Por
Lic. Fernán Camilo
Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN
ACCIÓN
http://publicacionaccion.blogspot.com
San Salvador, 1 de
noviembre del 2015.
Con la aprobación de
los nuevos impuestos para financiar los proyectos de seguridad, basados en el
concepto de disminuir la violencia por
la satisfacción de las necesidades materiales de los pandilleros y
garantizarles la impunidad por sus crímenes pasados, no darán los resultados
esperados, pero sí habrá de haber una nueva modalidad contraria a los principios tradicionales de las finanzas públicas;
debemos en consecuencia, analizar la
transformación presupuestaria, desde los Gobiernos anteriores.
Al treinta y uno de
agosto del presente año, la deuda pública asciende a la cantidad de $ 16,142
millones de dólares; en este total está comprendido la deuda de las
nacionalizaciones y del conflicto armado de los años 80´s, más la deuda
generada en los Gobiernos de Cristiani, Calderón y Flores, que suman $ 7,500 millones de dólares. Los
restantes $ 8,642 millones es un
endeudamiento generado en los últimos nueve años. A partir del año dos mil
seis, se inicia la práctica de aprobar
presupuestos desfinanciados, con números maquillados y con ficticias proyecciones
de recaudación, lo cual ha creado un
promedio anual de endeudamiento del 25% del presupuesto aprobado. Con pequeñas
diferencias, los análisis de FUSADES, FUNDE y ANEP son en este sentido,
coincidentes.
Desde el dos mil nueve
a la fecha, el aparato del Estado cuenta con 40,000 nuevas contrataciones, siendo
éstas, en su mayoría, por filiación partidaria, acrecentando la burocracia
dentro del Estado. También desde el 2006, se ha dado la práctica del “reacomodo
presupuestario”, es decir, que los
fondos destinados para una cartera, se destinen para otra. Dicha práctica ha
sido declarada inconstitucional, por la
Sala de lo Constitucional.
Ahora bien,
considerando que el Presupuesto General de la Nación está fundamentado en la concreción o acumulación del Bien Común, según
la visión que el Ejecutivo tiene, de las necesidades nacionales, en un balance
con los ingresos futuros y, aprobados por las distintas visiones ideológicas,
expresadas en la Asamblea Legislativa; sólo así, se logra el equilibrio
necesario de las necesidades nacionales.
Sin embargo, se ha
cambiado este claro concepto, pues lo
que tenemos hoy, es un juego de ardides, para ocultar gastos evitando los
debidos controles constitucionales y crear necesidades que forzosamente, tienen
que ser cubiertas, aún sin la voluntad conjunta de la oposición y el Gobierno
que en definitiva, nos trae mayor endeudamiento, mayor burocracia y menor
crecimiento económico.
Las necesidades del
país son muchas y los recursos, pocos; pero
no justifican, los ardides para financiar la visión política del
Gobierno. Cuando se inició esta práctica presupuestaria, por la negativa del
FMLN de dar los votos para un empréstito, se ideo crear un fidecomiso (cuya
esencia es el patrimonio con que es creado), para que se contrajese deuda
soberana, pero de forma fraudulenta. Este ardid para burlar
los controles constitucionales, no pasó inadvertido para las entidades
financieras internacionales; y así, se
advirtió al Ejecutivo no repetirlo
Si analizamos los
efectos negativos de los nuevos impuestos, concluimos que habrá forzosamente un alza en
los servicios; y, si el Gobierno regula los precios, habrá una baja en la calidad de los mismos a
mediano plazo. Debemos de esperar también, otro efecto negativo, en la “reinserción” de las
pandillas y la contratación forzosa, que el Gobierno pretende imponer, en clara
contravención al principio de libre contratación. Todos estos efectos negativos,
se verán reflejados en una baja de la recaudación esperada por el Estado, pues
habrá una forzosa disminución de la
misma.
El funcionario público,
por corrupción y por favoritismo político ve en el Presupuesto General de la
Nación, su fuente de ingresos personal. La situación económica del país, es tan
precaria, que esta nueva práctica nueva de doble presupuesto y doble
tributación,, puede ser el factor que desequilibre la estabilidad interna de que
goza el país. Para acentuar este punto cito las ofertas de ayuda gubernamental
en la construcción de casas que está ofreciendo Salvador Sánchez Cerén, lo que
no está en el presupuesto, pero al crear
la expectativa social, tendrá motivo para exigir mayor tributación especial,
más cooperación internacional, bajo el chantaje
que de no tenerla, habrá una inestabilidad social incontrolable.
Apareciendo están nuevas
modalidades para burlar la Constitución y
alterar la naturaleza del presupuesto. Quienes antes criticaban al Gobierno por modificar el presupuesto
con maña, hacen hoy, lo mismo.
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