Por
Lic. Fernán Camilo
Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN
ACCIÓN
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San Salvador, 2 de mayo de 2015.
El endeudamiento en el
pasado mes de abril, en más de un mil doscientos millones de dólares, sumado a
una inevitable alza de impuestos y a
leyes restrictivas de la actividad económica, amenaza con un panorama de caos
social, por colapso económico y al cual se
suma la ya existente inseguridad; factores estos que
forzosamente, se traducirán en
una mayor emigración y aumento del poder del narcotráfico.
El desenfrenado endeudamiento
del Ejecutivo, en los últimos días, tiene dos motivos: la insostenibilidad del
pago de la deuda que ha venido acumulándose por refinanciamiento, desde
principios de la década de los 80 y, la necesidad de cumplir con los programas
sociales ofrecidos no sólo por este
Gobierno sino por los dos anteriores, programas que lejos de ayudar a la población, despilfarran
el dinero en corrupción y populismo.
Las reformas constitucionales
que insistentemente se piden aprobar: el Derecho al Agua y el Derecho a la
Alimentación y que, en apariencia,
responden a recomendaciones de las
Naciones Unidas, se invocan como
pretexto para modificar el contexto de estos principios universales y
volverlos medidas restrictivas, para la
actividad privada. Las Naciones Unidas recomiendan que se considere
responsabilidad del Estado, en el suministro de agua potable (calidad necesaria
para el consumo humano) siendo accesible a la población (por su precio y suministro al
hogar); sin embargo, aquí se le ha agregado una condición: “sin fines de
lucro”, lo cual implica que no puede el agua, ser utilizada libremente por el
particular, afectando la industria: el riego, como parte de un proceso
agroindustrial o, explotación directa (embotellamiento previa purificación);
sin el control directo del Estado y el respectivo pago al mismo, según sea el
criterio estatal.
El alza de impuestos
del IVA, el nuevo impuesto para la
telefonía celular, para los objetos suntuarios (a criterio del Estado) y las
transacciones de consumo (tarjeta de crédito), deprimirán aún más la economía
actual, haciendo insostenible no sólo la actividad económica misma, sino también
al Estado. Y este se sostiene con la
producción nacional por ahora, en base a las remesas recibidas.
Aunque a un mediano
plazo las remesas pueden sostenerse, son a largo plazo insostenibles, pues
tanto la población adulta como la joven, por efecto de la migración forzada y
el inevitable deceso generacional, tenderá a disminuir. A estas fechas no
existe estadística de la población adulta que se beneficia con las remesas; en muchos casos las remesas se difuminan en el
núcleo familiar de adultos mayores y jóvenes. Pero por una simple estimación
del promedio de vida del salvadoreño (72.1 años, la más baja de Centroamérica) siendo la población mayor de 65 años, del 5.2%, es de prever un descenso de las
remesas actuales en los próximos 10 años. Posiblemente se sumará una emigración
de una parte de la población joven (el 36.1% de la población corresponde a
menores de 14 años) y tendremos en los próximos años, una población que está
llegando a su vida de trabajo (58.7% lo constituye la población económicamente
activa), por lo cual las remesas para
los adultos mayores y los menores, tenderá forzosamente a disminuir.
La productividad y
abastecimiento de El Salvador, depende de una delicada red de importación,
distribución y consumo que va, desde el gran empresario, hasta el último
consumidor, por lo cual, si se afecta
una parte de esta cadena, sufre todo el sistema y aunque la dinámica privada
consiste en crear nuevas redes para sustituir
las que han sufrido deterioro,
hay para la recuperación un límite; pero la conjugación de mayor endeudamiento,
nuevos impuestos y leyes restrictivas, no permiten la necesaria
recuperación, por lo cual un colapso
económico es previsible durante el presente Gobierno, y más aún, si el FMLN
considera recuperarse, de la presente votación adversa, por medio de un mayor populismo. En este peligroso
panorama, es la delincuencia, sólo un
factor que denota la grave crisis institucional y la desaceleración económica
nacional.
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