payés, describen hoy una estrategia que fue elaborada desde un primer momento en el despacho ministerial, bajo la explícita autorización del presidente de la República, Mauricio Funes”. Más adelante se aclara que, la participación de Monseñor Colindres, fue estratégicamente pensado sido para dar apariencia de seriedad y sin tramas ocultas al proceso.

Esta política oculta, la amplía hoy, Salvador Sánchez Cerén, en el Vaticano, pero siempre con palabras ambiguas. Por otra parte, no sólo se ha creado una comisión, sino dos comisiones independientes, para tratar el mismo punto, sin aclarar sus objetivos,  que sólo ellos conocen y, cuyo alcance es insospechado por ahora. Una política pública diseñada de esta manera, sólo entre David Munguía Payes y Mauricio Funes,  no llena los requisitos formales para serlo,  pues como política pública, es responsabilidad del Consejo de Ministros y no, de la decisión personal del Presidente Funes y, que debe ser sometida con posterioridad a la Asamblea Legislativa. Por la naturaleza inédita de este proceso con las pandillas, tenemos que relacionar los Art.  167 y 168 de la Constitución, con el Art. 1 inc. 2°, 83 y 86 inc. 3° del mismo cuerpo constitucional. Por otra parte, cuando el Gobierno le da poder de negociación a la Iglesia (católica y protestante), viola el precepto constitucional de separación de Iglesia-Estado, consagrado en el Art. 25, pues no se ha buscado a las personas por su  criterio personal, sino por las  instituciones que representan, las que tienen objetivos muy particulares y excluyentes entre sí, generando a futuro, un conflicto religioso, ya resuelto desde la Constitución de 1886.

Otra razón es que, las acciones de las pandillas son delictivas y perjudiciales para el ciudadano común, pues se están negociando sus garantías constitucionales y derechos patrimoniales: la pandilla restringe la libertad de libre movilidad y, al extorsionar sistemáticamente, crea una “renta” a pagar,  la cual  ser un  gravamen más a los impuestos del Estado.  En el caso de no pagar a la pandilla, ésta aplica “pena de muerte” ipso-facto al extorsionado. La negociación con la delincuencia, es contraria al Art. 4 inc. 2 de la Constitución, pues la pandilla somete al ciudadano a una servidumbre y el Estado “legaliza” dicha situación, por el solo hecho de negociar con ella, y  aún más por llegar con ella, a un acuerdo.

Lo curioso y peligroso  del caso, es que las negociaciones con las pandillas se desarrollan dentro de las cárceles y por ello, se relajan los distintos procedimientos legales, en dichos centros de detención. Esta política, distancia a los Gobiernos democráticos, de la posición de El Salvador, como lo han hecho los Estados Unidos en este particular y,  muy probablemente también, lo harán los países de la Unión Europea, pues las pandillas, son un problema delincuencial transnacional y, en cierta medida, accionan en esos países, con conexiones con El Salvador.

La negociación con las pandillas, crea un espacio de ausencia de poder del Estado, y las pandillas lo saben y  aprovechan muy bien: quedó plasmado así en el “Documento  marco para la búsqueda de la paz”, entregado en persona, al Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, durante  su visita a El Salvador. Dicho documento fue firmado por: representantes  de la MS-13 por Dionisio Arístides Umanzor, “El Sirra”; Carlos Tiberio, “Snyder”; Marvin Adaly Quintanilla, “Piwi”; Saúl Antonio Turcios, “El 13”; Élmer Canales Rivera, “Crook”; Joaquín Moisés Cruz López, “Chele”; Dany Fredi Ramos; Borromeo Henrríquez, “El Diablito”, y Carlos Vélez, “Cerebro”. De parte de la 18 firmaron Víctor García Cerón, “Duke”; Andrés Roberto Barillas, “Lágrima”; César Daniel Renderos Días, “Cementerio”; Jefri Isaac Corvera, “Xochilt”; César Enrique Ábrego González, “Cuyo”; Rubén Toledo Cea, “Humilde”; Óscar René Moreira Palacios, “Pollo”; José Heriberto Henríquez, “Eddie Boy”; José Timoteo Mendoza, “Chory”, y Carlos Ernesto Mojica Lechuga, “Viejo Lin”. La condición era el secreto, pero Insulza, dio su apoyo público a la negociación con las pandillas. El poder de las pandillas para hacer llegar al Secretario General de la OEA al penal de Mariona, es SU CAPACIDAD DE ASESINATO Y DE CONTROL TERRITORIAL, ADEMÁS DE SU PODER ECONÓMICO, PRODUCTO DE LAS EXTORISIONES, TODO LO CUAL CREA SU FUERZA POLÍTICA.

La pandilla recibe dinero de la misma fuente tres veces: primero, cuando extorsiona directamente, segundo, cuando el Estado le da dinero y, tercero, cuando vende la droga; la fuente es siempre la misma: el trabajo del ciudadano honrado, pues de éste, sale la extorción directa; es indirecta cuando lo recibe del Estado,  producto de los impuestos y delictiva cuando es producto de la venta de  droga. El dinero en los tres casos, es producto del trabajo honrado del ciudadano que trabaja y que a veces encuentra en la droga y el alcohol, alivio a la triste realidad a que lo someten el Estado y la pandilla.

Ante la ausencia del poder del Estado para suprimir la pandilla,  es lícita la neutralización del pandillero, por parte del ciudadano, en recurrencia a su legítima defensa (acto en flagrancia y en defensa de la su vida e integridad física personal o de sus familiares), pero esos casos, son contados en relación con los realizados por las pandillas. En consecuencia se corre el riesgo que las comunidades se armen para su defensa común, como ya ha sucedido en Colombia y hoy, en Michoacán, México. Es poco probable, pero no deja de ser un riesgo para la estabilidad del país, pues ya el Estado tendría que combatir, no una fuerza, sino dos, aunque si el propio Ministro de Defensa es el autor intelectual de la negociación con las pandillas, con el aval del Comandante General del Ejercito, es muy probable que sea más cómodo volcar el poder del Estado contra quien quiera defenderse colectivamente, que contra las pandillas, por lo cual tendríamos al Estado, defendiendo a las pandillas, en vez de defender a los ciudadanos. El tráfico ilegal de armas desde Guatemala y Honduras a las pandillas, sólo es posible si el Gobierno ha actuado bajo el concepto jurídico penal de “comisión por omisión”