Por
Lic. Fernán Camilo
Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN
ACCIÓN
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San Salvador, 7 de
noviembre del 2015.
La voluntad política,
crea la estructura jurídica y, una vez creada ésta, encausa y nutre la actividad
política o social. Conforme a ésta
lógica, se pretende hoy, cambiar la voluntad política para con las maras, pero
conforme a conceptos jurídicos nacidos
de realidades distintas a la nuestra; pretenden cambiar la voluntad política
del ciudadano para con las maras, con el fin de que el debate sobre su
reinserción y tratamiento penal, les sea favorable: para su financiación y para
salvar los obstáculos legales que hoy lo impiden. El concepto jurídico que hoy pretenden
implantar, es el de la Justicia Juvenil Restaurativa, del peruano Bruno Van der
Maat, publicado por el Centro de Estudios de Derecho Penitenciario, de la
Universidad de San Martín de Porres, en el año 2011.
La idea general, es que
la legislación penitenciaria es incongruente con los jóvenes, pues los tratados
internacionales, a que se ha obligado el Estado, son cada vez más protectores
de los menores, por lo que su internamiento, ante el cometimiento de delitos,
crea una incongruencia, entre el ser y el deber ser del Derecho.
Se plantea
paralelamente, que cada estamento social debe ser juzgado de conformidad a las normas y valores que le son comunes, y
el derecho penal y penitenciario, como norma general, viola los principios de
la Justicia Restaurativa, pues aplica una norma general, abstracta y fría, a
quienes primero han sido agredidos por la sociedad, para victimizarlos
nuevamente en los penales.
Las sociedades
conformadas por entidades étnicas diferentes, que han desarrollado sus normativas
jurídicas propias, han ido con el tiempo, armonizándolas con las normas federales
o de la confederación y, aunque conserven sus peculiaridades locales; el
Derecho Penal y Penitenciario, siempre corresponde a una normativa suprarregional.
En términos particulares, Van der Maat afirma: que la sociedad ve necesarias
las cárceles, que quienes dan las leyes e imparten la justicia no son seres
racionales y que la ley penal no debe de ser impersonal, que la justicia no es
justa, pues no respeta esas peculiaridades.
Estas afirmaciones, se
derivan del concepto filosófico del relativismo materialista y son conformes al
concepto político del “Buen Vivir”. Sin embargo, tales afirmaciones, no son
congruentes con la estructura de un Estado moderno, ni con el sentido de unidad
que priva en el mismo. El Salvador no es
excepción a esta regla; sin embargo ya el día sábado siete de noviembre,
el Presidente Salvador Sánchez Cerén, afirmó que bajo los principios del “Buen
Vivir”, las pandillas MS y 18, han acordado ya no matar personas.
Utilizando este tipo de
argumentos, se pretende justificar los
planes de reinserción de las maras, propuesto por el Gobierno, los que van de
acuerdo con la naturaleza de las maras, que poseen una identidad propia, que ha resultado de
la exclusión social; por lo
que sus homicidios, extorsiones, violaciones y amenazas, son resultado de la reacción contra una sociedad
excluyente, y en razón de tal origen, débese
respetar su identidad y reinsertarla,
sin haber pasado por un internamiento o estar bajo la autoridad de un juez:
deben enfrentar el proceso y la pena, en plena libertad, gozando de los benéficos
económicos que el Estado débele, y le son necesarios para su reinserción social,
ya que será la manera de neutralizar su
exclusión social, sin revictimizarlo.
La cuestión es: ¿el que
ha vivido del asesinato, la extorsión, el secuestro, la amenaza, y muchos otros
crímenes, podrá convivir “pacíficamente” en sociedad, sin que su predisposición
a resolver los problemas por medio de la violencia resurjan? Creo que ningún
salvadoreño se sentiría tranquilo con dicha convivencia. Estas ideas del Derecho, novedosas, no contemplan el resarcimiento de
daños a las víctimas, ni tampoco los efectos negativos de la violencia dentro
de comunidades pacíficas. También presume dos hechos: la capacidad del Estado
de controlar la violencia en su totalidad y la de la capacidad económica del
Estado para crear para el pandillero
juvenil, un nuevo estatus social.
Pero también nos
plantea un nuevo peligro: pues el siguiente paso será la estructuración político- legal de las
pandillas.
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